En anteriores entregas de Notas para una querella ya hemos expuesto cómo la estrategia de ciertos bufetes de abogados de presentar el Caso Popular como un igual al Caso Bankia podría ser un grave error, sobre todo para los afectados que piensen que esta es la vía más rápida para recuperar el dinero que se les hurtó en la noche del 7 de junio de 2.017. Tal vez haya quien se esté queriendo aprovechar de la necesidad de quienes lo perdieron todo aquel fatídico día porque, tal y como ya hemos repetido en multitud de ocasiones, no estamos ante grandes inversores o especuladores sino de pensionistas, trabajadores, autónomos o pequeños empresarios.
Hay un dato que debería ser crucial para entender que la ampliación de 2.016 nada tuvo que ver con la caída del Banco Popular o que se presentaran unas cuentas que no se correspondían a la realidad de la entidad. De los 2.500 millones de euros de la ampliación, casi un 20% (495 millones) fueron invertidos por el propio Consejo de Administración de su propio patrimonio. No parece razonable, ni siquiera lógico, que tanto los consejeros como el presidente invirtiesen esa cantidad si la operación no hubiera sido transparente dado que esas personas sí que tenían un conocimiento real de las cuentas. Por lo tanto, si, tal y como afirman los bufetes que están queriendo comparar el Caso Popular con el Caso Bankia, las cuentas hubiesen estado falseadas los consejeros habrían demostrado una irresponsabilidad enorme aportando de su patrimonio esos 495 millones.
Por otro lado, en el Consejo celebrado el día 25 de junio de 2.016 el actual presidente de la CNMV, entonces en representación del bufete Linklaters, y un representante del banco suizo UBS intervinieron para indicar que la ampliación se consideraba, desde un punto de vista financiero, «muy oportuna», además de compartir el hecho de que era el momento conveniente para ejecutar tal acción de reforzamiento de capital. Además, en la propia documentación censurada que ha hecho pública la JUR se demuestra la solvencia del Popular, tal y como se puede comprobar en el contundente análisis elaborado por Quinn Emanuel Trial Lawyers, quien defiende los intereses de PIMCO.
El Banco Central Europeo, por su parte, a través del anterior vicepresidente, Vítor Constancio, insistió en que la falta de liquidez fue la causa principal de la intervención. El propio Luis de Guindos reconoció que en diciembre de 2.016 el Banco Popular cumplía con todos los requerimientos regulatorios de capital y mostraba una cobertura de los activos productivos del 52% gracias a la ampliación de provisiones y venta de activos crediticios tóxicos.
El propio Grupo Santander en el informe de auditoría que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2.017 ratifica que el banco era solvente y que la caída del Popular fue consecuencia de una grave crisis de liquidez que se produjo durante el segundo trimestre del año, es decir, una vez que Saracho tomó las riendas del banco.
