La operación de adquisición del 100% del capital del Popular por parte del Santander es nula ya que el Banco de España registró un día antes su autorización a la misma. En un documento al que ha tenido acceso Diario16, se puede comprobar que la fecha de registro se corresponde al día 6 de junio, cuando la sexta entidad financiera del país aún no había sido resuelta y había remitido a última hora de la tarde una nueva solicitud de liquidez de emergencia al supervisor.
El documento, dirigido a Jaime Ponce, presidente del FROB, indica que «En contestación a su escrito de 7 de junio de 2017, le comunico que, en el marco del proceso de resolución de Banco Popular Español S. A., la comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión del día de hoy, ha acordado no oponerse a la adquisición de una participación significativa del 100% del capital de Banco Popular Español S. A. por parte de Banco Santander S.A.».
Hasta aquí todo parecería normal si la fecha de registro del documento no fuera del día anterior, es decir, del 6 de junio:
Por tanto, todo parece indicar que estaba preparado para remitir en cuanto se comunicase la finalización de la operación, que tuvo lugar, a las 3.12 horas del día 7 de junio, fecha que está añadida a mano en el encabezamiento del documento del Banco de España.
La fecha de registro es la que da validez a cualquier documento administrativo, por tanto, el hecho de que se dé validez a un acto que aún no se ha producido en el momento de registrar dicho documento es causa absoluta de nulidad de la aprobación realizada por el Banco de España, en concreto, de la venta del Popular al Santander por un euro.
Por otro lado, como se puede leer en el documento, el supervisor indica que la no oposición a la operación se hace en función del escrito remitido por el FROB el día 7 de junio y a la reunión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España celebrada ese mismo día. Sin embargo, el documento está registrado el 6 de junio, por lo que este error sería la prueba de que todo estaba preparado y mostraría la presunta connivencia de las autoridades dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos con la operación.
