Mabel Rodríguez es socióloga especializada en participación ciudadana. Actualmente se dedica a la comunicación. Defensora de los derechos humanos y de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, forma parte de la ejecutiva del Partido Pirata, un partido que ha hecho de la lucha contra la corrupción, una de sus banderas.
Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la corrupción, ¿cómo se ve desde un partido que, cuanto menos, es tachado de radical?
La mayor corrupción es la que se publica en el BOE y en los Boletines oficiales. Es el caldo ideal para que grandes constructoras, bancos y fondos buitres canibalicen nuestra riqueza común. Esa misma corrupción institucional impide activamente a las pequeñas y medianas empresas a poder competir en condiciones justas mediante la imposición de requisitos a medida o de imposible cumplimiento. No solo los ciudadanos son víctimas de la corrupción, lo son también las pequeñas y medianas empresas del país. Y si quiere un ejemplo, la estafa con complicidad institucional de 300.000 pequeños accionistas del Banco Popular para salvar al Santander.
¿Qué nos puede decir de la actuación de jueces y magistrados frente a la corrupción?
Se puede medir el nivel de lo que se quiere de corrupción en un estado; sólo hay que ver lo que se invierte en Justicia: En España existe la ratio más alta de más policías por habitante de la Europa occidental, 556 por cada 100.000 y la más baja de jueces, 12 por cada 100.000 habitantes. Queda claro, ¿no?
Pero, invertir en justicia no siempre es sinónimo de invertir en una «buena justicia», ¿verdad?
El problema de la justicia actual es doble. Para la ciudadanía, en primer lugar, es su colapso por falta de inversión (afecta a cientos de miles de demandas contra bancos por las cláusulas suelo, por ejemplo) y, en segundo término, la elección clasista y política de su cúpula y de su formación desviada políticamente. Si hay un cuerpo endogámico, donde magistrados, jueces y altos funcionarios se suceden de padres a hijos, ése es el mundo de la Justicia. La familia Rajoy es un buen ejemplo.
¿Otro de los problemas de los autónomos y de las pequeñas empresas es su desprotección en comparación con el resto de la Unión Europea?
Todos sabemos que el país se mantiene porque lo aguantan los autónomos y las micro empresas. A pesar de esto, el Estado solo sabe sangrar a los mismos y privarlos de los derechos reconocidos en el resto de los ciudadanos, como, por ejemplo, el Turno de Oficio. Por eso proponemos que un autónomo sea tratado, ni más ni menos, que como un ciudadano más y tenga derecho al «turno de oficio». El beneficio de Justicia gratuita se reconoce a todas las personas físicas que cumplen unos determinados requisitos, Muchos autónomos o propietarios de micro empresas, los cumplen y, en cambio, por «pagar autónomos» quedan excluidos. Proponemos pura y sencillamente que ser autónomo no sea además, un castigo.
Usted está en una coalición independentista, ¿verdad?
Muchas veces nos han dicho que, por el hecho de ser catalanes nos ciega el hablar de la independencia y que no hablamos de los problemas reales de la gente. Nada más alejado de la realidad, queremos la que nuestra gente pueda vivir mejor, y la gente que no vive en Cataluña, también. Es posible luchar por la República y la independencia y ser justo socialmente, ¿no?; porque los que ahora se envuelven en la bandera de España son los que nos han traído estos abusos, no otros.