El único objetivo que está moviendo a Diario16 a continuar con la investigación del Caso Banco Popular es que se haga justicia y las más de 305.000 familias afectadas cobren el dinero que en la madrugada del 6 al 7 de junio les fue arrebatado. Nuestro objetivo periodístico es informar en libertad, poniendo en el lugar que le corresponde a un medio de comunicación independiente obligado a cumplir con el sagrado deber del que se ha dado en llamar «Cuarto Poder», en este caso limpio, desde la verdad y la razón sin miedo, denunciando los cómplices silencios y con el único fin de serle útil a la sociedad ante las dictaduras privadas que la están manejando y atenazando continuamente.
Los últimos acontecimientos en el Caso Banco Popular, entre los que destaca la decisión adoptada por el Santander de eliminar la personalidad jurídica del banco intervenido, nos ha llevado a realizar un trabajo periodístico con base legal en el que dar a los afectados una guía de argumentos para plantear sus demandas, querellas o denuncias contra los verdaderos responsables de la ruina de más de 305.000 familias.
A todo lo anterior hay que unir las estrategias legales presuntamente orientadas a la protección del Banco de Santander para que no tenga que hacer frente a su responsabilidad en la operación. Hemos visto cómo bufetes de abogados intentaron llevar a los afectados por laberintos procesales ocultando sus conflictos de interés con el banco cántabro. Ahora estamos viendo cómo otros despachos de abogados están intentando hacer un planteamiento similar entre el Caso Banco Popular y el Caso Bankia, obteniendo sentencias favorables en primera instancia pero que, según las fuentes judiciales consultadas por Diario16, tienen poco recorrido en las apelaciones o en los recursos ante instancias superiores. Si el Santander, como responsable solidario del Popular, no recurre estas sentencias será el hecho que descubra que posiblemente nos encontremos ante otra de las estratagemas legales de los cántabros.
El Banco Popular era una entidad solvente y con un patrimonio neto de más de 11.000 millones de euros al cierre de 2.016, según resulta de sus documentos contables, firmados por distintos auditores y expertos en la materia, publicados en los registros públicos, avalados por las declaraciones de los reguladores y las más altas autoridades económicas del país. Sin embargo, a través de una carta presuntamente firmada por Emilio Saracho el día 6 de junio de 2.017 y, supuestamente, previo acuerdo del Consejo de Administración, se declaraba inviable a la entidad a causa de una crisis idiosincrásica de liquidez, razón por la que fue intervenido por la Junta Única de Resolución (JUR) y vendido al Banco Santander por un euro dejando en la ruina a más de 305.000 familias. Las cuestiones principales de la operación ya han sido expuestas por Diario16 con informaciones documentadas. No obstante, son muchos los afectados que se ponen en contacto con nosotros para pedirnos consejo a la hora de plantear sus reclamaciones judiciales. Hay un hecho que es definitorio: el Popular no cayó por las ampliaciones de capital sino por las consecuencias de la gestión de Emilio Saracho.
Nosotros no decimos lo que los afectados tienen o no tienen que hacer. Con las publicaciones de los próximos días de esta serie a la que llamaremos Notas para una querella, pretendemos exponer argumentos para que se puedan, o no, utilizar en las acciones judiciales que se quieran interponer.
En Notas para una querella hablaremos, entre otras cosas, de:
- Las cuentas del Popular: solvencia demostrada en el día de la resolución.
- La intervención se produjo durante el mandato de Emilio Saracho
- Seguimiento del plan de actuación de liquidez
- Información confidencial e información de empresas a un competidor
- Reunión de Emilio Saracho en Nueva York con Jamie Dimon, Consejero de JP Morgan
- El proceso Discovery frente a frente
- La verdadera estrategia con el Banco Popular
- Actuaciones deliberadas para bajar el precio de la acción
- Banco Popular contaba con 10.600 millones en abril
- La tensa Junta de Accionistas del 10 de abril de 2.017
- La fuga de depósitos: de 80.205 millones a 70.776 el 20 de mayo
- Conversaciones entre Emilio Saracho y Antonio San José
- La contratación de JP Morgan por el Banco Popular de Saracho
- El procedimiento de la intervención
- El acta del 23 de noviembre de 2.016: aprobación de Sunrise
- Cartas de Deutsche Bank, Barclays y BCI
- Informe de HSBC de octubre de 2.017
- El Acuerdo de Saracho y el Santander
- La cartera y la renta fija
- Santander fue beneficiario: enriquecimiento presuntamente ilícito
- Santander vendió a BlackStone una compañía en la que se reagrupaba todo el riesgo inmobiliario del Popular
- Para Ana Patricia Botín está resultando como tirar a puerta vacía
- Santander se beneficia de la venta de WiZink (Värde)
- ¿Qué pagaron los accionistas del Popular en beneficio del Santander?
- Apuntes sobre posibles tipos penales:
- Administración desleal
- Revelación de secretos
- Alteración del mercado
- Corrupción en los negocios
- Apuntes sobre delitos societarios:
- Imposición abusiva de acuerdos societarios
A partir de aquí cada cual podrá ver o utilizar estos argumentos de la manera en que, tanto los afectados como sus abogados, determinen.
