Los casoplones de la derecha (que se legalizan)

No hay nada como ser de derechas para construirte un casoplón de manera irregular, cuando no vulnerando flagrantemente la ley, para que acabe siendo legalizado. Si fueses Antonio Banderas, izquierdista peligroso donde los haya (léase con ironía), verías como tu parcela queda reducida en un momento por incumplir la ley. Si te llamas Juan Marín o Iván Espinosa de los Monteros, sin embargo, como por arte de magia acaban por legalizarse tus construcciones y puedes disponer de tu casoplón. Curiosamente, esas legalizaciones o esa permisividad con lo ilegal o lo alegal, se produce estando gobernando el trifachito tanto en Madrid como en Andalucía. Nada sospechoso de favoritismo o de, simplemente, presunta prevaricación.

Comencemos por el caso más sangrante como es el del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Es de sobra conocido que el dirigente de Ciudadanos posee un casoplón (la piscina que no falte) en la localidad gaditana de Chipiona construido en suelo no urbanizable por ser de uso agrario, más concretamente de regadío intesivo como se denunció en abril de este mismo año. Su excusa es que ya compró ese casoplón construido y que se acogió al Decreto 2/2012 de 10 de enero de la Junta de Andalucía. Un decreto que no exime de la ilegalidad sino que tan sólo permite que los servicios básicos de agua y luz sean dados de alta, más alguna posible reparación del inmueble que se pueda acometer. Mientras tanto la finca con piscina era tan ilegal como antes de la compra. Ni más, ni menos. Compró una vivienda sabiendo que era ilegal y estaba en suelo no urbanizable.

Durante su apoyo a Susana Díaz nada cambió hasta ahora que ya está en el gobierno junto a Juan Manuel Moreno Bonilla. Como ha desvelado Crónica Sur, el gobierno de la Junta de Andalucía piensa legalizar todos estos asentamientos ilegales. El titular no puede ser más elocuente: “La barra libre de viviendas irregulares que propone la Junta legalizará el chalé pirata de Juan Marín”. Continúa el diario sureño: “Una actuación que el gobierno andaluz lleva con sigilo para no levantar demasiada controversia, al tratarse de edificaciones construidas sin obtenerse los permisos pertinentes mientras que la del resto de habitantes de la autonomía tuvieron que pasar por el proceso, con sus impuestos y tasas, para obtenerlo. Un agravio comparativo que las derechas ahora provocan al darle carta de naturaleza a estos inmuebles, intentando que pase desapercibido para no levantar críticas y sobre todo, para que no se descubran intereses ocultos de una medida ultraliberal”.

Juan Marín no ha dicho esta boca es mía cuando debería ser consciente de que aprobar eso en la junta de gobierno podría ser visto como un presunto delito de prevaricación cuando menos. La finca “Los cuñaos” (no podía haber elegido mejor nombre, por cierto) será legalizada con el voto favorable de Ciudadanos pero el trifachito andaluz nada dirá. Piensan que Andalucía es suya por una cuestión histórica y de “ordeno y mando”, por lo que supone retroceder más de cuarenta años en el tiempo en el que los poderosos hacían y deshacían a su antojo, que para eso eran los poderosos. El mismo pensamiento tienen ahora en el gobierno de la Junta de Andalucía, actúan con total impunidad (colocan a parientes forzando la ley, legalizan viviendas, persiguen a las feministas…) porque piensan que son los dueños del cortijo. Un escándalo mayúsculo que el establishment mediático ocultará, en estos tiempos electorales, sine die.

Espinosa de los Monteros tiene un año para legalizar su casoplón.

El caso del dirigente de Vox es diferente porque no ha cometido ilegalidad alguna, sino que se beneficia de la concesión de un periodo de gracia hasta arreglar las irregularidades de la construcción de su casoplón. En este caso tenemos dos versiones. La del propio Espinosa de los Monteros, quien hace un mes aproximadamente, cuando se supo que su casa no tenía la cédula de habitabilidad ni había legalizado la construcción realizada, explicó que todo se debía a la mala praxis del constructor que habían contratado para esa obra. No hay por qué no creerle, aunque es cierto que el constructor ha dicho en algún medio que no ha tramitado los expedientes correspondientes por una deuda por la misma obra. Al fin y al cabo un pleito particular que sucede en muchas ocasiones entre contratantes y contratados.

El problema viene derivado de la permisividad del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el trifachito, al conceder ese periodo de gracia, permitir que viva la familia como ha estado haciendo y no precintar la vivienda como sería preceptivo. Algo que han debido sufrir muchas personas a lo largo y ancho de España que tenían un suelo en el pueblo (heredado muchas veces) y levantaron una casa, no un casoplón, de veraneo o, incluso, vivienda habitual. Y todo porque Rocío Monasterio había cesado su actividad de arquitecta en el sótano construido. Evidentemente, al ser cargo público no ha tenido actividad profesional. Una triquiñuela que no han tenido en cuenta los técnicos municipales para concederles la prórroga. Curioso cuando menos, más si se tiene en cuenta que Vox apoya el gobierno de PP y Ciudadanos. Como se puede comprobar no hay nada como ser de las derechas para montarte un casoplón y que los problemas legales se regularicen ipso facto por, ¡Oh, sorpresa!, gobiernos de las derechas. Y luego dirán que todas las personas son iguales.