Rodrigo Echenique fue muy claro cuando afirmó en el Congreso de los Diputados que operaciones de la envergadura del Banco Popular no se hacen de un día para otro cuando respondió a la pregunta de Alberto Montero, diputado de Unidos Podemos, acerca de la amplitud de la información que publicaron en la CNMV como Hecho Relevante el día 7 de junio apenas 23 minutos después del anuncio de la compra por parte del Santander. Echenique tenía razón. La resolución del Popular se decidió en una reunión convocada por el Banco Central Europeo el día 2 de mayo, cuando la sexta entidad financiera del país disponía de 73.000 millones de liquidez.
El día 23 de mayo de 2.017, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) finalizó el diseño y publicó un borrador para normalizar las valoraciones de los bancos antes y después de que se produjera una resolución de una entidad de crédito, en concreto, los documentos EBA/RTS/2017/05 y EBA/RTS/2017/06. Ese mismo día se realiza de modo urgente la primera valoración del Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR). ¿Por qué ese día y no otro? La respuesta es sencilla: no se podía realizar dicha valoración sin que hubiera un documento normativo sobre el que apoyar las conclusiones de tal informe. La normativa sobre la que se apoya la Valoración 1 de la JUR es, precisamente, los dos documentos de la Autoridad Bancaria Europea publicados ese mismo día.
Casualmente, ese mismo día 23 de mayo se produjeron las declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, en Bloomberg que provocaron un pánico entre los depositantes y los mercados, unas palabras en las que, al nombrarse explícitamente al Banco Popular, se incumplió claramente el secreto profesional establecido en los artículos 84 y 96 de la Directiva 2014/57/UE de resolución de bancos.
Paralelamente a la Valoración 1, la JUR realiza el encargo a Deloitte para que realice su valoración, un documento que la propia auditora califica como provisional teniendo en cuenta la carencia de datos y el poco tiempo que se les dio para realizarlo (16 días) cuando lo habitual para confeccionar un documento de este tipo es, como mínimo, 60 días.
Al día siguiente, 24 de mayo de 2.017, la JUR requiere a Saracho toda la información necesaria para realizar la valoración, información que, tal y como indicó Deloitte, fue claramente insuficiente para poder confeccionar el informe.
La maquinaria para intervenir al Popular, rescatar al Santander y arruinar a más de 305.000 familias ya no paró. Tal y como hemos publicado en Diario16, el día 2 de junio por la noche Elke König envió por correo electrónico un documento encriptado a Jaime Ponce, presidente del FROB, y se convocó una reunión para el 3 por la mañana en la que se decidió iniciar el Proyecto Hipócrates, por el que la JUR autorizaba al FROB el comienzo del proceso de resolución del Banco Popular y la llamada a las cinco principales entidades bancarias españolas para que realizaran ofertas de compra una vez que el banco fuera resuelto, documento que hemos publicado en estas páginas.
La primera valoración de la JUR finaliza el día 5 y el 6 Deloitte presenta su informe, paralelamente a que Saracho cumpliera su trabajo y declarara la situación FOLTF (fail or likely to fail) en la reunión del Consejo de Administración del Popular.
Por su parte, el FROB envió a BBVA y Santander una carta que modificaba las condiciones de compra ya que solicitaba ofertas por el 100% de las acciones del Popular, es decir, que el organismo español cambió las condiciones que él mismo incluyó el día 4 cuando, a través de Arcano y Jeffries, remitió las misivas a Bankia, Sabadell, CaixaBank, BBVA y Santander. ¿Desde cuándo en un proceso de resolución se cambian las normas mientras las entidades están estudiando las condiciones por las que presentar sus ofertas? ¿Había miedo a que el BBVA presentara una oferta mejor que la del Santander?
Esa reunión convocada por el BCE el día 2 de junio de 2.017 y todos los procesos posteriores que se iniciaron provocaron un mecanismo de pánico que se retroalimentaba entre la liquidez del Popular y su valor en los mercados, tal y como podemos comprobar en esta gráfica:
En el momento en que el BCE convocó esa reunión, el Popular tenía 72.000 millones de euros y habían bajado 2.000 respecto al 15 de abril como consecuencia del discurso de Saracho en la Junta de Accionistas. Por tanto, el día 2 de mayo ya estaba todo preparado. El BCE había sentenciado al Banco Popular. Todo tenía que acabar el día 6 de junio, tal y como indirectamente reconoció el FROB en el cronograma que envió a las entidades bancarias el día 4 de junio. Como dijo aquél: «todo estaba atado y bien atado».
