No se va a quedar sólo con la firma de unos acuerdos, los cuales Alberto Garzón ha calificado como “un primer paso, aunque insuficiente, para revertir los recortes impuestos por los gobiernos socialista y del PP desde 2010” en la reunión de la Asamblea Político y Social (APyS) de Izquierda Unida. Por tanto, van a estar muy pendientes desde la formación de izquierdas en que ese acuerdo se cumpla íntegramente. Garzón quiso señalar que desde IU van “a estar vigilantes” para que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, “que aún deben cristalizar” ya que el Ejecutivo debe presentarlos todavía ante el Congreso, “el PSOE apruebe todo lo acordado”.
“Haremos que este acuerdo cristalice en leyes para que no sea papel mojado, además de que todo su contenido, que no es sólo económico sino que recoge cambios en normas importantes, se cumpla lo más rápido posible” ha reflexionado el dirigente comunista. No en vano defienden en IU que esto sólo es el comienzo, un punto de salida para muchas transformaciones que son necesarias en favor de las clases populares. Como ejemplo, la proposición de ley orgánica para defender la libertad de expresión, impulsada y redactada por IU, cuya toma en consideración defenderá Garzón en el Pleno del Congreso el próximo martes. En este texto van desarrollados algunos de los puntos recogidos en el acuerdo firmado hace apenas 10 días con el Gobierno. “Ese día veremos si el PSOE empieza a cumplir con parte de lo acordado”, ha dicho.
Entrando al detalle de esa proposición de ley, la misma reclama una amplia modificación del Código Penal para acabar con las penas “anacrónicas” que condenan actuaciones como el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la Corona. Sobre esto último recordó que “en democracia las críticas a la monarquía no tienen cabida como delito”, sobre todo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) las considerara dentro de la libertad de expresión. De ahí que reconociera que desde Izquierda Unida “no entendemos el recurso puesto por el Gobierno en el Constitucional” contra la reciente reprobación a Felipe de Borbón aprobada hace unos días por el Parlament de Catalunya. Adelantó que si el Ejecutivo de Sánchez no rectifica esta actuación “puede encontrarse con una avalancha de mociones en los ayuntamientos de todo el Estado reprobando a la Monarquía”.
La actuación del presidente de la Sala 3 del Tribunal Supremo y las hipotecas.
El coordinador federal de Izquierda Unida también ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que “actúe” para responder a la decisión impuesta ayer por los máximos responsables del Tribunal Supremo de convocar un Pleno de su Sala de lo Contencioso-Administrativo para dejar sin efecto una sentencia hecha pública 24 horas antes. En ese fallo firme anterior, los jueces del mismo tribunal establecían que deben ser los bancos, y no sus clientes, los que asuman el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante al que hay que hacer frente cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca.
Garzón ha tachado la última decisión del Alto Tribunal de “inaudita y vergonzosa”. De ahí que, al tiempo que exigía al Supremo que “rectifique”, ha señalado que Izquierda Unida tiene muy claro que “el Gobierno del PSOE debería actuar” en una cuestión tan importante, igual que “también debemos actuar desde el Parlamento”. Por esto último ha adelantado que va a registrar que comparezca en el Congreso el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también lo es del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que detalle la manera de proceder en todo este delicado asunto.
“Hay que ser muy claros”, ha indicado Alberto Garzón al inicio de su intervención ante los miembros de la APyS de Izquierda Unida. “Los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas”, denunció.
También ha querido recalcar que “los bancos han conseguido torcer a la Justicia hasta el punto de que deje de serlo”, para ilustrar así las presiones suscitadas desde el jueves que se conoció la sentencia sobre el pago del impuesto hipotecario. Según los analistas, de aplicarse de forma retroactiva podría suponer a estas entidades privadas un desembolso de entre 6.000 y 8.000 millones de euros en devoluciones de dinero a quienes se han hipotecado en los últimos años.
Alberto Garzón recordó también en su intervención que desde IU apuestan “por un polo de banca pública que impida el chantaje que hace la banca privada. La banca pública debe actuar de contrapeso frente a los bancos, que se han convertido en un peligro para la democracia”. Ha pedido al PSOE “que rectifique”, señalando que hace apenas unos días los diputados socialistas sumaran sus votos a los del PP y los de Ciudadanos para echar abajo en el Congreso una propuesta de Unidos Podemos en la que instaba al Gobierno a crear esta banca pública.
