Mañana, si no sucede nada extraño, el Consejo de ministros aprobará la llamada ley Loretta, o si lo prefieren, la ley de autoidentificación de género. Tras apartar a Carmen Calvo de las negociaciones sobre la materia, pues la vicepresidenta ha venido negándose a aceptar tal aberración contra las mujeres, Pedro Sánchez ha tragado con la autoidentificación pese a las quejas de la gran mayoría de las feministas del PSOE y de las que no están en su partido. Una traición enorme al feminismo socialista que tiene consecuencias gravísimas que no se han querido analizar o valorar. Una coalición para dos años bien vale acabar con la lucha de las mujeres y que Irene Montero pueda gozar de sus minutos de brilli-brilli mientras pone en peligro a millones de niñas y niños en España.
Estos días se hablará de numerosas cuestiones sobre la infausta ley, hoy habrá que dedicarle unos minutos a lo más material, el coste que el cambio de sexo tiene para la administración pública. Hasta el momento los cambios estaban siendo aprobados cuando existía una declaración obvia y clara de disforia. En esos casos se podían pasar a cargo de la Seguridad Social los tratamientos de hormonas, el corte de penes, los implantes mamarios y demás cuestiones relativas al cambio de sexo. Existía una prueba empírica y psicológica que apoyaba que todas las personas, al igual que sucede con otros procesos psicológicos, sufragasen el cambio de sexo.
A partir de mañana ¿tiene sentido que todos los españoles sufraguen con sus impuestos un capricho/deseo de una persona? Sí, porque ahora con la autoidentificación de género es sólo el deseo de ser una persona de otro sexo (o de ninguno) lo que prima sobre las pruebas de que lo solicitado es cierto. De ser un hecho pasa a ser un deseo (o capricho según la persona), pasa a ser un sentimiento que no cabe justificar salvo la expresión del mismo. Cualquiera de ustedes se siente millonario y no espera del Estado que le regale un par de millones. Hay, además bastantes personas, que desean no pagar impuestos, que se sienten insolidarios, pero no les queda otra que aguantarse. Incluso hay personas que pueden desear ser reyes, que incluso se sienten reyes, que no hay otra cosa en su vida que anhelen más, pero hay una serie de normas y de trámites para que eso suceda. Incluso cualquiera se puede sentir y desear ser abogado pero si no acaba la carrera de Derecho y el examen del colegio profesional, mala suerte.
No es lo mismo financiar un capricho que una necesidad. Si cualquiera puede acudir a un juzgado y decir que se siente mujer procediéndose al cambio de sexo registral ¿está obligada la sociedad a abonar el cambio de sexo real? Si se arrepiente porque observa que no es lo suyo eso de ser del sexo contrario ¿habría que pagarle el corregir la metedura de pata? Alguna persona igual sólo quiere que le pongan tetas porque está contento con su pene ¿están obligados los españoles a cumplir con su deseo? Porque el Estado, como tal, no está para cumplir deseos y anhelos sino que actúa sobre hechos probados. Cuando una persona acude a solicitar el IMV no basta con su deseo de cobrarlo, debe aportar pruebas. Cuando una persona con alguna discapacidad quiere una pensión o un apoyo, debe aportar pruebas de su discapacidad. ¿Por qué ciertas personas con su voluntad deben tener el privilegio de no aportar ninguna prueba y que todo el mundo les sufrague su deseo? No se dejen engañar, las personas transexuales tenían sus derechos reconocidos, lo que ahora pretenden es mucho más grave porque son privilegios sobre el resto de ciudadanos. Con una campaña de ciertas farmacéuticas y algunas asociaciones globalistas, pero privilegios. Y esto es sólo una infinitésima parte de todo lo que trae consigo.
