No son desconocidas las lagunas de formación de la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero para la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid esta es de tal magnitud que puede calificase de peligrosa. No solo desconoce la Ley Orgánica de Educación y su reforma posterior del ministro de Educación José Ignacio Wert, la LOMCE.
Según Isabel Galvin, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, “los talleres que tanto preocupan a ella y a Vox, y que Ayuso anunció como una promesa o algún tipo de concesión a la ultraderecha, ya son públicos” (de hecho suelen estar colgados en las web de los centros).
Ante su ignorancia ha claudicado ante la ultraderecha de VOX con leyes ya aprobadas
Estas programaciones arrancan de la LOMCE de 1990 y sus procedimientos están regulados por Reglamentos Orgánicos de los Centros de los años 90. Pero lo más sorprendente es que desconozca dos normas que fueron impulsadas personalmente y esgrimidas como bandera de su política por su tutora espiritual Esperanza Aguirre “cuando publicó a los cuatro vientos el Decreto 29/2013 de libre elección de centro y la Orden 1240/2013 que lo desarrolla”, denuncian desde CCOO Madrid; de hecho, solo tiene que ir al artículo 7 del decreto para encontrar que los centros sostenidos con fondos públicos deben facilitar a las familias sus programas educativos, los servicios complementarios, y hacer públicos sus reglamentos de régimen interior y sus proyectos educativos, entre otros documentos”.
El sindicato se pregunta si su anuncio “estrella” durante la sesión de investidura esuna agenda oculta cuyo objetivo es simplemente prohibir o hacer desaparecer los talleres que no le gusten a Vox.
La señora Díaz Ayuso y la señora Monasterio, líderes ambas de la derecha y la ultraderecha madrileña, son desconocedoras de lo que entra en las casas de las familias españolas en materia de educación y de cuyos valores es garante la Constitución española y no “los políticos”. No es competencia de un Gobierno regional “abrir” o “cerrar” un colegio, intención que manifestaron ambas políticas durante la sesión de investidura. Desde la muerte del dictador, que tanto alaban, todas las instituciones españolas y todos los servicios públicos están subordinados a la Constitución y a sus principios, “incluida la función que va a desempeñar la señora Ayuso (artículo 9.1 de la Constitución Española)”, señalan desde CCOO de Madrid.
El sindicato recuerda la escandalosa petición que realizó Rocío Monasterio a la Mesa de la Asamblea de Madrid para recabar los datos personales de quienes hubiesen impartido talleres sobre LGTBiy de los grupos de alumnos y alumnas que los habían recibido, aunque ahora replieguen velas ante las distintas denuncias que se presentaron, entre ellas, las de CCOO ante el propio Consejero de Educación (Van Grieken) y la Mesa de la Asamblea, advirtiendo de la flagrante violación de Derechos Fundamentales que ello suponía.
CCOO va estar vigilante y “no permitirá́ ni medio paso atrás” en el respeto y defensa de los derechos fundamentales, médula del orden político y de la paz social, por lo que ha solicitado en la última sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid del mes de julio “la creación de una Comisión de Trabajo para la elaboración de un dictamen con recomendaciones para los centros y la Administración para la defensa de estos derechos, que a la vista de los acontecimientos podría tener carácter permanente”.
CCOO ha manifestado su preocupación y alarma “ante el desconocimiento absoluto de las leyes y la Constitución de la presidenta Madrileña”
Sobre los conciertos del Bachillerato “para que los jóvenes madrileños tengan el mejor nivel educativo posible”, CCOO ha recordado a Díaz Ayuso que el artículo 116 de la LOE, en su apartado 7, así́ como el Real Decreto 2377/1985y demás normas de desarrollo, indican que tiene carácter singular, es decir, lo opuesto a general, “por lo que no cabe dentro de la legalidad una línea o programa político que recoja tal cuestión, además de ser un insulto a la Enseñanza Pública en toda regla argumentar que se hace para mejorar el nivel educativo, un insulto a la igualdad de oportunidades, a la compensación de desigualdades y a la neutralidad ideológica que encarnan la Escuela Pública”. De hecho, CCOO ha denunciadola Orden 373/2019 ante el TSJ de Madrid por suponer un fraude de ley y una primera oleada de concierto generalizado encubierto del Bachillerato.
Respecto de las ocurrencias de “dignificar más aún la Formación Profesional” y de “seguir trabajando para que las universidades madrileñas sean una referencia de calidad y que estén situadas entre las mejores de Europa”, o “luchar contra el acoso escolar” y promover “el respeto y la autoridad del profesor”, para Isabel Galvin, no son más que propuestas que “suenan a esos votos demagógicos y pueriles que cuando no se sabe qué decir, se dicen, porque atrevida es la ignorancia”.
De nuevo se olvida Díaz Ayuso que de la “autoridad del profesor” hizo también bandera Esperanza Aguirre con su tan famosa como inútil para la Educación Pública, Ley 2/2012 de Autoridad del Profesor,después recogida en el artículo 124.3 de la LOMCE,pues el profesorado de la Educación Pública, en tanto que funcionario, ha estado investido de tal autoridad desde siempre.
CCOO ha manifestado su preocupación y alarma “ante el desconocimiento absoluto de las leyes y la Constitución e incluso con las propias normas que ha venido aprobando el PP en los años anteriores”(incluyendo su mentora Esperanza Aguirre), y la falta “de transparencia en el debate de investidura en cuanto a las verdaderas intenciones de la nueva Presidenta y de sus socios, Ciudadanosy Vox”.
La recien elegida presidenta no mencionó el plan de ampliación de la red de centros concertados, que formó parte de las negociaciones con la intención de ampliar la red en un número de 30 en los próximos 4 años.
El sindicato madrileño estará junto a los demás sectores de la comunidad educativa para exigir “soluciones a los problemas reales que tiene el sistema educativo, así como para parar cualquier actuación que suponga un ataque a la Igualdad y la Equidad en la Educación Madrileña y a los derechos del alumnado, del profesorado y de todos los agentes que defendemos la justicia social y todos los demás valores y principios democráticos constitucionales”, ha señalado Isabel Galvin, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.
