Ana Palacio fue ministra de Exteriores en el segundo gobierno de José María Aznar. Tuvo un papel fundamental en la defensa de la invasión ilegal de Iraq por parte de la coalición formada en las Azores por el propio Aznar, Toni Blair y George W. Bush. Por otro lado, también tuvo un papel fundamental en la manipulación informativa del 11M al enviar una carta a los embajadores españoles instándoles a defender en todos los foros que fueran posibles la autoría de ETA incluso cuando ya se sabía que las Fuerzas de Seguridad y los Servicios de Inteligencia habían abierto la vía de investigación sobre una autoría yihadista. Palacio fue una de las representantes del sector más ultraconservador del Partido Popular. Mariano Rajoy la nombró miembro de del Consejo de Estado en abril de 2012. Hace tres años fue la representante ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de un demócrata como Silvio Berlusconi. También es miembro del consejo asesor de la organización ultraconservadora israelí United Against Nuclear Iran.
Su nueva misión es la de defender en todos los foros económicos, geopolíticos y de seguridad del mundo la postura de Marruecos respecto a su ocupación ilegal del Sáhara Occidental. En sus primeras comparecencias con el grupo de presión ha afirmado que el Frente Polisario iniciar acciones legales en Panamá y en Sudáfrica en referencia a las materias primas del Sáhara, acusaciones que el propio gobierno del Sáhara ha confirmado que no tienen ninguna base probatoria más allá de la propaganda marroquí. Además, ha acusado al Polisario de atentar contra los intereses de Marruecos al intentar frenar la comercialización de los fosfatos extraídos del suelo saharaui.
La defensa de Ana Palacio de los intereses económicos marroquís choca con las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impiden a Marruecos tener acuerdos comerciales con los productos del Sáhara, algo que el país alauí intenta frenar con el chantaje del flujo migratorio.
Por tanto, Palacio está defendiendo a un país que tortura, que realiza detenciones arbitrarias o celebra juicios condenados por las organizaciones internacionales contra los legítimos dueños del Sáhara Occidental. Claro que, perteneciendo a una asociación sionista, no es de extrañar que haga presión para defender los intereses de un país que sólo tiene reconocida la administración del territorio, que no su soberanía sobre él.
