Una de las cuestiones que más ha animado a las querellas es la falta de explicación racional al hecho de que si el Banco Popular tenía un valor patrimonial de 11.000 millones de euros al cierre de 2016 o de 10.700 al cierre del primer trimestre de 2017, anunciado el tres de mayo, un mes antes de la intervención:
- ¿Cómo es posible que fuese valorado por un euro?
- ¿Cómo es posible que el Popular registrase pérdidas de 13.000 millones de euros una vez estuvo en manos del Santander?
Respecto al primer asunto, en Diario16 ya explicamos el enorme número de incongruencias en las que cae el informe de Deloitte y la fragilidad e inconsistencia del proceso de resolución, que se están poniendo de manifiesto en múltiples demandas contra la decisión de la JUR.
La JUR y las autoridades insisten en que, ante una situación de emergencia generada por una situación de falta de liquidez del Popular, y la inaplicabilidad de los planes de resolución que tratan de restaurar la solvencia —ni siquiera hubo requerimientos previos al banco para que restaurase su solvencia, porque tal situación no se produjo nunca, que es lo que se llama Plan de Recuperación—, decidieron vender el Banco en bloque, tomando como referencia la única oferta recibida —en esto insisten los recursos ante la JUR que dicen que el Santander fue el único Banco que podía presentar oferta porque era el único que disponía de información y, además, necesita la compra- por un euro, apoyándose en un informe de Deloitte defectuoso, apresurado e ilegal.
La segunda cuestión es más relevante. Una vez comprado el Popular por un euro, Santander tiene que encajar la compra en su contabilidad y no quería dar beneficio alguno por la adquisición, puesto que ese beneficio correspondía a los accionistas del Popular, no del Santander.
Se requería, por tanto, de un ejercicio de integración contable que permitiese salvar a la vez varias situaciones.
En primer lugar, las cuentas del Popular requerían una opinión limpia del auditor PwC que había auditado desde 1990 las cuentas de Banco Popular, siempre sin salvedades. PwC justifica la corrección de las cuentas de los ejercicios anteriores, debido a que se produce un hecho sobrevenido e inesperado que supone un cambio en los supuestos de valoración: la resolución por un problema de liquidez acaecido en el segundo trimestre del año 2017 por la retirada masiva de depósitos, algo que Emilio Saracho buscó con denuedo. De un plumazo, PwC ratificó las cuentas de los años anteriores —nada había que rectificar y ellos lo sabían bien— y justifica un cambio de criterio con resultados brutales e inexplicables a simple vista.
En segundo término, hay que recordar que, a diferencia de Bankia y Deloitte, PwC no se había negado a firmar las cuentas del Popular, ni éstas se habían reformulado, pese al intento de reexpresión de Saracho que azuzó a los cortos y abrió la veda contra la entidad.
En tercer lugar, Santander no quería que aflorasen beneficios y, por tanto, fue necesario hacer ajustes sobre los grandes capítulos y encontrar asideros en las normas de resolución. Santander había cambiado recientemente de auditor y, casualmente, había elegido a PwC para sustituir a Deloitte.
La aplicación de las normas de resolución —en este caso, aplicadas a un banco solvente, caso no previsto por la regulación— permitirían aplicar en las cuentas de Popular algunas asunciones sobre la liquidación teórica del mismo, que permitirían amortizar fondos de comercio y activos fiscales, dado que, a continuación, el Banco Popular se incorporó al Grupo Santander en pleno funcionamiento. La rentabilidad para el banco presidido por Ana Patricia Botín de la operación del Popular tiende a infinito. Todo responde a una finalidad: hacer provisiones sobre los activos del Popular de tal forma que desaparezca el patrimonio de los accionistas y hacer colchones para utilizarlos a continuación.
Por otro lado, esa técnica no suele dar problemas si al vendedor se le paga algo. Sin embargo, en el Caso Popular al vendedor, a las familias afectadas, se le confiscó su patrimonio. ¿Cómo se explica el expolio de ese patrimonio? Continuará.
