Son ya dos años que la clase dirigente del país no se decide a ponerse de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de dirección de la Justicia en España. Y todo porque quienes dirigen los partidos quieren controlar ese cuerpo judicial, quieren que sus afines sean los que nombren a los responsables del Tribunal Supremo, quieren que sus afines determinen el sentido de la jurisprudencia más acorde a su posición ideológica, quieren, al fin y al cabo, controlar la judicatura por persona interpuesta. Algo que ya sucede con el Tribunal Constitucional. Da igual que sean de izquierdas, derechas, populistas o mediopensionistas, adoran tener ese control de decisión para que los jueces caminen no bajo el imperio de la ley sino de sus preferencias del momento.
Pablo Casado no quiere cambiarlos y aduce que si Podemos –aunque en verdad que le salvasen de la acusación por la falsedad de su master tienen mucho que ver en su negativa-. Pedro Sánchez quiere cambiarlos para que le hagan más caso. Y así pasan los días sin que haya acuerdo entre los partidos que suman los necesarios apoyos para proceder al cambio en la dirección. Por el camino el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, haciendo política, que es lo suyo mucho más que lo jurídico, señalando a los políticos por incapaces para desbloquear la situación. Existe una solución muy antigua para solucionar este problema de aquí en adelante si los partidos quisieran. Aunque está por ver que quieran, más si cabe cuando habría que modificar la Constitución para quitar que cuatro electos lo fuesen por el Congreso y otros cuatro por el Senado. La ley de elección por Congreso y Senado es más sencilla de derogar.
¿Cuál es esa solución? El sorteo. Como sucedía en la Atenas antigua, como todos los jueces se supone que son igual de válidos, como todos tienen unos conocimientos similares, como las capacidades son similares ¿qué problema existe para que se sorteen cada cinco años los doce puestos en el CGPJ entre todos los jueces y juezas españolas? Evidentemente se deberían establecer algunas cláusulas para acceder al sorteo. Un mínimo de años en la judicatura (10 años por ejemplo), no haber tenido sanciones, etcétera. También se podría hacer de forma paritaria, seis jueces y seis juezas. La presidencia sería elegida por las personas electas. Cierto que el sorteo podría deparar una mayoría conservadora, como podría ser progresista. Pero quitarles de encima en sambenito de estar colocados por políticos, y por tanto deberse en cierto sentido a los partidos, sería suficiente para que actuasen con mayor independencia que actualmente.
Con este simple mecanismo, el cual se podría utilizar para las bajas que pudieran irse produciendo, la independencia del poder judicial sería mucho mayor. La división de poderes sería mucho más cercana a lo ideal, aunque como bien avisaba Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, la separación de poderes no significa separación de controles. Por ello, una vez realizado el sorteo, Congreso y Senado deberían hacer una especie de examen del electo y vetar al candidato o candidata según unas reglas fijadas de antemano. Una especie de veto restringido porque a la clase política tampoco hay que darles algo a lo que se puedan agarrar para sus trapicheos partidistas. Incluso se podrían mantener los 8 juristas o abogados que pueden ser miembros del CGPJ haciendo el sorteo entre abogados con ciertos años de experiencia y catedráticos y titulares de universidad. Siempre y cuando estén claras las normas, y no sean excesivamente restrictivas, para poder acceder al sorteo no hay mayor problema. Una solución sencilla, tomada de la democracia más antigua, y que jamás apoyarían los partidos políticos.
