El cambio de Gobierno también está afectando a directamente a la gestión que se está haciendo del Caso Banco Popular. Ya no queda nadie de los que fueron conniventes con la operación que terminó con la resolución, salvo Sebastián Albella y Jaime Ponce, presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), respectivamente. Precisamente, dos de los organismos que más influencia tuvieron en la caída y posterior resolución del Banco Popular.
Sorprende la actitud que está manteniendo la CNMV, en general, y su presidente, en particular, respecto al Caso Banco Popular, sobre todo teniendo en cuenta el historial del organismo encargado de controlar los mercados financieros en España.
La CNMV tuvo un papel crucial en la estrategia de acoso y derribo al Popular. Permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.
Posteriormente, no se inició ningún tipo de investigación después de que el Santander registrara un Hecho Relevante apenas 20 minutos después de anunciarse oficialmente la compra por un euro del Popular, documento que incluía datos internos del banco y que tenía una extensión que reforzaba la idea de que toda la operación se venía gestando desde hacía meses, cuando no años, tal y como reconoció Rodrigo Echenique, actual vicepresidente del Santander y presidente del Popular, en el Congreso de los Diputados.
Una vez que los afectados comenzaron a presentar demandas y recursos ante la Justicia y el juez Andreu solicitó informes y documentos a todos los organismos que pudieran tener implicación en la operación, la CNMV remitió un informe en el que, por un lado, exculpaban a Emilio Saracho de cualquier manipulación de los mercados y, por otro, se centraban en una presunta manipulación de las cuentas de años anteriores. Este documento presentado es sorprendente, sobre todo cuando la CNMV es quien recibe las cuentas de cada una de las empresas cotizadas, con su correspondiente informe de auditoría.
A raíz de ese informe, la Comisión afirmó que podrían abrirle expediente a Ángel Ron y su equipo a través de una comunicación que se hizo sin ningún tipo de procedimiento de instrucción, amparándose en la re-expresión de Saracho de las cuentas. Por tanto, Albella abre expediente y lo suspende, con la única finalidad de poder darle publicidad, sin ningún tipo de instrucción, ni prueba, ni posibilidad de alegaciones y lo publica, basándose en un artículo que entró en vigor el 30 de septiembre y que le permite publicar cualquier cosa sobre quien el decida, es decir, decide la CNMV que apertura de expedientes sin estar resueltos. El primero fue Borrell, ahora Ron, para que salgan titulares desacreditando. ¿Teme Albella que salga a la luz la verdad?
El actual presidente de la Comisión tiene demasiadas relaciones con quienes estuvieron implicados en la operación del Popular, a pesar de que quiere presentarse como independiente o que no entra en los asuntos relacionados con las compañías a las que asesoró antes de ser presidente de la CNMV —algo que se le ha olvidado en relación al Banco Popular, ya que, cuando trabajaba en Linklaters, fue uno de los asesores de la ampliación de capital de 2.016 llegando, incluso, a intervenir en un Consejo de Administración en el que no vio ningún problema a dicha operación.
En su etapa como abogado, Sebastián Albella trabajó para el despacho Ramón y Cajal, el mismo en el que aterrizó el ex juez Gómez Bermúdez tras abandonar la Audiencia Nacional, y que lleva casos importantes para el Santander. Posteriormente, se incorporó como socio en el bufete Linklaters, el mismo despacho que posteriormente fue contratado por la JUR para preparar el argumentario legal con el que responder a las peticiones de acceso a la documentación de los afectados. Este mismo despacho realiza lobby en Luxemburgo para, entre otras cosas, la mejora del régimen fiscal del principado.
Por tanto, en lo referente a la CNMV y a su presidente, es uno de los últimos bastiones que le queda al equipo de De Guindos para seguir defendiendo la operación que terminó con la ruina de 305.000 personas o para intentar generar en la Justicia confusión en la instrucción.
En este aspecto, esta actitud de Albella y de la Comisión choca con el cambio que están dando los equipos económicos tras el cambio de gobierno. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en la subgobernadora del Banco de España quien reunió a los inspectores para dejarles claro que «se acabó proteger a la banca». Lo mismo se puede afirmar de la propia ministra quien, en vez de quedarse en el sillón a aceptar todo lo que se impone desde Bruselas, viaja para negociar lo que haga falta para que la recuperación económica llegue a los ciudadanos.
En referencia a Nadia Calviño, ¿a qué está esperando a cesar a Sebastián Albella? El Gobierno tiene capacidad para hacerlo, sobre todo si hay razones de peso y, sólo con la actuación en el Caso Banco Popular, tiene pruebas suficientes de cómo la CNMV actuó de manera contraria a como lo hizo días después de la resolución y provocó la caída del valor, a pesar de que estaba sufriendo un ataque continuado de los bajistas arriba citados, por no suspender la cotización cuando el posicionamiento en el capital del Popular de estos bajistas llegó a superar el 12%.
En otro momento, hablaremos del otro bastión del equipo de De Guindos: Jaime Ponce.
