Tal y como informábamos ayer en Diario16, en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se determinará si el IRPH es un índice abusivo y su nulidad, la representante de la abogacía del Estado, María José García Valdecasas-Dorrego, realizó una intervención que bien podría haber hecho cualquier abogado defensor de la banca, sobre todo cuando solicitó al TJUE que, en caso de que el Tribunal determinase la nulidad del IRPH, no se aplicase ningún tipo de retroactividad puesto se provocaría un grave perjuicio económico. ¿A quién? Evidentemente, a la banca, no al Estado.
Esta defensa a ultranza a los intereses del sector financiero es muy previsible que se vuelva a repetir en el Caso Banco Popular, dado que, en noviembre de 2017, a través del Ministerio de Exteriores, solicitó ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) «ser admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR». En concreto ese documento, al que tuvo acceso Diario16, afirma lo siguiente:
«El Reino de España, representado por don Santiago Jiménez García, Abogado del Estado de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, siendo el domicilio de notificación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación […], tiene el honor de solicitar ante ese Tribunal, conforme a las disposiciones conjuntas del artículo 40 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el ser admitido a intervenir en el precipitado asunto en apoyo de la Junta Única de Resolución». Además, ese documento, el Estado afirma que «si el Reino de España es admitido a intervenir en este procedimiento, solicitará del Tribunal General que desestime el recurso de anulación» de la intervención del Banco Popular.
El documento, además, hace referencia a los procedimientos en los que los afectados solicitan la nulidad total o parcial de la decisión de la JUR de intervenir el Banco Popular y realizar una valoración «justa, real y equitativa del Banco Popular Español» que conlleve la devolución del dinero que les fue arrebatado a los afectados en la madrugada del 7 de junio de 2017 pero en base a esa nueva valoración que se ajustaría, en concreto, al valor real del Banco Popular, no sólo del valor bursátil.
Por tanto, el Estado se pondrá en contra de los intereses de los afectados del Banco Popular y, por consiguiente, a favor del Santander puesto que apoyar a la JUR supone, indirectamente, estar a favor del banco cántabro. En un Estado de Derecho no es concebible que se pongan a disposición del sector financiero los recursos del Estado.
La solicitud para que el Reino de España fuese uno de los defensores de la JUR en contra de los afectados del Popular fue admitida por el TGUE el pasado día 5 de julio, por lo que el Estado español, desde Felipe de Borbón hasta el Gobierno, están enfrentándose en los tribunales a las 305.000 familias arruinadas del Banco Popular. Este es un asunto que heredó el Ejecutivo de Pedro Sánchez de Mariano Rajoy y, tal y como ocurrió con el IRPH mantuvo dicha personación, sobre todo Nadia Calviño, como ministra de Economía, y Josep Borrell, en su calidad de ministro de Exteriores puesto que el abogado del Estado que realizó esta solicitud de ponerse en contra de las 305.000 familias arruinadas del Caso Banco Popular está adscrito al Ministerio de Exteriores. ¿Qué gobierno supuestamente de izquierdas se pone en contra de sus ciudadanos y al servicio de los poderes económicos? ¿Quién asesoró a Pedro Sánchez para incluir a ministras y ministros independientes, sin ningún perfil ideológico progresista, en carteras tan importantes como Economía o Justicia? ¿Por qué, a pesar de las peticiones de afectados de diferentes presuntas estafas de la banca o de partidos representados en el Congreso de los Diputados, se mantiene a la Abogacía del Estado para intentar que la banca vuelva a ganar?
Ante una situación tan grave en la que el Estado se enfrenta a los intereses de sus propios ciudadanos y ciudadanas, Pedro Sánchez no tenía más opción que dictar una orden por la que se retirara esa personación que debería avergonzar a todos los españoles y españolas de bien. Sólo las dictaduras se enfrentan a los intereses de su pueblo y en el Caso Banco Popular hay más de un millón de ciudadanos y ciudadanas a las que se les quitó todo para rescatar al Santander. El hecho de que el Estado se persone en contra de los afectados es una prueba más, además de la que ya hemos publicado en Diario16, de la presunta connivencia y complicidad de las instituciones económicas y políticas con el banco presidido por Ana Patricia Botín para hacerse con el Banco Popular y, de este modo, rescatar a una entidad privada con el sufrimiento de 305.000 familias. Un Gobierno progresista y de izquierdas no puede permitir esto y, por lo tanto, debió actuar de inmediato, algo que no hizo y, por tanto, se tan cómplice como lo fue el de Mariano Rajoy, máxime cuando el propio Pedro Sánchez afirmó en el anuncio del Decreto Ley de las hipotecas que los ciudadanos, con su Gobierno, no volverían a pagar los abusos de la banca. Como dice el refrán: «Prometer hasta meter, y una vez metido…». Pues eso.
Evidentemente, si el TGUE dispusiera a favor de los afectados, el Santander tendría que hacer frente a un pago de más de 21.000 millones de euros a las 305.000 familias arruinadas. ¿Está el Santander en condiciones de hacer frente a ese pago?
