Diferentes fuentes cercanas a la Audiencia Nacional y del sector empresarial, sin ninguna relación entre ellas y sin ningún tipo de interés en la resolución del Banco Popular han confirmado a Diario16 que el juez Fernando Andreu podría estar planteándose la aplicación de las medidas cautelares sobre la operación por la que el Banco Popular fue intervenido y vendido por un euro al Santander con el resultado de la ruina de más de 305.000 familias. El pasado verano el propio Andreu decidió no aplicarlas porque, según su criterio, no había ningún tipo de urgencia.
Sin embargo, los últimos acontecimientos, la documentación recibida en la Audiencia, las revelaciones de Diario16, las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción en referencia a varias denuncias interpuestas por diferentes asociaciones de afectados contra los verdaderos responsables de la operación, entre ellos el Santander, la aceleración por parte de la entidad presidida por Ana Patricia Botín de la eliminación de la personalidad jurídica y la marca del Banco Popular, la entrada en el caso de la Justicia de los Estados Unidos por las demandas interpuestas por importantes fondos y por grandes accionistas, la posición del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) respecto a la JUR y que, tal y como publicamos en Diario16, juzgará al organismo presidido por Elke König por 6 presuntos delitos y la «inminente» apertura de la pieza de calificación del concurso de acreedores del Popular, todo ello, según las fuentes consultadas por este medio, estaría provocando que Fernando Andreu se estuviera planteando la adopción de medidas cautelares contra la operación del Banco Popular.
Ante todas estas evidencias no es comprensible que, en primer lugar, la instrucción esté siendo tan lenta y aún no se haya llamado a declarar a ninguno de los presuntos responsables de la operación. En segundo lugar, es incomprensible que, mientras existen demandas por enriquecimiento ilícito contra el Santander, ningún juez, Andreu incluido, haya adoptado medidas cautelares para evitar que el banco cántabro desguazara el patrimonio del Popular y, por extensión, el de los accionistas en el caso de que la Justicia determinara la ilicitud de la operación. En tercer lugar, es ilógico que, con las evidencias publicadas por Diario16 respecto a la presunta nulidad de la intervención y posterior venta por un euro —firma «presuntamente» falsa de Saracho, finalización de la subasta fuera de plazo o inicio de los procesos de intervención sin que el Popular hubiera sido declarado likely to fail— ningún juez haya aplicado medidas cautelares o impuesto fianzas contra el Santander.
Esta posibilidad de que Andreu pudiera adoptar medidas hizo que, una vez que transcendiera a algunos medios afines al Santander, comenzaran a lanzar un ataque furibundo contra el juez llegando a utilizar términos que alguien podría interpretar como una descalificación directa. A medida que pasan los años, las personas vamos ganando en libertad y seguramente el juez Andreu estará en otras condiciones personales y profesionales que las que pudiera tener en el año 2.012 cuando archivó la causa del fraude fiscal de la familia Botín por las cuentas que tenía en el HSBC suizo al considerar que los banqueros habían reparado el pago de las deudas que tenían pendientes con los casi 200 millones de euros abonados por los Botín en las declaraciones complementarias por los 2.000 millones ocultos en Suiza.
Para que las más 305.000 familias arruinadas para rescatar al Santander puedan recuperar lo que se les hurtó en la madrugada del 7 de junio del año pasado, la Justicia deberá imponer estas medidas cautelares. Si, finalmente, Andreu lo hace podremos decir que nuestro tercer poder está siendo justo.
