Sebastián Albella está viendo cómo la mano de la Justicia se puede estar cerniendo sobre él por su responsabilidad en la caída del Banco Popular. Por esta razón ha decidido lanzar una campaña de distracción a través de la apertura de un expediente a Ángel Ron y su equipo por el estado de las cuentas. Esto es sorprendente por las razones que ya explicamos en anteriores artículos, pero, sobre todo, porque fue el propio presidente de la CNMV quien, en el año 2.016 asesoró y dio el visto bueno a la ampliación de capital de junio que todos aquellos que fueron conniventes con la operación están utilizando como coartada para que la atención de la Justicia se centre ahí en vez de en los verdaderos responsables, además de los despachos de abogados que tienen conflicto de interés del Santander.
Albella tuvo en su mano frenar toda la operación desde el primer momento pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.
¿Qué habría pasado si Albella hubiese hecho como Liberbank y hubiera prohibido las operaciones a corto? El mercado habría frenado la caída y, además, habría tenido tiempo para recuperar el valor evitando, de este modo, el pánico en los clientes particulares e institucionales, además de la bajada del rating por parte de las agencias de calificación. El Popular habría tenido tiempo de aplicar suficientes medidas para frenar la crisis de liquidez si quien estaba al frente del banco hubiera poseído la intención real de hacerlo y no torpedear al Popular desde dentro. No obstante, eso no interesaba porque ya había una entidad que estaba esperando con los brazos abiertos a que Europa interviniera. Su salvación estaba en juego.
Por otro lado, Albella pasó por alto, a sabiendas o por ignorancia, las ofertas de ampliación de capital recibidas de Credit Suisse, Barclays y Deutsche Bank, hecho que habría provocado de inmediato la paralización de la cotización o, al menos, el mercado hubiera recibido un mensaje positivo con su correspondiente respuesta alcista. Si conoció el interés de estos tres grandes bancos y no hizo nada, podría haber incurrido en un presunto delito; si Saracho se lo ocultó porque, según él, eran cartas comerciales cuando, en realidad, estaban cruzándose correos durante varios días entre las distintas entidades, entonces la CNMV pasó por alto elementos de los que tenía que estar al corriente porque muchos inversores y muchos pequeños accionistas dependían de ello.
Para Sebastián Albella la negativa del juez Fernando Andreu de archivar parcialmente la pieza en la que se acusa a Emilio Saracho de manipulación del mercado fue una muy mala noticia, puesto que esa solicitud de sobreseimiento estaba basada en un informe de la propia CNMV. La reacción que tuvo fue la de un felino acorralado: atacar. Y lo hizo intentando desviar la atención nuevamente sobre la ampliación de capital y el estado de las cuentas del Popular durante la presidencia de Ángel Ron, algo que él mismo y otras grandes compañías habían dado por buenas.
Esa estrategia de salvamento de quienes son los verdaderos responsables choca, precisamente, con las versiones dadas por el resto del mundo financiero. El informe de la CNMV llega, incluso, a afirmar que el banco no era solvente cuando, desde el propio Santander, pasando por el Banco de España, el BCE o la JUR —además del informe de Deloitte— se indica claramente que la caída del Popular fue causada por una crisis de liquidez y que el banco era solvente.
La ineficacia de la CNMV presidida por Albella se demuestra, además, porque la institución reguladora de los mercados tiene la obligación de comprobar que la información financiera que proporcionan las cotizadas cumple con la normativa. En el caso del Popular, tanto PwC como el informe independiente de KPMG indican que el modelo contable de cálculo de pérdidas de la entonces sexta entidad española cumplía con pulcritud las normas establecidas.
El problema con el que se encuentra Albella es que el Banco de España, en el informe entregado a la Audiencia Nacional, demuestra claramente que no existió ningún tipo de delito en las cuentas del Popular.
En consecuencia, Sebastián Albella quiere aparecer como víctima y no como verdugo del Banco Popular, algo que muchos de los que formaron el equipo de Luis de Guindos están intentando, tal y como hicieron en Nuremberg algunos de los acusados cuando alegaron que sólo cumplieron órdenes.
