En el día de mañana se celebrará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la vista en la que tanto el Banco de Santander como el Estado español harán su defensa de la operación que arruinó a más de 305.000 familias. Es decir, defenderán que la Junta Única de Resolución (JUR) resolvió de manera correcta al Banco Popular y lo vendió por un euro a la entidad cántabra, algo que, según lo publicado por Diario16 en los dos últimos años y la documentación que soportaba dichas publicaciones, está demostrado que no fue así. Hubo demasiadas irregularidades que favorecieron los intereses de un banco privado en contra de los de sus accionistas, bonistas y clientes.
Sin embargo, en todo el Caso Popular el Santander es juez y parte, puesto que forma parte del organigrama de la JUR, tal y como podemos comprobar en el siguiente documento:
Es cierto que dentro de la organización interna de la JUR hay otras entidades europeas. Sin embargo, en el Caso Popular resulta, cuanto menos extraño, que el banco que se ha beneficiado de una decisión adoptada por la Junta continúe dentro de sus órganos de decisiones, sobre todo en lo referido a la planificación de procesos de resolución que se pudieran dar en España e Irlanda. Por tanto, esto convierte al banco presidido por Ana Patricia Botín en juez y parte de un proceso en el que hay más de un millón de personas afectadas, familias que fueron arruinadas por una decisión injusta que sólo benefició al Santander.
Además, el hecho de ser el representante del Estado español en la JUR convierte al banco cántabro no sólo en el beneficiario de la resolución del Popular sino, también, en el ejecutor de la decisión.
En este estado de las cosas, el Estado defenderá mañana ante el TJUE que la operación y el proceso de resolución, se realizaron de manera correcta. Por lo tanto, al igual que ya pasó en el caso del IRPH, España estará defendiendo los intereses de la banca en vez de posicionarse en favor de los afectados por sus abusos.
Por tanto, el Estado y, en concreto, el Gobierno aún está a tiempo de «no caer en el error moral e ideológico que cometió al no retirar la Abogacía del Estado en la vista del IRPH y enfrentar, por tanto, al Estado contra sus ciudadanos y ciudadanas. El socialismo real y verdadero prioriza los problemas del pueblo a los de las élites. Perdió una oportunidad, ahora es el momento de ser vanguardia de lealtad a quienes tienen la soberanía del Reino de España», afirmó Manuel Domínguez Moreno en un artículo anterior.
