Casi seis años después de la gigantesca operación policial contra la mafia china en España, el caso Emperador sigue pendiente de juicio. El escándalo, que tuvo eco a nivel mundial, se saldó con casi un centenar de detenidos, cientos de millones en blanqueo de capitales y nombres ilustres salpicados por el entramado financiero y societario ideado por Gao Ping, una especie de magnate de las finanzas asiáticas que controlaba buena parte de las naves y almacenes de los polígonos industriales de Madrid. Sin embargo, el escándalo parece haberse diluido con el tiempo y pocos se acuerdan ya de las andanzas de aquel Fu Manchú de los negocios chinos que tenía un enorme chalé en Somosaguas, una gran galería de obras de arte y decenas de sociedades dedicadas al comercio exterior con las que puso en jaque a la Policía española.
El tiempo ha pasado sin que los culpables de esta red inmensa de lavado de dinero se hayan sentado aún el banquillo de los acusados. La causa avanza a paso demasiado lento y envuelta en circunstancias misteriosas, más aún después de que el juez Fernando Andreu, instructor del expediente, cometiera ciertos errores en la instrucción que dieron ventaja a algunos de los encausados. El magistrado decidió alargar más allá de las 72 horas legales el plazo de arresto de los detenidos sin haber dictado prisión para los principales responsables de la red de Gao Ping. Por lo visto amplió ese plazo estipulado por la Constitución considerando que no iba a tener tiempo de tomar declaración a todos los detenidos en los tres días legales y para evitar enviarles a prisión sin haberles escuchado antes. Con todo, lo normal hubiese sido que Andreu dictara auto de prisión primero y luego tomara declaración a los encausados. Fue un grave error que tuvo consecuencias funestas para la instrucción, ya que la Justicia tuvo que poner en libertad a 12 de los arrestados, entre ellos el cabecilla Gao Ping. No obstante, la pifia no le pasó factura profesional al magistrado, ya que el Consejo General del Poder Judicial no tomó medida alguna contra él, al menos que haya trascendido a la opinión pública.
El caso tiene todos los ingredientes de una novela negra: mafia china, errores judiciales, corrupción de la alta sociedad y hasta luchas entre clanes policiales rivales
La trama Emperador empezaba a embarrancar cuando en el año 2012 Andreu denegó la petición de la Fiscalía de volver a encarcelar al cerebro de la red y a su cúpula. La Fiscalía lo solicitó porque había “indicios sólidos y fundados de criminalidad”, riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, y por la gravedad misma de los hechos que se imputaban a los arrestados. La respuesta de Andreu fue que la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de poner en libertad a los imputados y la “absoluta e irreparable nulidad de los autos de prisión” le impedía adoptar cualquier tipo de medida contra Gao Ping y su gente que supusiera el ingreso en la cárcel del clan, a no ser que se alegaran nuevos hechos que pudieran ser delictivos. En resumidas cuentas, el magistrado añadía que encarcelar a los imputados supondría incumplir el “taxativo y tajante mandato” de la Sección Tercera de prohibirle adoptar medidas de prisión contra ellos. No obstante, en 2013 el instructor tuvo que volver a decretar el ingreso en la cárcel de Gao Ping ante el riesgo de fuga, y finalmente, en 2014, solicitó ser apartado del caso Emperador por su amistad directa con un policía que había tomado parte en el asunto: el comisario de Barajas Carlos Salamanca. Finalmente continuó con la instrucción al ser denegada dicha solicitud y archivó la acusación contra Salamanca.
Un año después Andreu dejaba en libertad a Gao Ping después de que el magnate chino abonara los 400.000 euros que le impuso como fianza para salir de prisión mediante el pago de 93 cheques bancarios, aportados uno a uno, por otros tantos ciudadanos de la comunidad china en España. Fue un gran crowdfunding que pasará a la historia.
El caso Emperador salpicó el buen nombre de grandes de España supuestamente implicados en el lavado de dinero negro en el extranjero. En los cientos de folios del escándalo constaban apellidos de personajes influyentes como María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska, María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, y María Ilia García de Sáez, todas ellas primas de Juan Carlos de Borbón; Antonio Banús Ferré; Enrique Ortega Cedrón; Enrique Lasarte, ex consejero delegado de Banesto; Cuqui Fierro, de la familia Torróntegui Fierro; Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales, marqués de Revilla; Pedro Aznar, consejero de Marqués de Riscal; Antonio Herrero Abelló; y Vicente de Gregorio Abelló.
También queda por aclarar la participación de Malka Maman, una española de origen israelí, como enlace entre grandes fortunas y empresarios españoles con la red de blanqueo china en Suiza. O la trama que afecta al HSBC, y a dos personajes como Marc Pérez y François Leiser (ambos reclamados por Andreu mediante sendas órdenes de detención internacional).
La mayoría de los policías implicados en el caso por haber recibido regalos de la trama corrupta han sido absueltos y se han destapado algunas conexiones con el caso del comisario Villarejo. El escándalo Gao Ping, tanto político como económico, policial y judicial, ha generado una guerra interna entre los comisarios José Villarejo y Marcelino Martín Blas (Asuntos Internos), a raíz de que este quisiera investigar a varios policías relacionados con la operación Emperador. Villarejo explicó en sede judicial que él le recriminó al jefe de Asuntos Internos que llevara a cabo esas diligencias al margen de la autoridad judicial y Martín Blas hizo caso omiso a los comentarios de quien hasta entonces había sido su compañero. Un auténtico polvorín que amenaza con sacudir los cimientos de la democracia española, pero que aún no ha desencadenado su explosión final. Quizá sea Andreu quien tenga la llave definitiva para activar la bomba nuclear.
