El informe que permitiría imputar a Ayuso y su gobierno

En vista que la judicatura ya trabaja sin pruebas empíricas o factuales y le basta con recortes (digitales eso sí) de cualquier periódico, por amarillo que sea, nada mejor que contribuir con esa justicia ciega. Ciega si es de “los suyos” como cuando no se quiere imputar por un delito a Pablo Casado por el que sí imputan a compañeras suyas de clase. Cuando no es de los suyos entonces abren los ojos tanto que acaban deslumbrados y admiten como posible cualquier estupidez que un grupo de guardias civiles, muy ideologizados, pone en un papel y titula como informe. Por si algunos abogados neocatecúmenos, una asociación de seres mononeuronales o guardias civiles desahogados desean tener “pruebas” que presentar ante algún juez que haya asesorado al PP, aquí tienen algo que utilizar. Un informe que permitiría que Isabel Díaz Ayuso y la mitad de su gobierno fueran puestos frente a la ley y acabasen siendo inhabilitados. Como lo del dúplex a ochenta euros al día (2.400 euros mensuales, que es la mitad del salario presidencial, aunque aún no se sabe si lo paga o no) parece normal y todo, nada mejor que hacer el mismo tipo de lawfare o guerra judicial con el PP.

El primer punto del informe lleva a entender que las competencias sanitarias hasta justo antes del estado de alarma eran competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Por ello cualquier situación anterior a esa fecha y que pudiese provocar la extensión de la pandemia es culpa individual (¿no les gusta el individualismo?) del gobierno de Madrid. Ángel Garrido, por tanto, debería ser imputado por permitir que durante tres días el metro madrileño fuese un mecanismo de expansión del virus con sus concentraciones de 2 millones de almas coronavíricas. También son responsabilidad suya los transportes mediante autobuses interurbanos, por tanto otro millón más de almas expandiendo el virus por toda la Comunidad que sumar. ¿Pruebas empíricas o fehacientes de que ese movimiento de personas produjo la expansión del virus? Las mismas que existen con la manifestación del 8-M, hay gente que se ha contagiado y ha montado en metro. Como pasa con el congreso neofascista en Vistalegre, donde también hay pruebas fehacientes porque varios de sus dirigentes han caído infectados (con Abascal existen todas las dudas del mundo tras ver cómo ha quedado el boina verde). Si hay infectados es que expandieron el virus y el cuñado de un primo se infectó y suele ir en metro, así que ahí tienen una prueba para imputar a Garrido, quien sabiendo lo que había no hizo nada. A más, a más se podría añadir que desde el día 9 de marzo el metro funcionó de igual forma y por tanto se siguió infectando gente.

IDA también es imputable pues, como se advirtió en estas mismas páginas, se infectó en el acto minarquista y/o libertario Libertycon. Celebrado en Madrid desde el día 6 de marzo hasta el 8. Allí acudieron miles de personas llegadas de todo el mundo a hacer cosas de ultraliberales y lo que es peor expandiendo el coronavirus que, por cálculo de probabilidades, pudieron traer de países donde estaba más extendido. También acudieron diputadas y famosas libertarias como María Blanco, Almudena Negro, Juan Ramón Rallo o Jorge Moruno. Acto cobijado por el Instituto Juan de Mariana, alguno de cuyos profesionales está señalando al Gobierno como culpable de todos los males pero olvida que esta reunión pudo importar coronavirus con otras cepas, incluso más letales. No sólo no lo prohibieron sino que lo alentaron y lo presentaron con todo el fervor posible mientras pedían prohibir las cosas de feministas. Por tanto un prohibición ideológica y que atenta contra un derecho fundamental (igual que el de los borjamaris). Ahí tienen a los libertarios infectando como recomienda el padre Donald Trump. ¿Es culpa del Instituto Juan de Mariana? No, que serían capaces de culparles de un encuentro interesante si hubiese debate. La culpable es IDA por acudir, infectarse y luego extender el virus por la Comunidad de Madrid. Y a esto súmenle el paseo por el campo del Rayo Vallecano de diputadas del PP, que tampoco se celebró sin público a pesar de que sabían que había una pandemia ya en marcha. El o la juez tiene para imputar a unos cuantos cargos públicos culpables de expandir la pandemia.

Si todos sabían que era preocupante la situación y se podían infectar ¿por qué acudieron a todos esos actos y no utilizaron el poder que tienen para suspenderlos? Con ganas de suspender el encuentro del Atlético de Madrid seguro que se quedaron, algo que habría impedido un rojiblanco como Garrido, pero nada mejor que ochenta mil personas se junten e infecten, más cuando 3.000 acudirían a la pérfida Albión y podrían infectar  a quienes no devuelven el peñón de Gibraltar. Fue una cuestión utilitaria dirían ante el juez con toda la cara del mundo. Y a la hora de exportar el virus nada mejor que cerrar las universidades y que los estudiantes foráneos vuelvan a casa de sus progenitores y a ver si así se acaba con presidentes socialistas. Al ser españoles también ya no cuela lo utilitario y se conocen numerosos casos de “pacientes cero” que han llenado Ciudad Real de coronavirus o Galicia (IDA haciendo el juego sucio a Casado contra Núñez Feijóo). Esto son pruebas empíricas más sólidas que las presentadas por la guardia civil y podrían imputar al consejero de Educación Enrique Ossorio y al de Universidades, Eduardo Sicilia. Y como las competencias realmente no se quitaron el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, y luego IDA al quitarle las competencias por prohibir que llevasen a los ancianos a los centros médicos. Algo de lo que también es responsable el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz. Aquí tienen unos cuántos dirigentes que podrían acompañar a José Manuel Franco. Y por no dejarle fuera, como consejero de Deportes, Ignacio Aguado también podría ser empurado. A ojo de buen cubero, sin necesidad de visitar las cloacas periodísticas, salen unas cuantas pruebas tan contundentes o más que las utilizadas por la juez para imputar al Delegado del Gobierno en Madrid. Por no hablar de los documentos del 5 de marzo de la consejería de sanidad madrileña en los que se pedía hacer vida con total normalidad y que serían los esgrimidos por los dirigentes madrileños si les enfilasen hacia el calabozo. El problema es que ningún juez se atrevería contra los suyos sin pruebas empíricas, esto es, con un verdadero estudio sobre la cantidad de personas infectadas y que han acudido a los diferentes actos públicos. Eso que no ha hecho la Guardia Civil sino hacer metafísica jurídica que es la suficiente cuando el reo es de izquierdas. Si se presentase denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid pedirían hasta la visita del mismo dios como testigo antes de imputar a algún cargo. No es extraño pues los aparatos represivos están copados por personas de la clase dominante o entregada a ella ideológicamente. Por no hablar de la cantidad de fascistas o nazis que hay. Aparatos represivos que lo mismo atacan a un sindicalista que defiende los derechos laborales como a un político de izquierdas al que se desea meter en chirona o dimitirle de malas formas. El castellano-leonés Demetrio Madrid fue el primero que probó este tipo de estrategia de la derecha, hoy es Franco. Aquí tienen un informe con las mismas premisas verificadas que los que hacen para imputar a un político… y sin inventar nada.