“¿Dictadura del habla?” se habrán preguntado al leer el titular del análisis que hoy les traemos en estas páginas. Sí, dictadura del habla por parte de toda la derecha española sobre lo que acontece en nuestro país. No supone recurrir a eufemismos o demás figuras lingüísticas sino, más bien, prohibir la enunciación de palabras y conceptos políticos en el discurso público de los partidos de la izquierda o las derechas regionalistas. Imponer un lenguaje que encaje con su cosmovisión del mundo e impedir que se pueda hablar con normalidad entre personas de distintas ideologías. No se trata de impedir el nombrar las cosas innombrables, como suele hacer la ideología dominante, sino de impedir el hablar democrática (dentro del sistema) lo que supone impedir la democracia en sí mismo.
El primer ejemplo de esta dictadura del habla lo tenemos en el comunicado del PSOE tras la reunión con ERC donde se establecía que había que dar los pasos necesarios para resolución del “conflicto político” en Cataluña. Esas dos palabras “conflicto” y “político” según la derecha española (mediática y política) son impronunciables juntas y en referencia a cualquier situación que se produzca en España. Desde Pablo Casado hasta Francesc de Carreras (fundador de Ciudadanos) han salido a la palestra para señalar que esa unión de las dos palabras, que acaba constituyendo un concepto político, no se puede pronunciar, escribir e, incluso, imaginar respecto a lo que sucede en Cataluña. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá un conflicto político en Cataluña. ¿Qué es lo que existe entonces? No lo saben explicar a ciencia cierta, bien por impericia en la formulación de conceptos, bien por impericia en la utilización de la rica lengua española, bien por un deseo de imponer una sola visión sobre lo que sucede en Cataluña (o en cualquier región española donde suceda algo parecido). De ahí su deseo de imponer una forma de hablar que diga que sucede una “sublevación”, una “traición” o un “intento de destrucción de la nación española”.
Si se piensa con serenidad, de la que carecen en la derecha, una sublevación no deja ser un conflicto político aunque lleva estructuralmente una carga peyorativa e ideológica propia que el concepto utilizado por Pedro Sánchez o Pablo Iglesias no contiene. Porque detrás de este juego de la imposición de una dictadura del habla, como se habrán imaginado, hay un componente ideológico profundo. Sublevarse o destruir la nación supone que se está provocando un (¡vaya por dios!) un conflicto político destinado a superar un orden establecido, el cual, en el pensamiento de la derecha española, es perfecto por coincidir con una especie de orden natural. Orden natural que, por tanto, se convierte en inmutable, cuando no sacralizado como perteneciente al orden las cosas que ha concedido dios. Esa es la mentalidad que se encuentra detrás de la dictadura del habla respecto al concepto “conflicto político”. Sólo hay que leer o escuchar a Francisco Rosell (director de El Mundo), quien no ha parado de lanzar soflamas contra el uso del término en cuestión. La realidad, empero, es tozuda. Se podrá llamar como se quiera a los aconteceres entre secesionistas y no secesionistas, pero la existencia de un conflicto político es obvia y el término utilizado es el más aséptico que se puede encontrar en la rica lengua española.
Si nos atenemos a lo que dicta la RAE, un conflicto sería un enfrentamiento, una controversia o un litigio. Y que sepamos, por lo visto hasta el momento, enfrentamiento existe entre dos posiciones; los secesionistas postulan una controversia sobre su pertenencia o no al Estado español; y hay un litigio respecto a su propia concepción nacional. A ello, indudablemente, hay que añadirle político porque se ha manifestado, además de socialmente, mediante la utilización de los aparatos estatales (Generalitat, Parlament, Alcaldías…) que son privativamente más políticos. Además, están siendo dirigidos no por elementos de la sociedad civil en singular, sino por los partidos políticos secesionistas. Más político que todo eso no se puede entender realmente. Aquí esa dictadura del habla que intenta imponer la derecha esconde otra cuestión ideológica inmanente, quieren que lo político quede reducido a mera gestión de la cosa pública para desarmar a la izquierda, mucho más imbricada en la sociedad que la derecha. Si no hay conflicto político, si no existe ese conflicto, las demandas de la izquierda pasan a ser morales (aquí es cuando paradójicamente en la derecha se vuelven laicos), a ser utopías o simples intentos de imposición de algo imposible dadas las circunstancias.
