Las obras de abastecimiento y saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax fueron catalogadas por la Junta de Andalucía como de interés general. Con esta Orden de paralización de la puesta en servicio de las Obras de Abastecimiento, recordemos que se trata de una obra pública de inversión multimillonaria y con el dinero de todos los andaluces, Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería, persigue dos objetivos:
- Mantener el soporte y respaldo de las obras realizadas por Bogaris, premiando el interés de una empresa privada sobre el interés general de los ciudadanos, en especial los del Bajo Andarax.
- Presionar a la jueza que tramita la causa para forzar la autorización de apertura del Centro Comercial de Bogaris, sin contar con las debidas garantías que ello conlleva.
La medida adoptada se puede prestar a doble interpretación. Por un lado, los objetivos anteriormente indicados y, por otro, la duda que genera el alto riesgo existente contra la Salud Pública. Sigue existiendo la duda respecto a las medidas correctoras que, supuestamente, dice la Junta haber acometido y que, en contraposición a sus informes anteriores, ahora certifica la concesionaria Aqualia (piedra angular en todo este entramado por ser parte interesada en el negocio).
La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha manifestado no ser competente para pronunciarse respecto a los riesgos existentes contra la Salud Pública, conforme solicitaba el requerimiento de la jueza instructora. En concreto, Junta sugiere que remita tal requerimiento a la Consejería de Salud.
Diario16 ya adelantó en artículos anteriores que «la Agencia de Medio Ambiente manifestaba, al respecto de las medidas correctoras adoptadas, sobre las incidencias detectadas por la concesionaria Aqualia y que le fueron comunicadas con tres días de antelación a que se terminaran las obras, que estas se realizaron en el mismo año 2014. De ser así, nos preguntamos ¿cómo es posible que, en marzo de 2015, cinco meses después de aplicar las supuestas medidas correctoras, el técnico de Aqualia emita un nuevo informe advirtiendo de las mismas incidencias que ya detectó en su anterior de octubre de 2014?».
Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario16, las incongruencias siguen siendo el eje principal de todo este despropósito. La intencionalidad, al parecer, no es otra que la de ocultar a los ciudadanos lo que verdaderamente ha ocurrido.
Una cosa es lo que supuestamente se refleja en un proyecto y otra, muy distinta, lo que verdaderamente se ejecuta. Todo apunta a que la Agencia de Medio Ambiente y Agua pudo consentir, de forma expresa, que las conducciones correspondientes a las obras de urbanización, realizadas por la Junta de Compensación del Sector de Bogaris, fuesen a cota superior o por encima de la suyas, siendo conocedores y a pesar del riesgo que ello conlleva para la salud pública.
Los gravísimos errores cometidos en la ejecución de las mencionadas obras, y de quién o quiénes pueden ser sus responsables, son el caballo de batalla a dilucidar por la jueza instructora, quien deberá pronunciarse, con escaso margen de tiempo y con información confusa sobre la apertura, o no, del Centro Comercial promocionado por Bogaris.
No cabe otra solución que la de recurrir a la designación de peritos judiciales y a la práctica física de catas sobre dichos tramos, ya que para garantizar la no existencia de riesgo alguno para la salud pública no sería suficiente con el informe de la Consejería de Salud de la Junta. No parecería lógico ni fiable que el informe a emitir por la Consejería de Salud se sustentara, precisamente, sobre las mismas «pruebas aportadas a instancia de parte» sin realizar, previamente, la práctica física de catas sobre esas conducciones y mediante designación de peritos judiciales.
La realidad es que los informes emitidos por Aqualia, en octubre 2014 y marzo de 2015, no dejan duda alguna del alto riesgo y gravedad existente con y para la salud de los ciudadanos almerienses.
La Junta dice que, entre otras medidas correctoras, se han «realizado el hormigonado de los cruces con las redes de pluviales, saneamiento y electricidad y que ello proporciona una elevada resistencia a la rotura y estanqueidad, tanto de salida como de entrada de agua».
