El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando la posibilidad de personarse en el caso de que algún juzgado abra una causa por la supuesta trama de agua en Murcia, donde el Partido Popular habría colaborado para que la constructora ACS obtuviera un beneficio de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras (Cartagena), y que se ha conocido tras un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, en rueda de prensa para informar sobre los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, donde ha explicado que, en el caso de que no fuera así, el Gobierno que preside Emiliano García-Page también estaría analizando la posibilidad de iniciar por su cuenta una demanda judicial. No obstante, ha aclarado que «uno no puede presentar una demanda simplemente por lo que salga en una noticia», por lo que tienen que seguir investigando lo sucedido.
Más allá del ámbito jurídico, ha proseguido Hernando, «lo que nosotros tenemos que hacer como Gobierno es usar este ejemplo para demostrar que las desaladoras tienen que ser una herramienta útil y limpia». «Apostamos por las desaladoras independientemente de que otros hayan hecho apuestas con las desaladoras», ha zanjado el tema.
Por otra parte, a preguntas sobre la posibilidad de que se amplíe la cantidad del trasvase, el portavoz del Ejecutivo regional ha avanzado que «a partir del día 3 de mayo hay una nefasta pero gran probabilidad de que el Ministerio aumente de 20 a 38 hectómetros cúbicos el trasvase al Levante».
