El diario económico Expansión ha publicado en estos días una entrevista con la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, en la que, entre sus valoraciones afirmó que subestimó las consecuencias del caso Banco Popular. Según la señora König, «Lo que he subestimado es el ruido que ha rodeado este caso. Cuando tuve mi aparición ante el Parlamento Europeo, algunos afectados habían hecho lobby para asesorar a los diputados sobre qué me tenían que preguntar». Cuando habla de hacer lobby se refiere a que varios grupos de afectados se dirigieron a los representantes del pueblo europeo para hacerles ver las acciones que las instituciones dependientes del Banco Central Europeo habían realizado para rescatar al Santander y que tuvo como consecuencia la ruina de mas de 305.000 familias españolas. ¿Acaso se pensaron que se quedarían quietos y aceptarían la resolución y la ruina sin moverse? ¿Tal es su grado de impunidad que piensan que sus decisiones son irrebatibles o que no están sujetas al imperio de la Ley? ¿O es que los afectados no tienen derecho a asesorar a sus representantes para que, en primer lugar, sepan lo que ha ocurrido y, en segundo lugar, mostrar a los políticos los presuntos delitos que se han podido cometer en este caso?
Por otro lado, la señora König en esa entrevista vuelve a mentir cuando afirma que «Ya hay un informe de Deloitte que hemos publicado». Es cierto que publicaron algo similar a un informe que más bien parecía las conclusiones de la Comisión Warren o la desclasificación de los documentos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Estaba absolutamente censurado en los puntos fundamentales, en los puntos en los que se podría haber determinado si Deloitte —o quien dirigiera desde la sombra dicho informe— hizo unos cálculos ajustados a la verdadera realidad del Banco Popular. Es la misma situación que se dio cuando compareció en el Congreso de los Diputados donde, como ya informamos en Diario16, Frau König mintió a los legítimos representantes del pueblo español. En una entrevista periodística los embustes no tienen consecuencias penales, sin embargo, mentir en una Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados está castigado con penas de cárcel de entre 3 y 22 meses, según el Código Penal español.
La opacidad respecto a los documentos que han aplicado la JUR y el BCE, en base al argumentario diseñado por el bufete de abogados Linklaters —por cierto, el mismo despacho para el que trabajó Sebastián Albella, presidente de la CNMV, y que asesoró al Banco Popular respecto a la ampliación de capital de 2.016— es uno de los puntos con los que se están topando los afectados y la misma Justicia española. La negación de documentos va en contra de los principios de transparencia del Tratado de la Unión Europea. Esta es una de las razones por las que distintos prestigiosos juristas consultados por Diario16 nos han confirmado que el Caso Banco Popular se va a ganar porque «Europa va a ceder». La UE no puede soportar un escándalo de esta magnitud cuando se ha utilizado a la sexta entidad financiera de la cuarta economía de la Eurozona para hacer experimentos respecto al Mecanismo Único de Resolución y comprobar su eficacia, olvidándose de que con ello han provocado la ruina de más de 305.000 familias.
En la entrevista con Expansión, Elke König no se hace mención al correo electrónico encriptado que envió a Jaime Ponce en la noche del día 2 de junio:
¿Qué se indicaba en ese documento preservado con contraseña y que dirigía a Emilio Saracho y a Jaime Ponce? Hay que recordar que en esa reunión que indica el presidente del FROB se decidió la intervención del Banco Popular y se inició todo el proceso de recogida de ofertas por parte de las otras cinco entidades financieras españolas. Esto era algo de lo que tendría que haber informado a los representantes del pueblo europeo y español, además de a los afectados que se han dirigido a la JUR solicitando información a través de sus respectivos despachos de abogados. Tal vez, ese documento también puede afectar a los intereses comerciales del Santander y de ahí su ocultismo.
Tal vez, la solución penal no sólo haya que aplicarla al Santander, sino a Europa y que sean los tribunales españoles los que determinen las responsabilidades. Por de pronto, Frau König ya mintió en sede parlamentaria y eso es delito.
