Tal y como publicábamos en el día de ayer, fuentes jurídicas consultadas por Diario16 nos confirmaron que el informe de valoración 3 hecho público por Deloitte en el mes de abril de 2018 está basado en un Reglamento que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el día 9 de marzo.
En concreto, Deloitte afirmó en su valoración que había entregado el informe a la Junta Única de Resolución (JUR) el día 23 de marzo, es decir, sólo unos días después de que el Reglamento fuera publicado en el DOUE.
Sin embargo, el escándalo va aún más allá si tenemos en cuenta los procedimientos de entrada en vigor de los Reglamentos europeos. Al que nos estamos refiriendo se publicó en el DOUE el día 9 de marzo. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en España en que la entrada en vigor se corresponde con la fecha en que se publica el correspondiente texto legal en el Boletín Oficial del Estado, en Europa tiene un periodo de carencia de 20 días. Por lo tanto, dicha norma no era efectiva hasta el 29 de marzo y Deloitte entregó el informe de valoración 3 a la JUR el 23, seis días antes.
Esta es la mejor demostración de que el Reglamento fue creado ex profeso para que el informe presentado por la consultora y aceptado por la Junta Única de Resolución tuviera apariencia de legalidad cuando, en realidad, todas estas irregularidades dan nuevos motivos a los afectados para solicitar ante la Justicia la nulidad de la resolución y, por ende, de la venta por un euro al Santander.
Como hemos indicado en multitud de ocasiones, la resolución del Banco Popular y su camino judicial se están convirtiendo en la mejor muestra de cómo las instituciones que deberían supervisar al sector financiero se ponen, precisamente, al servicio de esas entidades cuando tienen necesidades o se encuentran en serio peligro de quiebra, sin importar las consecuencias que puedan surgir. La improvisación de un método de resolución, la aplicación de un sistema pensado para problemas de solvencia, la aceptación de informes de liquidación cuando el Popular no estaba quebrado, etc. forman un círculo de inseguridad a todos los ciudadanos europeos en el que nadie está a salvo cuando un gigante encuentra dificultades.
No obstante, esa improvisación, precisamente, generó tantos errores que se están convirtiendo en causas de anulación. ¿A qué espera la Justicia?