El PSOE presentó un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se pretende eliminar (o acotar, según la versión de Félix Bolaños) el papel de las acusaciones populares para evitar que se instrumentalicen como herramienta política. Además de que tal reforma va en contra de la Constitución, de la misma forma que la Ley Sánchez de Amnistía, genera muchas lagunas jurídicas que, incluso, han sido reprochadas por la izquierda judicial y por los socios parlamentarios de Sánchez.
La oposición del Partido Popular y de la extrema derecha no tardaron en bautizar a la reforma como la «Ley Begoña» dado que, al proponerse la aplicación retroactiva de la norma que se pudiera aprobar, es evidente que el objetivo es cerrar desde el poder legislativo las instrucciones judiciales que afectan directamente al presidente del Gobierno, al PSOE y al entorno de Sánchez.
Las leyes creadas «ad hoc» para que un individuo, una familia o un colectivo concreto eluda la acción de la Justicia suele tener consecuencias gravísimas para la democracia, porque suelen vulnerar los principios fundamentales de un Estado social y democrático de derecho.
Hacer leyes ad hoc en beneficio de una persona, un individuo o un colectivo concreto para eludir la acción de la Justicia, además, es propio de regímenes autoritarios. Así lo demostraban las leyes medievales o las aprobadas por dictaduras de los siglos XIX, XX y XXI de distinto signo ideológico. En la España del post franquismo, es decir, la supuestamente democrática, se ha incrementado esa manía de legislar ad hoc de tal manera que se podría calificar como una actitud absolutamente patológica.
Normalmente, esas leyes preparadas para beneficiar a una o un grupo pequeño de personas particulares o jurídicas, se incluían en la doctrina legal española para beneficiar a grandes empresas o grandes empresarios. Ahora, con la Ley de Amnistía o el proyecto de eliminación real de la acusación popular se ha pasado a la clase política.
Sin embargo, una ley ad hoc es absolutamente contraria al principio democrático de la igualdad y a múltiples preceptos constitucionales. Una ley ad hoc es injusta porque no sólo beneficia al individuo o a las empresas concretas a quien va dirigida, sino que también suele traer distintos tipos de ganancia para quien la crea y pergeña. No hay más que recordar la Doctrina Botín.
El grupo sanchista del Congreso de los Diputados, además, le dio un nombre muy rimbombante al documento presentado: Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso derivado de las Acciones Judiciales Abusivas. Todo este titulo rococó esconde una legislación que pretende limitar un derecho reconocido por la Constitución. En consecuencia, Sánchez y los sanchistas pretenden ejecutar una reforma constitucional por la puerta de atrás…, una vez más.
Al tener como objetivo único el archivo de las acciones judiciales en curso que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez y al PSOE, se olvidan de las consecuencias gravísimas que esto puede tener. Por otro lado, los sanchistas se olvidan de cómo ellos mismos también actuaron de este modo en casos relacionados con corrupción del Partido Popular. Entonces, no se quejaban.
Una de las consecuencias más graves va en contra de la esencia misma del PSOE: la lucha contra la violencia machista. Las limitaciones drásticas a la acusación particular introducidas en el texto presentado por el grupo sanchista del Congreso dificultarán la persecución penal de los delitos de violencia de género, comprometen la libertad ideológica de jueces y magistrados, y asestan un golpe al feminismo. La drástica limitación de la acusación popular podría atentar contra el derecho constitucional a la acción popular.
La modificación propuesta por el grupo parlamentario sanchista de los artículos 101 y 102 de la Ley Enjuiciamiento Criminal destruye la posibilidad de personación, como acusación popular, de las comunidades autónomas y del Gobierno central, lo que tendrá nefastas consecuencias para las víctimas de violencia machista.
La acusación popular es fundamental para perseguir delitos cuando la víctima no puede o no quiere denunciar, asegurando así que no haya impunidad para los agresores.
Además, la reforma que impulsa el sanchismo para proteger al entorno de Pedro Sánchez va en contra del propio «Protocolo de Condena y Repulsa» anunciado por los ministerios de Igualdad y Política Territorial para unificar la respuesta institucional ante asesinatos machistas, que fue anunciado el 5 de noviembre de 2024. Este protocolo incluye que el Gobierno central actúe como acusación popular si las comunidades autónomas no lo hacen.
Por otro lado, la modificación del Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría afectar a jueces y magistrados que hayan opinado públicamente sobre temas relacionados con la violencia de género o hayan tenido contacto con instituciones o personas en relación con estas temáticas.
La nueva redacción podría utilizarse por parte de asesinos machistas y maltratadores para eliminar a jueces con una perspectiva de respeto a los derechos humanos, lo que compromete los derechos constitucionales a la independencia judicial, la libertad ideológica y la libertad de expresión. Esto desembocará en juicios menos sensibles a los matices de la violencia machista y afectará a la imparcialidad y comprensión de estos casos.
Por otra parte, la modificación del Artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no puedan ejercer la acción popular asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos, es demasiado amplia y vaga ya que podría interpretarse de manera que excluya a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, argumentando una supuesta afinidad política. Esto limitará la capacidad de las asociaciones de mujeres para actuar en defensa de las víctimas cuando el Estado o las comunidades autónomas no lo hagan.
La propuesta de ley creada ad hoc para defender los intereses del entorno de Sánchez, en su forma actual, representa un retroceso significativo en la lucha contra la violencia machista en España, al restringir la capacidad de intervención legal y socavar la independencia judicial, poniendo en riesgo no solo la justicia para las víctimas, sino también derechos y libertades fundamentales que deberían ser pilares de la democracia.
Según ha expresado uno de los bastiones del feminismo, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, «es imperativo que se reconsideren estas medidas para asegurar que la protección de las víctimas no se vea comprometida […] incoar un proceso penal sin ser el afectado directo por el delito, es, particularmente en los casos de violencia machista, una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva».
