Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, aprovecha cualquier cumbre o evento internacional para reclamar la intervención exterior en Haití. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas fue contundente: «República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano, pero también les reitero que no hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Por años, cada día, nuestro país ha encarado, prácticamente solo, estas consecuencias. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación».
En la reciente Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, celebrada en Buenos Aires, Abinader volvió a insistir: «Urgimos a que empiece a operar formalmente el comité de sanciones establecido en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos Estados puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional […] Sin esa ayuda, podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan a Haití».
El escenario de Haití ha derivado en que el país está controlado por bandas criminales que, incluso, llegaron a secuestrar las reservas de combustibles. Además de ser uno de los países más pobres del mundo, Haití es en la actualidad un Estado fallido, por mucho que tenga un gobierno.
La semana pasada se produjeron disturbios en protesta por el asesinato de policías que, según diferentes informaciones, fueron presuntamente ordenados por los propios mandos policiales.
Esta situación de desgobierno y violencia, que genera el hambre y la pobreza en Haití, ha tenido como resultado que un 70% de la población apoye el plan de Luis Abinader de la intervención con fuerza militar de la comunidad internacional para ayudar a la policía a combatir la violencia de las bandas que han tomado el control real del país. Ese porcentaje sube al 80% cuando se reclama que esa fuerza militar actúe de manera inmediata.
El pasado mes de octubre el secretario general de Naciones Unidas dio la razón a Luis Abinader. En concreto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad y al resto de países para realizar un «despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria» en Haití.
La realidad es que la comunidad internacional ha dejado de lado a Haití y ahora se están pagando las consecuencias de no haber hecho caso a Luis Abinader en el momento en que habló ante todos los líderes mundiales. ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Será porque Haití no da réditos políticos y económicos? Sin embargo, no se puede dejar a millones de personas en manos de organizaciones criminales que, finalmente, terminarán gobernando como las zonas tribales de otras partes del mundo donde han instaurado el terror y han construido estados fallidos.
La mayoría de los países, aparte de palabras vacías de apoyo a Haití, se muestran escépticos y reticentes a enviar soldados a Haití. El pasado martes Jamaica afirmó que estaría dispuesta a participar y El Salvador a prestar apoyo técnico. Sin embargo, potencias como Estados Unidos, los países de la Unión Europea o Canadá transmitieron a la enviada especial de la ONU a Haití, Helen La Lime, su «cautela», es decir, que seguirán de brazos cruzados.
Sin embargo, el pueblo haitiano está harto de vivir como vive ante el desgobierno y la violencia. Una cuarta parte ha visto o conocía a alguien que ha sido asesinado. Un 75% ha indicado que la situación actual condiciona su libertad de movimiento y la práctica totalidad ha visto cómo el escenario actual ha provocado una reducción de sus ingresos.
Luis Abinader, en la problemática de Haití, está demostrando su responsabilidad tanto en los ámbitos internacionales como en el cumplimiento de su obligación para proteger a su pueblo. Por eso, protege la frontera con unas fuerzas especiales y perfectamente adiestradas, bajo el liderazgo del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Díaz Morfa. Eso sí, no se trata sólo de defender, sino de hacerlo respetando los derechos fundamentales tanto de los dominicanos como de los haitianos.
No obstante, el trabajo del presidente Abinader, la situación lamentablemente critica de Haití, si sigue intensificándose, irá arrastrando de manera directa a la República Dominicana a una responsabilidad sociológica e injusta en su proceder, no solo en el ámbito económico, sino en la imagen internacional y fundamentalmente en las relaciones históricas que existe entre ambos pueblos.
La situación paralizada en decisiones de la comunidad internacional puede llegar a ocasionar en algún momento desacuerdos importantes, pero no solo eso puede llegar a producir, sino que también los efectos sigan aumentando su repercusión en los Estados y con eso intensificar la insensibilidad de los pueblos.
Un ejemplo reciente de lo que seguirá ocurriendo en Haití, si la comunidad internacional sigue faltando a su responsabilidad solidaria con ambos países, es el cierre de importantes empresas para el pueblo haitiano, como lo ha hecho S&H Global, cuya matriz es la fabrica surcoreana de vestimenta Sae-A Trading Co. LTD, quien anunció el cierre de una de sus plantas de ensamblado, quedando con esta acción 3.500 personas sin sus ingresos, sin la posibilidad a acercarse a un vida digna, basada en los derechos fundamentales que como ciudadanos deben tener.
El cierre de la empresa se debe a las mismas cuestiones que se vienen advirtiendo, “el malestar social” que impera en esa parte de la isla y que, de no atenderse ya, lamentablemente, ocurrirá lo que todos saben. República Dominicana no puede más y la comunidad internacional no tendrá moral de hablar de Derechos Humanos, cuando son quienes han ayudado a que no se respeten.
¿Por qué a Ucrania sí y por qué a Haití y República Dominicana, no?
