No hace ni unos días se informaba en estas mismas páginas que desde la derecha mediática se estaba montando una campaña para, haciendo uso de la guerra judicial, crear el estado de opinión necesario para que se interpusiesen demandas de todo tipo contra el Gobierno y así poder cesarles en sus funciones o encarcelarles. Si el primer disparo negro sobre blanco lo propició Francisco Marhuenda, los posteriores son obra de Bieito Rubido, director de ABC. Tras haber publicado una de las portadas más infames que se recuerdan, el director del vetusto periódico de derechas ha sacado la andana jurídica, falsa como ahora veremos, para que ese estado de opinión tome cierto cuerpo de verosimilitud. Lo curioso es que esto se ha llevado a cabo mediante una alianza con el partido neofascista Vox. ABC ha sacado el artículo y el partido de extrema derecha ha publicitado que utilizará lo que allí se ha dicho. No es que sorprenda esa alianza entre un periódico que felicitaba a Hitler los cumpleaños y los herederos postmodernos de aquel. Tampoco sorprende que lo hagan en favor de la democracia supuestamente pisoteada por el Gobierno, ya lo hizo uno de sus héroes Franco y muchísimos dictadores a lo largo de la historia. La realidad es que al final son más bolivarianos que a quienes llaman bolivarianos.
ABC, o lo que es lo mismo, Rubido ha encargado un artículo sobre el incumplimiento del estado de alarma por parte del Gobierno del PSOE. En él se intentan detallar todos los artículos que se incumplen y que provocarían demandas constitucionales e, incluso, penales o administrativas contra Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros. Lo intentan pero no lo consiguen como ahora se verá. Ya el título tiene su aquel: “El Gobierno se enfrenta a responsabilidades penales por la limitación de derechos”. Penales nada más y nada menos. Pero es en el subtítulo donde intentan dar la puntilla: “La Constitución reserva la suspensión de derechos a los estados de excepción y sitio; los juristas consideran que el Ejecutivo se está extralimitando”. En principio la Constitución no expone nada (aquí pueden leer los artículos constitucionales) en referencia a lo que dicen en el subtítulo sino que remite, como suele hacer lo constitucional, a una disposición mediante Ley Orgánica, en este caso la LO 4/1981. Por tanto, ya el propio artículo no vale ni para limpiarse “sálvese la parte” (si es en papel) o para ocupar bytes de memoria en la nube digital. Lo más gracioso es que dicen haberse remitido a penalistas, no a constitucionalistas o politólogos, para analizar si existe extralimitación.
Más allá de citar el derecho penal, no se facilitan los nombres de esos penalistas lo que conduce a sospechar aún más. Ningún jurista reconocido, no valen cuñados, ni amigas del barrio, se escondería en una situación así donde se hace una aportación de sus saberes, por lo que es extraño no citar los nombres. Toda referencia se hace a un seminario celebrado (telemáticamente) el 1 de abril sobre las consecuencias jurídicas del estado de alarma. Allí cinco juristas hablaron sobre ciertas consecuencias y bien podrían haberlos citado: Raúl Canosa Usera (El estado de alarma); Enrique Arnaldo Alcubilla (Cierre del Parlamento y suspensión de procesos electorales); Javier San Martín (Medidas laborales para unos tiempos difíciles); Alejandro Abascal (El derecho penal en los tiempos del coronavirus); y María Jesús del Barco (Funcionamiento del Poder Judicial durante el estado de alarma). Estos juristas, vistos los vídeos, expresaban ciertas dudas respecto a si debe ser estado de alarma o de excepción, aunque ninguno llega a citar la LO 4/1981 para salir de dudas. Si se consultaron ¿por qué no citarlos?
¿Qué dice esa Ley y acaba contradiciendo lo expuesto por ABC? Lo fundamental está en su artículo 11: “Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto”. El texto en negrita es lo que ha aplicado el Gobierno, que para eso tiene abogados del Estado que son los que dan el visto bueno a los decretos. Ha limitado la circulación de personas, ha limitado el uso de servicios (tiendas, centros comerciales, partidos de fútbol…) y ha intervenido el aparato productivo cerrándolo. Lo curioso es que el estado de excepción del que todos hablan no dice nada en este sentido, sino que lo remite al decreto que se deberá aprobar por la vía de urgencia en el Congreso. ¿De dónde sacan que sería mejor el estado de excepción que el de alarma cuando éste es el que establece la legislación para alarmas sanitarias? O bien no saben derecho, o bien están malmetiendo. Tienen los enlaces a la legislación y pueden hacer su propia valoración, pero en caso de que haya demandas por perjuicios causados como dicta la ley 4/1981 serían siempre contra el Estado no el Gobierno.
No hay nada donde agarrarse, más allá de la responsabilidad que existe en cualquier acción del poder político, sea el estado de alarma o una mera ordenanza municipal. Lo interesante no es que el derecho de la razón a los medios de comunicación, a los estúpidos que siempre están a la que salta para interponer demandas para judicializar la política (Abogados Cristianos, Hazte Oír y demás patulea fascista) o a los majaras de las redes sociales, sino que en alianza con Vox los medios cavernícolas crean el caldo de cultivo para poder tumbar al Gobierno. Derrocar al Gobierno y no salvaguardar los derechos fundamentales es lo que pretende la alianza medios de derechas-extrema derecha. Curioso que justamente ayer que ABC ofrece ese artículo jurídicamente mal fundamentado, Santiago Abascal afirme que ya no piensa apoyar al Gobierno porque está excediéndose en la ley o que Macarena Olona señale que van a demandar al Gobierno en el Tribunal Constitucional por subvertir los derechos fundamentales como el del trabajo, la libre circulación y demás derechos fundamentales que se les vaya ocurriendo por el camino hasta entregar la demanda. Y ¿quién ofrece la noticia en primicia? Otro de los sospechosos habituales Eduardo Inda. Ya está cerrado el círculo de la conspiración autoritaria. Mintiendo (porque no hay geolocalización personalizada de los móviles) y generando estado de opinión (añadan los bulos) para ganar en los tribunales o mediante un golpe de Estado mediático lo que no han podido ganar en las urnas. Así lo hicieron con Allende y ahora, sin llegar a una comparación odiosa, lo harán con Sánchez y compañía.
