La Junta Única de Resolución (JUR) continúa buscando argumentos que sustenten la decisión adoptada de resolver a un banco solvente y viable, sobre todo de cara a la vista que se celebrará el próximo 4 de julio. A lo largo de estos dos años desde que el Popular fue resuelto y vendido por un euro al Banco Santander, la JUR ha hecho todo lo posible para no poner a disposición de los afectados la documentación sin ningún tipo de censura, algo que va en contra de los Reglamentos y Directivas de la Unión Europea. Incluso, llegaron a solicitar un informe al despacho de abogados Linklaters, el mismo donde trabajó el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, documento en el que se retuerce la interpretación de la ley de tal modo que recuerda al sistema utilizado en España para crear la Doctrina Botín.
En una respuesta a un afectado, a la que ha tenido acceso Diario16, la JUR afirma que en diferentes reuniones se «discutieron por la Junta medidas alternativas del sector privado». Son las siguientes:
- Reunión de la Sesión Ejecutiva Extendida de 24 de mayo de 2017 (14:00-16:00)
- Reunión de la Sesión Ejecutiva Extendida de 2 de junio de 2017 (13:30-15:30)
- Reunión de la Sesión Ejecutiva Extendida de 6 y 7 de junio de 2017 (17:30 – 18:30, 19:30-21:00 y 03:15-5:50)
Sin embargo, la propia presidenta de la JUR, la alemana Elke König, afirmó que no existían alternativas del sector privado y que, de haberlas habido, no habrían resuelto los problemas del Banco Popular. Ahora, sin embargo, la propia JUR afirma que esas tres reuniones se celebraron para, entre otras cosas, discutir ese tipo de alternativas corporativas. ¿En qué quedamos? La señora König estuvo en las tres reuniones, ¿se han acordado ahora que sí existían o cuando realizó esa afirmación se le había olvidado? Increíble.
La primera reunión, la del 24 de mayo de 2017, se realiza cuando ya se había contratado a Deloitte y con el borrador de la Autoridad Bancaria Europea ya publicado. Esto, como ya indicamos en Diario16, es un hecho que constata que la JUR no sólo estaba realizando seguimiento al Popular sino que lo tenía en el punto de mira.
La segunda reunión a la que hace mención la JUR, celebrada el 2 de junio de 2017, fue la preparatoria de la del día siguiente en la que participaron Emilio Saracho, Jaime Ponce y la JUR donde se inició el proceso de resolución con la puesta en marcha del Proyecto Hipócrates, todo ello sin haber sido declarado el estado FOLTF (fail or likely to fail), hecho que por sí mismo es causa de anulación de la resolución y, por consiguiente, de la venta por un euro al Santander.
Finalmente, la primera reunión del 6 de junio de 2017 se inicia a la misma hora que la del Consejo de Administración del Popular en la que Saracho declaró la inviabilidad ocultando a los consejeros, precisamente, tanto las ofertas privadas de ampliación y venta de activos no estratégicos, además de una propuesta de OPA de Antonio del Valle de 0.30 euros por acción, es decir, lo que hubiera sido la culminación de la operación de la operación iniciada con Reyes Calderón en el tercer trimestre de 2016.
La otra reunión del 6 de junio a las que hace referencia el documento de la JUR se realiza en espera de que se envíe al BCE el documento de declaración de la inviabilidad, hecho que se produjo a las 19.45. El BCE remitió el estado FOLTF a las 21.00. La del día 7 de junio a las 3.15 es la de la subasta y venta al Santander y, finalmente, a las 5.50 la del cierre del procedimiento de resolución y su protocolización notarial.
Sin embargo, tal y como hemos indicado en Diario16, sí que existieron ofertas concretas de solución privada, todo ello sin tener en cuenta el hecho de que Saracho paralizara el Proyecto Sunrise que hubiese tenido un impacto muy positivo para el balance del sexto banco español. Por un lado, tenemos las propuestas de ampliación de capital de Barclays y de Deutsche Bank. En este segundo caso, hubo conversaciones entre ambas entidades para centrar la magnitud de la operación y el mismo día 6 de junio, Emilio Saracho la rechazó en una carta enviada al presidente de la entidad alemana en España. Por otro lado, había diferentes propuestas de venta de activos no estratégicos (TotalBank y WiZink), que fueron desestimadas por Saracho y que, posteriormente, fueron cerradas por el Santander.
Según un documento de la JUR fechado el día 24 de abril de 2018, al que ha tenido acceso Diario16, «En el momento en que se emprendió la medida de resolución no había indicios concretos que apuntaran a la existencia razonable de medidas privadas que pudieran impedir la inviabilidad del Banco Popular en el poco tiempo disponible. Además, no había, ni hay, indicios concretos que indicaran hasta qué punto, en caso de que dichas ofertas hubieran existido en esos momentos, habrían podido prevenir la inviabilidad del Banco Popular en el tiempo disponible». ¿Cómo se puede mentir de esa manera?
Sí que había soluciones privadas para revertir la situación a la que las diferentes ramas de la operación habían llevado al Banco Popular. Además de lo que hubiera supuesto el anuncio de una ampliación de capital dirigida por Deutsche Bank o por Barclays en lo referido a las ratios de solvencia, en el documento remitido por Värde a Saracho el día 4 de junio, se ofrecen 1.200 millones por el 49% de WiZink, lo que suponía una valoración cercana a los 2.500 millones por el 100%. Haciendo un traslado a beneficios y capital, hubiera supuesto 1.115 millones de mejora de capital y una plusvalía de 500 millones que habría que sumar a los 200 de TotalBank si se hubiera cerrado la operación antes de la intervención.
La venta de estos dos activos, que apenas representaban el 5% de los activos del Banco, hubieran supuesto generar 1.550 millones de capital, sin acudir a una ampliación y elevando la ratio fully loaded a cumplir en 2.019 hasta el 11,50%, sin contar con la generación ordinaria de beneficios del Popular. Esa ratio se comparaba con la exigencia del BCE del 9.25% para 2.019. Por otro lado, las dos operaciones hubieran aportado plusvalías de 700 millones.
Estos son los documentos que prueban esas ofertas privadas que la JUR niega que existieran:
- Ofertas de ampliación de capital
- Barclays Bank: 2.000 millones garantizados más otros 2.000 en el mercado
- Deutsche Bank: 2.000 millones garantizados más otros 2.000 en el mercado
- Venta de activos no estratégicos
- Värde – WiZink: 1.200 millones de euros
- TotalBank: 545 millones de dólares
Por tanto, la JUR está mintiendo nuevamente. ¿A esta institución es a la que va a defender el Estado anteponiendo los intereses de la banca a los de más de 305.000 familias arruinadas por una decisión que está llena de irregularidades? Alguien en el Ministerio de Exteriores, incluso el propio Josep Borrell, debería replantearse si la ética de un gobierno progresista puede permitir una disfunción democrática de este tipo. La única razón de Estado es el pueblo, esto no lo puede olvidar ningún Gobierno.
