Tal y como venimos contando en Diario16 desde hace más de un año y medio, la operación organizada para rescatar al Santander con la connivencia de todos los organismos dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos y de las instituciones europeas tiene tal cantidad de irregularidades que la Justicia sólo debería tener el camino de la anulación o de que el banco presidido por Ana Patricia Botín alcance llegue a acuerdos extrajudiciales con los afectados.
Las últimas decisiones judiciales han ido en contra de los intereses del Santander. El juez Andreu, a pesar de su atonía, obligó a la entidad a entregar toda la documentación y desclasificó documentación que pretendían que se mantuviera en secreto. El TGUE tiene claro que la JUR pudo cometer graves irregularidades en el proceso de resolución y, por ello, va a juzgarla por seis presuntos delitos. La Justicia de los Estados Unidos también ha obligado al Santander a hacer entrega de la documentación a los afectados. Este vuelco en las decisiones adoptadas por los tribunales está provocando una reacción virulenta por parte de los organismos que estuvieron, de un modo u otro, presuntamente implicados en la operación.
El último de estos movimientos ha sido la apertura de expediente por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Ángel Ron y a sus consejeros por, en principio, no informar de forma veraz de las cuentas del Popular. No obstante, tal y como hemos informado en Diario16 y ha corroborado el propio Santander, el estado de las cuentas del Popular era correcto y no había ningún tipo de irregularidad en las mismas.
Sebastián Albella es uno de los pocos hombres que quedan del equipo económico de Luis de Guindos en la administración y, por lo tanto, tiene una responsabilidad en la ruina de más de 305.000 personas. La posible apertura de expediente comunicada por la CNMV de Albella se ha realizado sin ningún tipo de procedimiento de instrucción, amparándose en la re-expresión de Saracho. Albella abre expediente y lo suspende, con la única finalidad de poder darle publicidad, sin ningún tipo de instrucción, ni prueba, ni posibilidad de alegaciones y lo publica, basándose en un artículo que entró en vigor el 30 de septiembre y que le permite publicar cualquier cosa sobre quien el decida, es decir, decide la CNMV que apertura de expedientes sin estar resueltos. El primero fue Borrell, ahora Ron, para que salgan titulares desacreditando. ¿Teme Albella que salga a la luz la verdad?
Ante este informe, Ángel Ron ha emitido un comunicado en el que incide en los siguientes argumentos que desmienten la información dada por la entidad presidida por Sebastián Albella:
- Se trata del mismo informe que en su día se aportó por la CNMV a la Audiencia Nacional.
- Vulnera los más elementales derechos a la defensa a ser oído, a la presunción de inocencia, al procedimiento legalmente establecido y con garantías y se ha llevado a cabo sin ningún tipo de investigación, instrucción o prueba contradictoria, que permita las graves acusaciones que contiene.
- Tiene contenido calumnioso.
- No constituye ni deriva de ningún tipo de resolución, para la cual se haya seguido procedimiento alguno de investigación, por lo que su publicación, no tiene más finalidad, ni interés, que el de desacreditar a las personas, a una entidad y a un Consejo, cuando todos los documentos que obran en las Diligencias Penales ponen de manifiesto que se ha actuado de manera íntegra, transparente, legal, y de acuerdo a normas y directrices de los órganos supervisores.
- La publicación por parte de la CNMV no constituye obligación legal alguna, desconociendo por mi parte cuál es el interés o el fin último de esta publicación.
- En definitiva, las cuentas del 2016 expresaban la imagen fiel de la entidad. Cabe recordar que la ampliación de capital fue asesorada legalmente por quien hoy preside la CNMV y que las cuentas de ese año fueron ratificadas por los auditores y los reguladores; así como, que en el Acta del Consejo, celebrado el 2/4/2017 consta la intervención, conocimiento, supervisión y visto bueno de la CNMV, para el sometimiento de las mismas cuentas, con la calificación de re-expresión no significativa a la Junta General de Accionistas de 10/04/2017, bajo la presidencia del señor Saracho y que se aprobaron con más del 93% y con el 98%, la gestión social.
La CNMV tuvo un papel crucial en la estrategia de acoso y derribo al Popular. Permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.
Por otro lado, tal y como indica el comunicado de Ángel Ron, Sebastián Albella, trabajó en el despacho Linklaters y fue quien supervisó la ampliación del Popular de 2.016, llegando a intervenir, incluso, en una reunión del Consejo de Administración. Ese mismo bufete de abogados es el que contrató la JUR para realizar el argumentario que está siguiendo para negar la documentación a los afectados.
Por otro lado, la propia Justicia está archivando en Tribunales Superiores de Justicia o en Audiencias Provinciales las sentencias de los juzgados de primera instancia que tomaban la ampliación de capital y el estado de las cuentas del Popular para condenar a la entidad a devolver el precio de las acciones, una estrategia errónea por parte de despachos de abogados con conflicto de interés con el Santander o sin escrúpulos que se quieren aprovechar de la situación límite en la que se encuentran muchas de las 305.000 familias afectadas.
No se trata de defender a Ángel Ron, se trata de que los argumentos de este expediente de la CNMV no tienen otra intención que la de seguir defendiendo al Santander.
