Este artículo no versa sobre el aumento de las muertes en accidentes laborales, las cuales han aumentado en España en un 5,6% hasta junio, sino de la decisión que han tomado las distintas fracciones de la clase dominante mundial. Una decisión que afecta especialmente a los trabajadores europeos, aquellos que mediante su lucha consiguieron que fuese construido un Estado de bienestar que garantizase no solo el día a día sino el futuro para todas las generaciones de trabajadores. Un sistema que hoy está siendo desmontado, pieza a pieza, por mandato de las élites.
Habiendo deslocalizado buena parte de la producción industrial a Asia y algunos puntos de otras zonas mundiales, con salarios más bajos, calidad peor y casi nula acción sindical o gobiernos represivos ante cualquier atisbo de petición de mejoras de cualquier tipo, ahora toca acabar con los sistemas sociales que los europeos han ido construyendo desde finales del siglo XIX. La inmigración masiva, como ejército de reserva del capitalismo, ha servido para bajar los salarios de las nuevas generaciones que se incorporan al mundo laboral e, incluso, los de aquellos que cambian de trabajo forzosamente. Lo paradójico es que esta acción se está “vendiendo” como mecanismo de salvamento de uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar o social, las pensiones.
La especulación con monedas digitales, tokens y demás estupideces se han mostrado completamente inútiles por su volatilidad. El capitalismo financiero, que es la fracción poderosa de la clase dominante, necesita dinero para seguir especulando o invirtiendo (esto bastante menos) en productos o empresas más solventes. Y como el dinero que se produce es el que es, se necesita más y ¿dónde se encuentra ese dinero? en la sanidad pública y en las pensiones. Sobre la sanidad habrá que hablar en otro momento aunque es evidente que en todos los países occidentales se está dañando para obligar a gastar dinero en seguros privados que no acaban cubriendo las necesidades reales y los casos graves se derivan a lo público, cuando menos de los dineros públicos. Si alguien piensa que pagando cincuenta euros al mes te garantizan una curación como en lo público es que no lo ha pensado mucho. De hecho en España buena parte de la sanidad privada vive de parasitar lo público.
Las pensiones, ese mecanismo de solidaridad intergeneracional, tienen muchos miles de millones de euros sin utilización “financiera”. Esto para las élites es un desperdicio porque todo ese dinero podría estar en planes de pensiones privados, los cuales se invertirían en diversos productos y empresas para reportar un gran retorno… a los dueños de los fondos. En EEUU, primer país en implantar ese sistema, ya se observa que las pensiones no son suficientes, no se entregan las cantidades prometidas y muchos ancianos se ven obligados a seguir trabajando de algún modo para sobrevivir.
Gran Bretaña y otros países fueron la avanzadilla en Europa y ahora se está intentando extender a todos los países. Cada vez más publicidad sobre fondos de pensiones, que en realidad son depósitos con un retorno no muy grande, más noticias negativas sobre la sostenibilidad, más intentos de acabar abriendo el paquete financiero para que las víboras capitalistas pongan sus manos sobre ellas. De ahí que, tomando como excusa la mayor longevidad, se alarguen las edades de jubilación y se llegue a la actual moda de llevar al trabajador al ataúd y ahorrarse la pensión.
En esto, no se engañen, están todos en el ajo. Da igual Pedro Sánchez que Alberto Núñez Feijoo, Yolanda Díaz que Santiago Abascal, que la desigualitaria Isabel Díaz Ayuso. Todos están al lado de los fondos de inversión, los dueños del cortijo, y en contra de la clase trabajadora. De momento, en España, han logrado extender la edad de jubilación hasta casi los 68 años con los sindicatos (UGT y CCOO) comiendo gambas y sin una mísera huelga general. En Francia, cuando menos, hubo movilizaciones masivas y huelgas. Aquí a la mamandurria, de hecho el casi jubilado secretario general de UGT, José Álvarez, con sus 68 añazos quiere seguir al frente del sindicato, que las gambas rojas no se compran con ciertas pensiones.
Pretenden que, supuestamente para compatibilizar con la pensión, los trabajadores sigan en sus puestos de trabajo, igual con menos horas, para trabajar. Algo que ya existe, por cierto, y que deja las pensiones en una verdadera ruina y que no tiene en cuenta lo laboral. En la actualidad quedarse sin trabajo a partir de los 45 años, aproximadamente, supone ya quedar fuera del sistema de trabajo. Los mayores de 50 años que caen al paro no suelen encontrar trabajo y ¿pretenden los esbirros del capital financiero que se trabaje hasta caer al hoyo o la incineradora del cementerio? Una persona mayor es vista, actualmente, no como un depósito de experiencia sino como un lastre (monetario muchísimas veces) en el mundo empresarial por la parte laboral.
¿Van a estar las camareras de piso hasta los 70 años haciendo su trabajo o morirán antes? ¿Van a estar los conductores manejando vehículos hasta que les quiten el permiso por ancianos? No saben cómo, salvo reduciendo salarios, generar riqueza en España y trabajos para todas la edades, cualquiera se fía de esta banda para que no acaben obligando a trabajar hasta que se muera la población. Incluso las personas que trabajan con ordenadores y en oficinas acabarán ciegos o con un infarto antes de poder cobrar su pensión.
Ahí es donde se demuestra que la falta casi completa de años laborales de la clase política es un hándicap enorme a la hora de valorar lo que se propone. Si hubiesen dado el callo en su vida, no cuentan los funcionarios, apreciarían la jubilación mucho más. Igual por eso todos y todas se están haciendo ricos y ricas con la política, para tener un dinerillo ahorrado. O igual no, es que tienen “trabajos” sobrevalorados y deberían aplicarse rebajas salariales.
