Pasó lo que tenía que pasar y Andreu no defrauda. Su amistad con abogados asesores del Santander o acciones suyas del pasado que beneficiaron a la entidad cántabra como, por ejemplo, el archivo de la causa por los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, hace que tanto afectados como despachos de abogados sin conflicto de interés con el banco presidido por Ana Patricia Botín, estén pensándose recusar al juez por presunta falta de parcialidad en el Caso Banco Popular.
A pesar de que el 30 de agosto tomó una decisión lógica al requerir información, a través de una diligencia, al Santander sin ningún tipo de censura, completa y en castellano, teniendo en cuenta que el banco cántabro sólo había remitido 12 documentos, unos meses antes Andreu, el 18 de junio, había dictado un auto en el que admitía a trámite una querella presentada por la Asociación Apabanc contra el ex director financiero de Banco Popular, Javier Moreno Navarro, por su participación en la elaboración de las cuentas sobre las que se sostuvo la ampliación de capital de 2.016.
A estas alturas de la historia sorprende que aún se sigan presentando querellas o demandas basadas en la ampliación de capital o en las cuentas del Banco Popular. La ampliación de capital no tuvo nada que ver con la caída e intervención de la sexta entidad financiera de España. Esto es algo que han reconocido organismos como la JUR, el BCE, el Banco de España o la CNMV e, incluso, el propio Banco Santander. Todos han coincidido en que la inviabilidad del Popular estuvo provocada por la grave crisis de liquidez del segundo trimestre de 2.017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho. Buscar una responsabilidad en la ampliación de capital es muy complicado puesto que las cuentas del Popular no sólo estuvieron auditadas por PwC sino por otras tres empresas que llegaron a las mismas conclusiones que la auditoría de Price Waterhouse Cooper.
Hay que recordar nuevamente que la ampliación de capital de 2.016 era sólo una parte de un plan de negocio, aprobado por el Banco de España y el Ministerio de Economía de Luis de Guindos, que contenía otras medidas que, de haberse puesto en práctica, habrían colocado al Popular en una situación muy diferente a la que lo llevó Emilio Saracho. Sin embargo, había alguien que necesitaba al Popular porque en España lleva cuatro años sin ganar dinero, tal y como reconoció el Consejero Delegado del Santander, José Antonio Álvarez, cuatro años que, curiosamente, coinciden con los años en que se produjo el relevo en la presidencia del banco cántabro tras la muerte de Emilio Botín.
Por todo lo anterior, sorprende que una asociación como Apabanc, que se ha caracterizado por defender a los pequeños accionistas de las entidades bancarias frente a abusos tan graves de la banca como las cláusulas suelo, los Valores del Santander, la venta del Banco de Valencia, las cláusulas suelo o las preferentes de Bankia, por citar algunas, tenga como estrategia buscar la solución para los afectados del Popular a los que representan por la vía de las cuentas y de la ampliación de capital cuando, en este caso, la responsabilidad está en el Santander y en los responsables del equipo de Saracho que fueron los que llevaron al Popular a la crisis de liquidez que todos coinciden en que fue la principal causa de la caída de la sexta entidad financiera de España.
