Ana Patricia Botín ha ofrecido hoy una muestra de lo que se podría llamar hipocresía durante la Junta General de Accionistas al referirse a los afectados del Banco Popular. «Lamento las pérdidas que han sufrido», ha tenido el valor de afirmar. Si tanto lamenta esas pérdidas, no tiene más que ofrecer una solución extrajudicial más allá de los bonos de fidelización que podrían perfectamente denominarse como las «nuevas preferentes». En referencia a este producto, la presidenta del Santander no ha tenido reparos en afirmar que esos bonos no eran para «evitar pleitos». Esto no es así. Recordemos las características del producto.
Se trataba de un bono de fidelización con una naturaleza similar a un bono subordinado que daría un 1% de rentabilidad y que el afectado deberá mantener durante 7 años antes de poder cobrar en metálico el valor del producto. Quienes aceptaron este producto podrán venderlo antes de que finalice ese plazo. Según cálculos del Santander, más de 110.000 pequeños accionistas del Popular podrían acogerse a esta opción y, tal y como informamos en Diario16, apenas un 15% del total de los afectados los contrató.
Según el anuncio del producto que hizo la entidad cántabra en el mes de julio «importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo. En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos. En ambos casos, tienen que haberlas mantenido depositadas en el Grupo Popular o Santander en la fecha de la resolución del banco y el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas».
Fue sorprendente la tipología real del producto y las condiciones que se obligaba aceptar a los afectados, unas condiciones abusivas que se aprovechaban de la situación de extrema necesidad de las 305.000 familias arruinadas en la operación diabólica de rescate del Santander.
Además de la obligación de no iniciar ninguna acción judicial contra el Santander, el producto de los bonos convertibles tenía otras sorpresas, ya que, según confirma el propio folleto informativo depositado en la CNMV «los bonos de Fidelización presentan complejidades que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas como los Beneficiarios». Para poder aceptar la oferta se obligaba a los afectados a que firmaran una declaración manuscrita en la que declarasen «conocer que los Bonos de Fidelización son un producto complejo que adquieren sin recomendación o asesoramiento de ninguna entidad de Grupo Santander y que han sido informados de su falta de conveniencia […] una operación no resulta conveniente cuando el cliente carece de conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar». El folleto informativo fue registrado en la CNMV y, según el mismo, no se realizaron los test de conveniencia a los clientes «dadas las características especiales de los bonos de Fidelización que son ofrecidos».
Los Bonos de Fidelización del Santander para los afectados de la incautación del Popular son «valores de carácter perpetuo y por tanto, sin fecha de vencimiento». Esto conlleva un riesgo importante para el afectado porque, a pesar de que el Santander tendrá una remuneración trimestral (un 1% en los primeros siete años y, a partir del octavo, se hace un cálculo a través de un swap). Sin embargo, esto tiene elevados riesgos como, por ejemplo, que el mercado secundario de los bonos pueda tener poca liquidez, es decir, que el afectado del Popular se puede encontrar con unos bonos sin fecha de amortización y sin ninguna posibilidad de venderlos en el mercado secundario. El folleto informativo no «garantiza a los titulares de bonos fidelización que vayan a poder vender los bonos en el momento que deseen, ni el precio al que podrán hacerlo».
La realidad, por mucho que diga la señora Botín, es que el Santander ofreció a cambio del silencio y de la «fidelidad» de los afectados del Popular un producto complejo que podría convertirse en unas nuevas «preferentes» por lo que el producto del banco cántabro era una doble trampa.
Por todas estas razones la señora Botín ha mentido a sus propios accionistas, algunos de ellos que también están afectados por otras presuntas estafas y a los que, cuando han querido intervenir a exponer sus casos, se les ha dejado en penúltimo lugar con apenas una decena de asistentes.
