Como en otras ocasiones, hoy abriremos este espacio para dar voz a los afectados del Banco Popular quienes, cada vez con más frecuencia, se ponen en contacto con las diferentes redacciones de Diario16 por distintos medios para hacernos partícipes de lo que están viviendo. Por eso creemos importante abrir este espacio, de vez en cuando, para que los lectores que no están afectados por el Caso Popular conozcan lo que están sufriendo las más de 305.000 familias arruinadas, personas que, por más que haya gente que lo pueda pensar, no son especuladores de los mercados sino ahorradores, trabajadores, pensionistas, pequeños empresarios, autónomos y empleados de la entidad.
En estas últimas semanas hemos visto distintos movimientos en el ámbito de la Justicia y esto ha provocado que los afectados exijan Justicia a todos los tribunales que están instruyendo las causas abiertas. En algunos casos, encontramos cierto pesimismo teniendo en cuenta que el Santander está en medio de todo y eso, en España, es casi sinónimo de que el tercer poder se podría poner de parte de la entidad cántabra.
Las alarmas saltaron con la desimputación del Santander y la aplicación de una nueva «Doctrina Botín». «Si te llamas Santander no tienes responsabilidad penal por tus actos. Este banco tiene carta blanca», afirmaba un lector. Otro de los afectados se preguntaba que «¿para qué sirve estudiar derecho si después las leyes no se aplican? El artículo 130.2 no da lugar a interpretaciones, es claro como el agua. Y no es una persona la afectada son 305.000 familias, lo que suponen más de 1,5 millones de españoles». «En España existe una Justicia sólo para el Santander. Siempre está a su favor, le beneficia y hunde a todos los que intentan enfrentarse a ella. ¿Cuántos cursos o cuántas ayudas da el Santander a distintos jueces?», afirmaba otro de los afectados.
En relación con esto, también han hecho referencia a la capacidad de influencia que tiene Ana Patricia Botín: «El Santander y el desgobierno en España están en contacto permanente. ¿Alguien cree que el presidente de otro banco puede llamar al presidente de España en funciones para darle consejos de con quién tiene que pactar?».
En referencia al argumento presentado por los abogados de Uría y Menéndez para que la Audiencia Nacional desimputara al Santander respecto a que, tras la resolución, se creó un «banco nuevo», los afectados dan un argumento enmarcado en una pregunta que es palmario y que la Sala de lo Penal, en la que trabaja el juez Fernando Andreu, no tuvo en cuenta: «Si puede beneficiarse de los créditos fiscales del Popular, ¿es un banco nuevo o es otra más de las muchas chapuzas judiciales?».
Los afectados del Banco Popular, por tanto, están exigiendo justicia a los tribunales, no reclaman nada que no les corresponda, tal y como afirmaba una lectora: «yo no pido más que nos devuelvan lo nuestro. Nuestra vida se ha convertido en un infierno. Me hago una pregunta: si nosotros no hemos tenido culpa de nada y al Santander le quitan toda la culpa, ¿a nosotros quién nos va pagar lo que estamos pasando que cada día es peor sin haber hecho nada? ¿Quién piensa en nosotros?».
Los afectados del Popular están demostrando que son ciudadanos que creen en la democracia, pero que ya hayan pasado casi dos años desde la resolución y que se hayan producido aún siquiera interrogatorios a todos los imputados hace que se estén desesperando y que piensen que nuevamente las víctimas sean los que nada tuvieron que ver con la operación: «Señor juez, no es que tenga poca fe en la Justicia, creo en ella, pero en lo que no creo, como muchos de mis compatriotas, es en los jueces de este país, totalmente acomodados con conductas inmorales», afirmaba con resignación uno de nuestros lectores.
Sin embargo, los afectados no sólo piden Justicia a los jueces, sino que apuntan sus exigencias al propio presidente del Gobierno: «Señor Sánchez, ahora que va a seguir siendo presidente, tiene el deber y la obligación de restaurar el daño que hizo el anterior gobierno de Rajoy a más de 305000 familias de este país, haciendo que nos devuelvan lo robado. El PP corrupto y ladrón ya fue y seguirá siendo castigado en las urnas para siempre».
Lo que queda claro es que el tiempo va pasando y nadie da ninguna solución a estas 305.000 familias, tiempo que va aumentando la desesperación: «Ayer estaba contenta porque leí que nuestras acciones podían tener un precio. Hoy estoy hundida porque pienso que no vamos a recibir nada. Que la Justicia diga algo, ¡por la tranquilidad de todos!».
