La United States District Court Southern District of New York ha dictado sentencia en favor de Antonio del Valle y algunos de los fondos de inversión afectados por la resolución del Banco Popular (PIMCO, Anchorage Capital) y ha determinado que el Santander está obligado a entregar toda la documentación de la que disponga sobre el proceso del Banco Popular. En concreto, sentencia, a la que ha tenido acceso Diario16, es concluyente al afirmar que «Santander cuenta con información única e importante sobre la adquisición forzosa de BPE. Esto es de importancia crítica para los procedimientos en el extranjero y para los inminentes procesos internacionales y procedimientos de arbitraje. Este tribunal debe conceder a los peticionarios y conceder permiso para el acceso a esa documentación en virtud de la sección 1782 en ayuda de esos procedimientos».
Es evidente que esta resolución de la Justicia estadounidense deja dos consecuencias importantes para el Caso Banco Popular. En primer lugar, la actitud de opacidad con los afectados del Santander es contraria a la ley, por mucho que en España la entidad tenga una protección por parte de la Administración de Justicia que roza con la impunidad o la inviolabilidad. Este aspecto es fundamental para entender lo que ocurrió con el Banco Popular: organizaron una operación a la carta de las necesidades de la entidad presidida por Ana Patricia Botín porque pensaban que tenían la impunidad que les ha dado históricamente la Justicia española. La Doctrina Botín, las jubilaciones millonarias de Amusátegui y Corcóstegui o el archivo por parte del juez Fernando Andreu de la causa por los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Sin embargo, el Santander, a diferencia de otras macrocausas, no contó con que en el Caso Banco Popular hay afectados que disponen de muchos recursos tanto para litigar fuera de España como para contratar a bufetes de prestigio mundial que tienen, por lo menos, la misma influencia en las instituciones que el banco cántabro, cuando no más.
En segundo término, la Justicia de los Estados Unidos ha dejado en ridículo a la española o la europea, porque ha tomado esta decisión en menos de 7 meses, cuando en la Audiencia Nacional aún se ha llamado a declarar siquiera a nadie. Como dijo Elpidio Silva, «no existe ningún tipo de instrucción» en el Caso Banco Popular. Está pasando el tiempo y no se han tomado medidas cautelares mientras el Santander sigue rentabilizando la operación a través de los acuerdos firmados con fondos buitre, con la venta de los activos no estratégicos que Saracho se negó a vender, con el cobro de los créditos fiscales, con la emisión de deuda a través del Popular o con la propia generación de negocio en sectores en los que la entidad presidida por Ana Patricia Botín tenía una presencia insignificante como, por ejemplo, las Pymes.
La decisión de la Corte de Nueva York de obligar al Santander a dar acceso a los afectados a la documentación crítica de la operación supone un vuelco para quienes, escudándose en la opacidad, pretendían agotar todas las vías y llevar la causa hacia su archivo. Ahora los despachos de abogados sin conflicto de interés tienen la posibilidad de reclamar esa documentación que se pretendía que quedara oculta.
Por otro lado, el Caso Banco Popular se está convirtiendo en un nuevo motivo de desprestigio de la Justicia española. Son ya demasiadas cosas que están provocando que en las democracias desarrolladas vean a nuestro país como un lugar donde la Justicia está al servicio de los poderosos y no protege al pueblo. Lo estamos viendo en la causa del Procés, donde ya ha habido dos países que niegan la existencia de la mayoría de los delitos que se les imputan a los presos o a quienes se encuentran fuera del país; la reunión de los jueces de lo contencioso del Tribunal Supremo para frenar la sentencia sobre los impuestos que la banca debería pagar y que hasta ahora se cargaban al consumidor; las puertas giratorias de jueces y fiscales que, como ya publicamos en Diario16, se convierten en abogados defensores del Santander; ex jueces que ganan dinero en conferencias pagadas por el Santander o en fundaciones latinoamericanas presididas por corruptos; juzgados que siempre fallan en favor de la entidad presidida por Ana Patricia Botín; antiguos presidentes, como Corcóstegui, que no tienen ningún problema para pasearse por la Audiencia Nacional e influir en los casos en los que está implicado el Santander; la presencia del juez instructor del Caso Banco Popular en presentaciones de libros de autores que son asesores/lobistas de la entidad cántabra, publicación que recibió las «bendiciones» de Ana Patricia Botín.
En Estados Unidos el Santander no es impune a la Justicia y, por eso, los tribunales dictan sentencias favorables a los afectados de esta «presunta» estafa que dejó en la ruina a más de 305.000 familias.
