Andan los medios “liberales” enfadados por la posibilidad de que el gobierno de España legisle sobre los contratos de publicidad de las instituciones públicas. Afirman, así lo ha hecho Bieito Rubido en otra de sus conspiranoicas elucubraciones, que esto es un ataque a la libertad de prensa que solo busca someter a los medios críticos. Según las palabras del presidente Pedro Sánchez ¿dónde se encuentra cualquier tipo de acción encaminada a legislar sobre lo que se escriba en cada medio? De hecho Gabriel Rufián, socio gubernamental, afirmó que se aumentasen las multas sobre las mentiras y difamaciones. Ni censura previa, ni nada por el estilo. Entonces ¿por qué se quejan?
Piensa el ladrón que todos son de su misma condición y acierta. Todos los directores de medios, de una u otra forma, están vendidos a aquellas administraciones que les subvencionan. Y hacen esto, el otorgar publicidad, porque así tienen cogidos con una correa de perro a los medios de comunicación, bien para que sean sus correas de transmisión, bien para que no osen intentar hacer periodismo y publicar noticias perjudiciales a los intereses de este o aquella dirigente. Decía en su artículo de ayer Rubido que a él le daba lo mismo la publicidad institucional del Estado porque no ha recibido un euro, pero ha recibido de ¿la Comunidad de Madrid?, ¿la Comunidad de Galicia?, ¿la Comunidad Valenciana?, ¿la Comunidad Andaluza?, ¿el Ayuntamiento de Madrid?, ¿el Ayuntamiento de Sevilla?, ¿el Ayuntamiento de Málaga?, u ¿otras instituciones dirigidas casualmente por el PP?
La realidad es que debería prohibirse a cualquier institución pública (incluidas las empresas públicas o entes público-privados) hacer cualquier tipo de publicidad. Que el dinero de los impuestos de todos los españoles no se dedique a comprar voluntades, ni a tener servicios de noticias o aparatos ideológicos de ningún partido político o gobierno. Técnicamente ya no existe necesidad alguna del Estado en hacer publicidad de nada. Tiene a su disposición redes sociales, aplicaciones móviles y televisiones públicas si es que necesita transmitir algún tipo de información importante. Incluso con las notas de prensa lo que, realmente necesita de publicidad, se transmite perfectamente. Ahí tienen a un ayuntamiento pequeño como Las Mesas (2200 habitantes en la provincia de Cuenca) que tiene su propia aplicación móvil para informar de todo tipo de eventos y sucesos a la población. ¿No pueden las administraciones central, autonómicas y municipales hacer lo mismo? Incluso se podría utilizar la Carpeta Ciudadana para algún tipo más específico de transmisión de información.
Con la prohibición también se evitarían verdaderas mafias periodísticas. Hay dueños de medios, regionales, locales (en el sur de Madrid hay algún caso) y estatales, que han hecho fortuna amedrentando a políticos con arruinarles la vida si no pasaban por caja (tan sencillo como negativizar todas las políticas ejecutadas). También lo hacen con grandes empresas a las que chantajean con dos o tres artículos negativos hasta que se hace efectivo el óbolo, pero esto es un problema de entes privados, no públicos. Como privadas son esas empresas que controlan la línea de editorial de los medios con su publicidad y su sufragación de eventos, algo que ha sucedido desde que existen los periódicos.
El Estado y sus ramificaciones no necesitan a día de hoy publicidad institucional en medios de comunicación, entonces ¿por qué no dedicar esos dineros en cosas bastantes más urgentes y necesarias como arreglar carreteras, cubrir el dinero de la Dependencia, aumentar el número de médicos o cualquiera de esas verdaderas necesidades sociales? Porque al final es un quid pro quo sufragado con el dinero de los paganinis, esto es, los ciudadanos. Ahora que los partidos son meras plataformas personalistas del dirigente de turno, necesitan un ejército mercenario y nada mejor que todos esos medios de comunicación digitales que sin esas “subvenciones” ni existirían. Si se cierran periódicos porque económicamente no son rentables no hay perjuicio para la democracia, ni para el pluralismo. Lo paradójico es que los que más se quejan son precisamente los que más hablan del libre mercado… para los demás, ellos a mamar de la teta del Estado.