A ello hay que sumar la preocupación de toda la derecha, incluida la clase dominante, por un Gobierno de las izquierdas (pese a que Iglesias ya ha comunicado que sus propuestas más radicales igual deban dormir un tiempo en el baúl) que impida la continua extracción de rentas y riquezas de las clases subalternas como se ha producido desde la aplicación del austericidio. Decía Marx, que en esto supo ver lo interno al proceso político, las clases populares podrían participar en los político (elecciones, partidos, etc.) siempre y cuando no hiciesen uso de su poder para cuestionar el poder social. Y se temen en la clase dominante que eso es lo que podría pasar con un Gobierno de izquierdas, que usase su poder político para cuestionar su poder estructural. Por eso la dictadura del habla es tan importante para la derecha, impedir que se nombre lo que no se nombraba o lo que no se quiere que se nombre tal cual es. Como recuerda Bob Jessop al recordar que la “acumulación dominada por las finanzas conduce a crecientes desigualdades de renta y riqueza debidas a la desregulación, la liberalización y la interpenetración del poder económico y del político” (El Estado, Libros de la Catarata). Hasta el momento esa interpenetración, que es patente en lugares como Andalucía o Madrid (donde gobierna el trifachito), no se habría puesto en duda “desde” el poder y desea la clase dominante que persista.
A más, a más, también creen necesario desterrar del lenguaje político y social la palabra nacionalidad o nación junto a cualquier territorialización (nación vasca, por ejemplo). La exageración del inculto Miquel Iceta respecto a ocho naciones en España, ante lo que ha salido toda la dirigencia de la derecha a criticarle, no debe impedir ver que la realidad es que el Estado español es plurinacional. No es que la derecha tenga una visión republicana o jacobina que piense el Estado como Estado-nación con todas las consecuencias que ello conlleva. Al contrario su visión ni es estatalista, ni es republicanista sino más bien tradicionalista o franquista, según el caso, pero la prohibición de hablar de naciones o nacionalidades en cualquier acto político está ahí de forma clara y contundente. Que Iceta sea un inculto, pues no existe nación sin nacionalistas y sin personas que se adhieran mayoritariamente a esa nación (las estadísticas demuestran que no hay ese sentido de pertenencia nacionalista más allá de Cataluña y Euskadi), no empece para reconocer que en otras regiones la ideología nacionalista sea patente y activa políticamente. Esta realidad, en la visión estrecha de la derecha (incluyendo la periférica que no admite más nación que la suya también), es política y real por lo que hay que nombrarla. Se puede intentar despolitizar, pero ese proceso no se consigue con la dictadura del habla; con la imposición de una cosmovisión única, de ahí que lo afirmado por el PSOE en su texto no sea más que nombrar lo que es, no lo que gustaría que fuese. La dictadura del habla impide la solución del conflicto, la adecuación del aparato estatal a las circunstancias sociales y políticas y la posibilidad de construcción de una fraternidad interregional que suponga ir más allá del localismo que fomenta, realmente, el discurso de la derecha.
Estrechar la visión a Estado-nación, como hacen las derechas de uno y otro lado, no conduce a solucionar conflictos y sí a aumentarlos por mucho que se quieran eliminar vocablos y conceptos políticos. España es lo que es gracias a la cultura supranacionalista, esa es su esencia (si es que es posible encontrarle algún tipo de esencia a una unión política), pero el destino universal o teleológico ni está escrito, ni determinado por espíritus de la historia. Intentar construir una visión común de España, lo que quieren hacer PSOE y Unidas Podemos al fin y al cabo, no quiebra la nación española tal y como es vista de forma estrecha por los nacionalistas de la derecha. El impulso a las políticas lingüísticas e historicistas en la Comunitat Valenciana y Galicia por parte del PP confirman que han sido, según su forma de entender España, fabricantes de posibles nacionalistas. Lo hacían para subsumir las demandas sociales en cuestiones culturales realmente y ahora, cuando se avecina un nuevo ciclo crítico del sistema, sacan de nuevo lo cultural, apoyado en una dictadura del habla, para desviar la atención de las personas, las cuales comerán banderas y defecarán nación porque otra cosa no habrá para llevarse a la boca. Pero, eso sí, el conflicto que realmente les interesa, el económico y social, se esconderá y no se nombrará. Y aquí emerge nuevamente el gobierno de las izquierdas como contrapeso de acción política distinta, dentro de los márgenes que permita la Troika, y no en favor únicamente de los intereses de la clase dominante. La derecha de la dictadura del habla tiene a España casi una década con guerra de banderas y cultural, mientras tanto la pobreza y la precariedad aumentan, pero eso no se nombra porque la dictadura siempre tiene sus cortinas de humo. Lo mismo sucede en Cataluña con su derecha nacionalista, mucho procés para esconder la precariedad y el robo sistemático del pujolismo que sigue gobernando.
