En artículos anteriores hemos recopilado a quienes presuntamente se enriquecieron de forma ilícita a costa de los 305.000 afectados del Banco Popular. También hemos visto cómo hubo quién se benefició. Sin embargo, para que esta operación produjera enriquecimiento para el Santander y Saracho, y que se beneficiaran todas las empresas y entidades citadas, era necesaria la participación de una serie de colaboradores necesarios.
El primero de estos colaboradores necesarios no es otro que el propio ministro Luis de Guindos quien, desde su posición, fue el que, en primer lugar, aprobó la operación porque se encontraba dentro de su plan de concentración bancaria, en segundo lugar, porque era el único modo de evitar que el Santander quebrara, en tercer lugar, porque tenía bajo su responsabilidad a los organismos reguladores que miraron hacia otro lado mientras el Popular era atacado de manera inmisericorde por el mercado o se realizaban provisiones de productos «no tóxicos»; en cuarto lugar, su acceso tanto a información privilegiada como la capacidad de informar a todo el Gobierno de dicha información pudo haber provocado que se dieran presuntas filtraciones e informes, ya fueran de la situación del Popular, ya fueran de la propia operación, para que las empresas públicas u organismos públicos retiraran depósitos que generaran una gran crisis de liquidez. Luis de Guindos presuntamente tuvo responsabilidad directa sobre las salidas de depósitos de los días 5 y 6 de junio de instituciones, organismos y empresas públicas, algunas de ellas dependientes directamente de su ministerio como, por ejemplo, la Sareb o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quienes retiraron más de 4.000 millones de euros, por no hablar de la Tesorería General de la Seguridad Social o de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de importancia. La excusa de las calificaciones de rating no es creíble puesto que las rebajas del rating se produjeron en mayo y la última fue el mismo día 6 de junio cuando ya se habían realizado la gran mayoría de las retiradas.
El segundo de los colaboradores necesarios fue el Banco de España quien aceptó sin ningún problema y dio su aquiescencia al proyecto que le presentaron Reyes Calderón y Antonio del Valle para provocar la destitución de Ángel Ron, además de bendecir la llegada de Emilio Saracho. ¿Cómo el Banco de España, el ministerio de Economía y su titular pudieron permitir que un banquero de inversión se pusiera al frente de un banco comercial que, además, estaba pasando una pequeña crisis provocada por los primeros ataques de los mercados movidos por Antonio del Valle? Lo permitieron porque estaba en el plan que el propio Saracho anunció apenas tres meses después de la reunión de Ana Patricia Botín y Luis de Guindos.
El Banco de España, además, permitió sin poner ningún problema que Emilio Saracho, en su necesidad por descapitalizar al Banco Popular cuanto antes mejor, provisionara activos crediticios al corriente de pago. No sólo los provisionó, sino que lo hizo con un valor superior, es decir, sobre-provisionó. El Banco de España, dependiente de Economía y, por tanto, de Luis de Guindos, permitió que se cometiera un hecho ilegal al no impedir dicha sobre provisión en activos crediticios no tóxicos.
Además, el Banco de España no obligó a Saracho a presentar todas las garantías de las que disponía, según lo afirmado por el propio subgobernador, a la hora de solicitar el Banco Popular a la totalidad de la ELA por valor de 9.500 millones.
La colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la operación fue fundamental. Su principal implicación y, por extensión, Luis de Guindos como ministro de Economía, se encuentra en la inactividad ante los ataques bajistas de Marshall Wace (JP Morgan) y BlackRock y la no paralización de la cotización del Popular aún teniendo todos los datos, tal y como reconoció el propio De Guindos en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Teniendo en cuenta que tanto Marshall Wace como BlakRock llegaron a ocupar un 24% del capital bursátil del Popular, el no paralizar la cotización es una demostración de que no había intención de pararla o de prohibir las operaciones a corto.
En referencia a esto, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Audiencia Nacional ya tienen documentación sobre esta manipulación del mercado y han encargado una investigación para esclarecer el asunto, además de admitir a trámite varias denuncias relacionadas con ello.
Por otro lado, tras la intervención, la CNMV no inició una investigación de por qué el Banco de Santander presentó un documento como Hecho Relevante en el que explicitaba absolutamente todos los beneficios de la operación de compra por un euro del Popular, de los cálculos de rentabilidad de la operación, del posicionamiento dentro de los distintos mercados en los que operaban ambas entidades, incluyendo datos internos del Popular, apenas 22 minutos después de la publicación del Hecho Relevante en el que se comunicaba el cierre de la operación.
La implicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, por consiguiente, del Ministerio de Economía de Luis de Guindos, es clara. Durante la semana previa a la intervención se estuvieron cruzando correos de manera constante entre Elke König y Jaime Ponce, correos que en algunos casos, como ocurrió la noche del 2 al 3 de junio, iban encriptados lo que indica que había una pretensión clara de ocultación de datos. Teniendo en cuenta lo que ocurrió a partir del día 3 de junio podemos suponer que König ordenaba a Ponce que se iniciara el procedimiento de intervención del Banco Popular. Hay que recordar que, según la propia JUR, el Popular era una entidad con solvencia suficiente el día 5 de junio y, aún así, el día 3 estaba iniciando los procedimientos de la intervención. Para ello, el FROB contrata a Jefferies Arcano, empresa sita en el mismo edificio del Banco Popular (Edificio Beatriz), para comunicar a Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell que se iniciaba el «Proyecto Confidencial Hipócrates» —Hipócrates es el nombre en clave que se le da a Popular— para conocer si estas entidades están interesadas en entrar en la subasta posterior a la intervención. Finalmente sólo aceptaron Santander y BBVA. Todos estos movimientos tenían que estar en conocimiento de Luis de Guindos, igual que tuvo que ser conocido por el ministro que a BBVA no se le permitió más tiempo para analizar los datos de la Virtual Data Room y que, por esta razón, el banco vizcaíno presentó en la subasta de la madrugada del 7 de junio un sobre vacío. Hay confirmación de que el Santander se presentó a dicha subasta con dos sobres, uno con una oferta de 3.000 millones y otro con 1 euro y que se les transmitió la información de que BBVA no iba a pujar, por lo que entregaron el sobre de 1 euro. ¿Quién filtró esa información al Santander? Evidentemente, alguien conocedor de las intenciones de la entidad presidida por Francisco González, es decir, alguien próximo al ministro de Economía, cuando no él mismo.
Finalmente, para la ejecución de la operación fue fundamental la colaboración de las instituciones europeas, tanto de la JUR como del Banco Central Europeo. La JUR aplicó en pocas horas un proceso de resolución que, en otros casos, hubiera llevado días para implementar. Además, aplicó un doble rasero que vimos con lo ocurrido una semana después con los bancos italianos y en esta semana con el banco letón ABLV que no fue resuelta sino que entró en concurso de acreedores. Por otro lado, que la JUR no actuó de manera limpia en el caso del Banco Popular queda demostrado en la opacidad en la publicación de los documentos sobre los que se asentó la decisión, las mentiras de Elke König en el Congreso de los Diputados, no tener en cuenta las ofertas tanto de ampliación de capital para el Popular y, sobre todo, la rapidez. Normalmente, las resoluciones de entidades bancarias se realizan en fin de semana para que no afecten al mercado. En este caso, se hizo un miércoles. Había prisa y se demostró porque el Popular pudo haber abierto sus oficinas al día siguiente.
Con todos estos datos, con todos los documentos publicados —y los que aún nos quedan por publicar—, ¿quién puede pensar ahora que no se produjo una «presunta» en el Caso Banco Popular?
