El obstruccionismo del Grupo Santander a la Justicia es cada día más evidente porque cada documento que publica Diario16 demuestra más que en la intervención y la posterior venta del Banco Popular por un euro al Santander se produjeron una serie de presuntos delitos. Para evitar esto la entidad presidida por Ana Patricia Botín está poniendo todas las trabas posibles para que toda esa documentación llegue a manos de los jueces y, de este modo, derivar toda la responsabilidad de la operación a las instituciones europeas. En el Santander han decidido no colaborar ninguneando a la Justicia y, por extensión, al pueblo español, no entregando documentación. Sólo un comportamiento irrespetuoso y dictatorial puede ser permitido por un gobierno como el del PP representado por el ministro Luis de Guindos. Con esta decisión el Santander se autoinculpa una vez más en este caso. Ante esto los jueces deberían hacer exactamente lo que hizo el juez Ruz y enviar a agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado a realizar registros en las distintas sedes donde pudiera hallarse esa documentación.
El ultimo hecho que demuestra ese obstruccionismo a la Justicia por parte del Santander lo encontramos en la negativa a entregar el acta del Consejo de Administración del día 6 de junio al Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Barcelona, donde se ha interpuesto una demanda presentada por un ahorrador que perdió 28.000 euros por la intervención del Popular. La Magistrada Yolanda Lucía Arrieta ordenó la entrega del documento integro, sin censuras ni tachaduras y todos los anexos correspondientes. Sin embargo, el Grupo Santander ha declarado dicho documento como «relevante» y se ha negado a entregarlo.
Sin embargo, ese documento crucial para entender el Caso Banco Popular ya lo tiene la Justicia porque el presidente del Consejo Editor de este medio lo depositó en la Audiencia Nacional el día 2 de noviembre del pasado año. El acta del Consejo de Administración celebrado el día 6 de junio, junto a todos sus anexos, es uno de los documentos que el juez Fernando Andreu ha incorporado a todas las causas del Banco Popular a instancias del Fiscal Anticorrupción. En ese consejo Emilio Saracho hizo una presentación apocalíptica de la situación en la que se encontraba la entidad para comunicar al MUR la inviabilidad del Popular, hecho que se comunicó a través de una carta con una firma «presuntamente» falsa para cuyo estudio ya se ha solicitado un examen pericial para determinar su veracidad.
Ese día el Popular tenía a su disposición:
- una ELA de 2.000 millones de euros,
- una oferta de compra de WiZink por 2.500 millones (una operación por la que el Santander ha ganado 600 millones),
- una oferta de ampliación de capital de Barclays de 4.000 millones,
- una oferta de ampliación de capital de Deutsche Bank de 4.000 millones,
- una oferta para vender TotalBank por 535 millones (que el Santander vendió por 70 millones menos).
