La política es la ciencia de los hechos no de las palabras. Ponerse una etiqueta ideológica y aplicar comportamientos contrarios a la misma es lo que ha llevado a la socialdemocracia europea, y por consiguiente al PSOE también en anteriores elecciones a recibir el desapego de la ciudadanía.
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos incluye una frase que dice lo siguiente: «Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad».
Precisamente, el día de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, el Reino de España y el Banco Santander presentarán ante el TJUE sus escritos en los que defenderán la legalidad de la resolución del Banco Popular. El Estado se ha personado porque se considera un tercero coadyuvante en la resolución al tener intereses comunes para que Europa no pierda este caso, según informó el diario Cinco Días.
¿Se está indicando que el Reino de España tiene intereses comunes a los de la banca? ¿Se puede permitir que el pueblo sea la víctima y no defenderla por tener «intereses comunes» a los de los bancos? ¿Cuáles son esos intereses?, ¿Cómo es posible los departamentos del gobierno responsables de esta personación no hayan retirado ya esa defensa de un hecho que, según la documentación publicada por Diario16 y el informe de los peritos del Banco de España, está prácticamente demostrado que no se ajustó a derecho?
¿No se dan cuenta ese ministro y ministras de que se está poniendo en contra de más de un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas, además de poner en un compromiso a sus compañeras y compañeros que sí están trabajando por la justicia social?
Me parece increíble, cuanto más lo pienso, que una parte del gobierno socialista mantenga una decisión, más propia del PP, C’s, Vox —partido de ultra derecha— o del anterior gobierno el de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos, que actúe contra 305.000 familias —más de un millón de hombres y mujeres— de nacionalidad española en un tribunal internacional, para defender los intereses económicos de uno solo, el Banco Santander y de un organismo como la JUR, después de que con nuestras informaciones documentadas hayamos demostrado que, con prevaricación y alevosía, se aplicó indebidamente un procedimiento inadecuado para un banco solvente español. ¿Desean disponer de los documentos que acreditan lo que digo? Pues los tienen a su disposición.
¿Así quieren los poderes democráticos dar luego lecciones de patriotismo? ¿Así se desea evitar la desafección hacia Europa? ¿Así se desea conseguir que se nos respete en el mundo, cuando estamos dañando a los nuestros? ¿Qué hacen este ministro y ministras protegiendo los desmanes y traiciones a la nación del infausto ministro Luis de Guindos? Es lamentable. Esto nunca lo haría un alemán, un inglés, un italiano o un francés.
¿Una administración socialista le puede dar la espalda al pueblo? No es muy coherente y en estos casos relacionados con la banca algunos ministerios lo están haciendo puesto que, a pesar de que la personación de la Abogacía del Estado es una herencia recibida del anterior Ejecutivo, no hay razón lógica alguna, ni siquiera la tan manida «razón de Estado», para seguir manteniendo un hecho que podría ser perfectamente considerado como «disfunción democrática».
Recuerdo que los únicos gobiernos que actúan de espaldas a su ciudadanía son las dictaduras. Ponerse en contra del pueblo para defender los intereses de la banca no es más que la certificación de que el Estado está al servicio de las élites financieras y no al de los ciudadanos y ciudadanas que han sido, son y serán víctimas de los abusos de las dictaduras privadas.
Mientras que los partidos a los que se acusa de romper España se ponen en la vanguardia de la defensa de los intereses legítimos del pueblo, los que se autodefinen como defensores de la Constitución han colocado un muro que no tiene más finalidad que continuar con el mantenimiento de los privilegios y de la impunidad de la banca.
En el carnet de afiliado al PSOE hay una frase de su fundador, Pablo Iglesias Posse: «Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes». La «S» de socialista se demuestra con hechos y mantener la personación de la Abogacía del Estado ante el TJUE en el Caso Banco Popular o en del IRPH desde luego no se ajusta a los valores ideológicos del socialismo verdadero y unos cuantos ministerios, ministros y ministras no pueden paralizar el trabajo de otros y otras que sí que están trabajando por la justicia social, por la igualdad y por la defensa de los derechos y libertades que son la base de cualquier Estado democrático. Son l@s que ganaron las últimas elecciones… ¿o no?
