La empresa de ingeniería civil Canstruct International Pty Ltd ha asumido un contrato tóxico para gestionar las instalaciones en Nauru donde el gobierno australiano ha atrapado a personas refugiadas en un sistema que, según Amnistía Internacional, constituye tortura.
El acuerdo de Canstruct es, en principio, para gestionar los centros de tramitación de personas refugiadas en Australia, a los que se ha transferido a la fuerza a cientos de personas que trataban de pedir asilo en el país. Las propias autoridades australianas han admitido que este sistema es intencionalmente duro.
Según la directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, Audrey Gaughran “Lo que conmociona tan profundamente es que Canstruct ha asumido este contrato pese a las abundantísimas pruebas que muestran que todo el sistema de tratamiento extraterritorial australiano es inherentemente abusivo. La empresa proporcionará los servicios mismos que sostienen un sistema que mantiene a mujeres, hombres, niños y niñas atrapados en un círculo de crueldad y desesperación”.
El sistema de tramitación extraterritorial de personas refugiadas es tan deliberada e inherentemente cruel y abusivo que constituye tortura, una conclusión respaldada también por la propia ONU.
Estas personas refugiadas se encuentran atrapadas en un limbo jurídico y emocional en una isla en la que además corren peligro de ser víctimas de violencia. Han sufrido agresiones físicas y sexuales a manos de algunos miembros del personal de los centros de tramitación, así como violencia de la comunidad en general, sin que nadie haya rendido cuentas debidamente de sus actos.
Médicos y otros expertos han sacado a la luz el espantoso nivel de dolor mental y emocional experimentado por estas personas, muchas de las cuales han llegado a sufrir graves enfermedades mentales. El miedo y el aislamiento padecido se ve agravado por la falta de atención médica, lo que ha generado que haya personas con enfermedades crónicas que no pueden recibir tratamiento adecuado.
Canstruct asume el contrato de manos de otra empresa australiana, Broadspectrum, propiedad de la multinacional española Ferrovial.
Ferrovial, que ha recibido de grupos de derechos humanos críticas por el papel que ha representado, decidió concluir el contrato el 31 de octubre de este año, tras haber adquirido Broadspectrum en abril de 2016. Broadspectrum ha gestionado los centros de tramitación de Nauru desde septiembre de 2012.
Audrey Gaughran ha sido muy clara al respecto: “Broadspectrum y Ferrovial han ganado millones con el sufrimiento de personas que huyen de la persecución. Canstruct debe preguntarse si quiere ser la siguiente empresa que se convierta en cómplice de las políticas ilegales del gobierno australiano, y si está dispuesta a exponerse a demandas de responsabilidad legal por su complicidad en este sistema, como ya les ha sucedido a Broadspectrum y Ferrovial”.
