Tal y como hemos informado en Diario16, Emilio Saracho paralizó la aplicación de la segunda parte del Plan de Negocio de 2016 que ya estaba dando resultados positivos, tal y como se pudo comprobar con las cifras del primer trimestre de 2017 que generaron beneficio neto positivo en su negocio principal. La paralización por parte de Saracho y Luis de Guindos del Proyecto Sunrise, que hubiese sacado del balance los activos dudosos e improductivos que lastraban a la entidad, fue una medida que los propios peritos del Banco de España han catalogado como de incomprensible. Sin embargo, Saracho tampoco aplicó una serie de medidas que Europa que hubieran reforzado el capital de la entidad en 2.000 millones en fondos propios con la venta de una serie de activos. Este hecho también fue permitido por los supervisores dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos —quien terminó ocupando la vicepresidencia del BCE—, lo que muestra la presunta connivencia del Estado en el Caso Banco Popular.
Las recomendaciones de los organismos europeos se hallan en el Plan de Resolución que la JUR entregó al Popular en el año 2016 que ha sido desclasificado parcialmente tras el fallo del Panel de Apelación en referencia a un recurso presentado por el despacho B. Cremades & Asociados.
Según la JUR, ese reforzamiento de capital hubiera venido de la venta WiZink y TotalBank, de las que Saracho disponía de ofertas de Värde y del banco chileno BCI respectivamente, tal y como hemos publicado en Diario16. Además, se recomendaba en el Plan de Resolución la venta del negocio de seguros, el negocio de banca comercial del Banco Pastor, Eurovida Portugal, Popular Seguros y la filial portuguesa. Muchos de esos activos sí que fueron vendidos por el Santander una vez que se hizo con el Popular por un euro, logrando con ello importantes plusvalías.
Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, Saracho llegó al Popular con el objetivo de lograr una venta total de la entidad y para ello hizo todo lo posible para llevar al banco a una situación límite, en primer lugar, con la caída de su valor en bolsa y, en segundo término, tras los buenos resultados del primer trimestre, con los momentos clave indicados en el informe de los peritos del Banco de España que determinaron las fugas de liquidez que llevaron a la declaración de inviabilidad. Esas salidas de depósitos se contabilizan del siguiente modo:
- 232 millones en abril de 2017: anuncio de reexpresión de cuentas y discurso de Saracho en la Junta General de Accionistas;
- 520 millones en mayo de 2017: publicación de noticia en El Confidencial sobre posible quiebra y filtración de Reuters;
- 232 millones en junio de 2017: cifra concentrada tras el inicio del proceso de resolución el día 3 de junio
Sin embargo, los organismos europeos, en el plan de resolución entregado al Popular en 2016, calcularon que el Popular tenía capacidad para aguantar una fuga de liquidez de 20.000 millones. Sin embargo, la sexta entidad fue resuelta por una salida de depósitos de aproximadamente 18.000 millones, cantidad que se concentró en el segundo trimestre de 2017. Si en 2016 el Popular tenía esa capacidad, sólo existe un factor diferencial al año siguiente: el cambio en la presidencia y el objetivo único que tenía Saracho de vender la entidad o de llevarla a una situación límite que permitiera que fuera adquirido a bajo precio por otra entidad. «Casualmente», esa operación se realizó en base a las condiciones aprobadas en el Consejo de Administración del Santander.
En consecuencia, si Saracho no siguió las recomendaciones del Plan de Resolución y ni los organismos españoles dependientes de Luis de Guindos ni del BCE le indicaron que las aplicara para evitar dicha resolución, estamos ante una nueva prueba de la presunta connivencia tanto del Estado español como de la Unión Europea en la operación que terminó con la ruina de más de 305.000 familias españolas.