Diario 16 ha realizado distintas consultas con ingenieros y técnicos y nos manifiestan que «las medidas correctoras, “supuestamente realizadas», no son suficientes para evitar, en la mayor de sus medidas, el riesgo existente para las personas, por mucho que pretendan dar por solucionado el desastre que ellos mismos han generado. En ninguno de los casos las medidas adoptadas han podido ser verificadas por los Servicios Técnicos de Aqualia o de los operarios que trabajan en alguno de los municipios de la Mancomunidad». De lo único que son conocedores es de lo argumentado por la Junta, es decir, «que las irregularidades se subsanaron».
Aqualia, ciertamente, desconoce si esas actuaciones correctoras se llevaron a cabo puesto que las obras ya se encontraban realizadas por la Agencia de Medio Ambiente. De lo que sí es conocedor Aqualia es, y así lo certifica el técnico, que las obras de saneamiento y pluviales de Bogaris se encuentran a cota superior de las conducciones de impulsión y abastecimiento de la Junta, así como de la Red de Media Tensión de 20.000 voltios. Y estas circunstancias las certifica el técnico en dos ocasiones: octubre de 2014 y marzo de 2015.
Los informes de la supuesta corrección emitidos por la Junta reconocen que la presión a la que se verá sometida la tubería de impulsión, del agua desalada y de conducción dúctil, será de 16 atmósferas, es decir, una barbaridad. Se les olvida, por ejemplo, que esta conducción transcurre y cruza, a una cota inferior, las infraestructuras de saneamiento, tanto fecales como pluviales, del sector que, a buen seguro, fueron las realizadas por la Junta de Compensación (propietarios del Sector entre los que se encuentra Bogaris y el Ayuntamiento de Almería).
Una tubería a 16 atmósferas, por mucha conducción dúctil y hormigonado, es capaz de reventar en cualquier momento bajo determinadas circunstancias y por múltiples causas. Y aun pudiéndose haber solucionado, no permitiendo que las infraestructuras de saneamiento y pluviales de Bogaris se realizasen por encima de las de Impulsión del agua desalada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, esto no se ha hecho. Es, por ello, por lo que siempre se ha de evitar que las conducciones de aguas fecales transcurran a cota superior a las de las aguas de abastecimiento, y mucho menos si estas se encontrasen en una misma zanja y en plano vertical, como parece ser el caso del sector de Torrecárdenas.
Tampoco se comprende cómo se han podido realizar dichas obras de corrección, ya que es imposible acometer las conducciones de impulsión por debajo de la red de alcantarillado y pluviales como se alega e intenta justificar como medida excepcional adoptada por Medio Ambiente al encontrarse las obras de urbanización de Bogaris ya ejecutadas. Así, los técnicos consultados por Diario16 aseguran que «ese reventón haría saltar por los aires cualquier tipo de instalación que se encuentra sobre esta pudiendo provocar, entre otras y en este caso, la contaminación del agua potable. No podemos olvidar que estamos hablando de once cruzamientos de tuberías posicionadas de forma perpendiculares con la red de pluviales y saneamiento dentro del mismo sector y otros 850 metros, aproximadamente, de canalizaciones “en paralelo” que pueden verse afectadas y sobre las cuales, al parecer, no se contempla que se haya efectuado ningún tipo de medida correctora».
Además, nos encontramos con la otra conducción, a cota inferior, por donde transcurre una red eléctrica de 20.000 voltios por encima de la red de abastecimiento e impulsión y por debajo de la red de saneamiento y pluviales de Bogaris. Esta conducción también se encuentra sometida a presión, además de la ya existente de la impulsión, por lo que tampoco puede descartarse que en caso de reventón se produzcan filtraciones. Las roturas de estas canalizaciones, por ejemplo, podrían venir provocadas por un movimiento telúrico o corrimiento de tierras lo que provocaría gravísimos accidentes, entre ellos, la electrocución. Por consiguiente, el riesgo es doble, así como su efecto podría ser multiplicador.
Han de estar contentos los alcaldes y ciudadanos de los siete pueblos de la Mancomunidad del Bajo Andarax al encontrarse, ahora, con la orden del alcalde de Almería donde manda paralizar las obras de abastecimiento, para curarse en “salud” judicial y permitir que el Centro Comercial promovido por Bogaris se inaugure, sea como sea, incluso sin utilizar la red de aguas residuales y sin las garantías suficientes de salubridad pública y riesgo para las personas.
