El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, acusa a la Plataforma Pro Soterramiento del AVE en Murcia de ser una «entidad totalmente politizada, en manos de una formación política radical y antisistema, y que no está defendiendo los intereses de un barrio», en alusión a Santiago el Mayor.
A juicio de Bernabé, defender las obras del soterramiento es defender los intereses de los vecinos de la zona, pero no atacando las obras.
Según Bernabé, las obras «son legales; los proyectos están aprobados, y la Declaración de Impacto Ambiental es favorable, lo ha dicho ya la Audiencia Nacional».
Por último, comentó que no pasa «absolutamente nada si la Plataforma sigue con sus declaraciones, mientras estemos en ese campo no pasa nada, ahora si quieren vulnerar el orden público es cuando nos tendrán enfrente», advirtió.
Preguntado por la presencia policial del jueves durante las obras, respondió que fue «apropiada y adecuada a las circunstancias, hace falta que recuerde lo que pasó en el mes de septiembre; creo que no, eso no se volverá a producir», aseveró.
Más de 36 sanciones impuestas
La Delegación del Gobierno en la Región ha abierto un total de 36 expedientes sancionadores por infracciones en el ámbito administrativo cometidas en el entorno de las vías del tren a su paso por Murcia a propósito de las protestas por el soterramiento. Esta cifra supone un aumento de nueve presuntos infractores, después de que el pasado 20 de enero se cifrara en 27 el número de sancionados.
Así lo ha hecho saber el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Bernabé, en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por estas sanciones.
Bernabé ha destacado que todas las sanciones que se están imponiendo «vienen ocasionadas por vulneraciones del orden público, por altercados y desobediencia a la autoridad, por negativas a identificarse e, incluso, por conatos de agresión a los agentes de la autoridad».
«Todas están más que justificadas y vienen avaladas por informes de la Policía Nacional», según Bernabé, quien ha señalado que se trata de 36 expedientes sancionadores los que hay abiertos por parte de la Delegación del Gobierno en virtud de las denuncias de la Policía Nacional.
En este sentido, ha aclarado que no se trata de delitos, sino de multas por infracciones en el ámbito administrativo, y que las sanciones por este tipo de actos «rondan en torno a los 600 euros», aunque ha declarado que la horquilla permite a la Delegación del Gobierno llegar hasta los 3.000 euros cuando se trata de este tipo de sanciones.
No obstante, ha precisado que sólo a dos personas reincidentes se les ha elevado la cuantía de las multas hasta los 2.000 euros. El resto de sanciones se sitúan en torno los 600 euros, aunque también hay alguna de mil euros y otras de cien euros, en atención a la gravedad de los hechos.
