Esta semana, haciendo uso del populismo que les es típico, Ciudadanos ha propuesto una Ley de Transparencia y Regeneración de la Universidad. Albert Rivera la ha vendido como una fórmula para que los españoles “recuperen la confianza en la misma”. Se supone que, tras el caso del máster de Cifuentes, la ciudadanía española no confía en la Universidad pública como institución, que todas están podridas hasta los tuétanos y que, por ese motivo, no estamos en los rankings mundiales. Vamos que presentan una para recuperar la confianza mientras hunden ellos mismos a la Universidad pública. Sí, pública, porque de la Universidad privada no dicen nada. Como si fuesen entes perfectos a los que tomar como modelo y así acabar privatizando la pública. Esto no lo dicen, evidentemente, pero sobrevuela siempre sobre las propuestas educativas de la formación naranja.
Pero lo que quieren es controlar realmente la Universidad pública. El primer punto que explican dice “El Consejo Social estará integrado mayoritariamente por miembros independientes, elegidos por cada Comunidad Autónoma por procedimientos abiertos y objetivos basados en el mérito y la capacidad”. Actualmente los Consejos Sociales tienen una representación de las entidades sociales y la propia universidad en cada lugar para cumplir con unas funciones deliberativas y consejeras. Ahora bien ¿quiénes son esas personas independientes que se elegirían? ¿De dónde saldrían? Las asociaciones educativas de estudiantes, posiblemente, no tengan aún la capacidad vital de recomendación general, pero sí sirven para denunciar cuestiones internas sumamente necesarias. Pero, al no tener mérito y capacidad, ¿quedarían fuera? Tampoco dicen qué es el mérito y la capacidad, por lo que al final lo que huele es que pretenden meter a empresarios y demás amigos de los lobbies que a ellos apoyan.
Lo de “Protección a denunciantes de corrupción” dentro de la Universidad tiene poco sentido porque ya hay una Ley general. Así que sólo es cuñadismo. Y también quieren quitar los títulos obtenidos ilegalmente, cuando el porcentaje de casos así en la pública es del 0,001%. Pero no les hemos escuchado pedir que quiten títulos a quienes han plagiado como el anterior rector de la URJC o el ex-presidente de Valencia, Francisco Camps. Pura demagogia para quedar bien porque no suele haber casos en la pública, por lo que hacen más daño a la Universidad con esta ley que si estuviesen callados.
El tercer punto indica que “será obligatorio publicar online los trabajos de máster y doctorado”, con el fin de garantizar su consulta por cualquiera. Y ¿piensa pagar los derechos de autor Albert Rivera de su bolsillo? Son tan brutos en Ciudadanos que han pasado por alto esta cuestión: las tesis doctorales pertenecen a las personas que las han hecho, no a la Universidad, al menos en España. Por ello los derechos de autor están protegidos y si se permite un acceso libre se está perjudicando a esa persona (o institución cuando está financiada por alguna organización) que no cobra nada por su trabajo. Sabemos que la explotación está en el fondo de las reformas laborales que quieren en Ciudadanos, pero el robo directo aún no había salido a la palestra. Es la persona que ha escrito la tesis, y que se ha gastado un dineral en ello, quien debe aprobar si se hace libre o no. Y siempre que se garantice por medio de Creative Commons u otra forma de garantía de los derechos de autor, lógicamente.
Otra cuestión es que quieren que las convocatorias de plazas sean publicitadas en el BOE y los boletines oficiales de las distintas Comunidades Autónomas más un portal unificado de plazas universitarias. Y ¿desde cuándo no se hace? Hasta la fecha esta situación se hacía así con el añadido de publicar en diarios de gran tirada la convocatoria. Bienvenida sea un portal unificador pero el resto ya se viene realizando. Además, añaden que “se elegirá por sorteo a la mayoría de miembros de tribunales de selección”, algo que según nos han contado diversos profesores titulares también se produce. Proponen hacer lo que se hace. El cuñadismo elevado al cubo. Y el control de la cuentas más de lo mismo porque están controlados por los mimos procedimientos que el resto de la Administración pública.
Entonces ¿qué quieren en Ciudadanos con esta Ley? Primero, hacer uso del populismo sistémico, del cuñadismo para intentar agarrar dos votos más. Segundo, acabar con la autonomía universitaria para plegarla, aún más, a los deseos de los lobbies y el mercado y así acabar poco a poco con la Universidad pública en favor de la privada, porque no quieren una universidad pública. Y tercero, controlar desde lo político a la Universidad, para que no se produzcan críticas al sistema. Que un grupo como Podemos haya salido de la Universidad pública es un peligro para el establishment. No quieren dejar espacios a la crítica en el Estado. Pero al final acaban demostrando que o bien conocen poco de la Universidad, o no quieren conocer. Porque nada dicen de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) donde realmente está el mal que últimamente azota a la Universidad. Una Agencia que no muestra los criterios para conceder las distintas acreditaciones, que no es transparente. Y si es una Ley de Transparencia ¿por qué no incidir en la Agencia de acreditación?
