Está el gobierno de Pedro Sánchez en una cruzada inexplicable contra la universidad privada, más cuando él mismo es producto de ese tipo de universidad, por aquello de que supuestamente se paga por aprobar y sacar un título pese a carecer de capacidades —excluyendo a los médicos, abogados o gestores administrativos que deben pasar una prueba pública, en el caso de los médicos cuatro años de MIR y ahí se hace criba pública y privada—. Quien esto escribe ha sido profesor en la privada, se ha llevado por delante a quienes no llegaban al mínimo y ni decanato, ni rectorado han dicho esta boca es mía. Visto además el nivel que demuestran algunos, incluyendo asesores de gobierno (y oposición), también cabrían dudas sobre la pública, en especial en referencia a másteres.
Como el gobierno, por progre que se vista, no va a revertir el sistema educativo y situarlo en dependencia del Estado central, pues los nacionalistas se le quejarían ya que es uno de los elementos de constitución de comunidades imaginarias, por lo menos podría predicar con el ejemplo y colocar a los fieles… que tengan estudios. No se trata de clasismo o elitismo. Por ejemplo, en el parlamento puede haber representantes formados o no formados, universitarios, graduados de FP o gente que sabe leer y escribir como poco, pero para cargos de responsabilidad, de los que dependen la vida en su amplia magnitud de personas, al menos que tengan cierta formación (Universidad o FP), no gente sin estudios. Tanto apoyar la educación pública ¿para qué?
Sin estudios no, porque claro han estudiado hasta el BUP/ESO o el COU/Bachiller. Lo justo para leer y escribir sin caer en el analfabetismo funcional. Porque en el mundo laboral ese tipo de personas aspiran, con suerte, a alguna función administrativa pero suelen ser pasto de supermercados, teleoperadores, conserjerías, bares y restaurantes o limpieza viaria, por ejemplo. En España el sistema laboral es ya bastante exigente y para un cargo menor en administración requiere un grado medio de FP, con inglés a ser posible. ¿Cómo puede entonces nombrarse a una delegada del Gobierno sin estudios? ¿O a un asesor ministerial? ¿O a consejeros y directivos de empresas públicas?
Resulta que la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha pasado de tener dos licenciaturas (habiendo nacido en 1979 serían dos grados porque el sistema cambió en 1994) a haber iniciado estudios en dos grados. Vamos que carece de título universitario o grado de FP. Que se mienta con los CVs de los políticos se ha normalizado, ahí tienen al presidente del Junta de Andalucía que pasó de ser Licenciado a haber pasado un día por la Universidad de Málaga para ver a su churri (quien sí tiene una licenciatura). Juan Manuel Moreno Bonilla llegó a ser Secretario de Estado sin tener ni idea de nada relacionado con su secretaría, ni lo administrativo. Y así pasó, claro.
Cuando hay equiparación decisoria con los funcionarios de máximo nivel de la Administración, lo menos que se requiere es una igualdad en cuanto a título o una experiencia laboral o vital similar. De esto último, la verdad, es que carecen casi todos los enchufados (porque enchufados son), pero si tienen ciertos conocimientos podrán tomar decisiones racionales, lógicas y sin dudas. Lo mismo pasa en Asturias donde la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, carece de titulación suficiente para tener un conocimiento mínimo a la hora de decidir. Que sí, que se conocen los intríngulis del politiqueo, pero la política requiere más, mucho más.
Nicanor Sen, por ejemplo, no explicita si tiene estudios o no, pero sí se ha pasado años currando en su asesoría —tendrá FP y le da vergüenza no se sabe por qué—, lo que ya es algo para ser delegado en Castilla y León. O José Luis Quintana, delegado en Extremadura, con su FP superior en Administración de Empresas. Un algo en las altas esferas de decisión. Evidentemente puede haber casos de universitarios que son unos completos zotes y de iletrados que resuelven perfectamente las situaciones —cabe pensar en todos esos alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños a los que le cae el “marrón” y lo solventan con buena cabeza—, pero en una sociedad como la española donde hasta para ser cualquier cosilla necesitas un mínimo de estudios —por si no lo saben, al edadismo se añade el sólo tener la EGB como veto curricular para muchísimas personas sin empleo—, qué menos que los gobiernos tengan gente preparada y no simplemente fieles de partido.
Lo sucedido en Asturias con las muertes en las minas, lo sucedido en Valencia con la Dana, lo que sucedió con la Dependencia en los años del PP indican, más miles de situaciones que suceden en Comunidades y Ayuntamientos grandes, tienen relación con estas carencias vitales. Se puede ser un José Zaragoza de la vida pero donde no se haga daño a las personas. Bien por acción, bien por omisión, bien por partidismo. Y en esto da igual PP, que PSOE, que Sumar, que Vox, todos colocan a los amigos, al hijo tonto de ese que da dinero, “apoya” infraestructuralmente o es caciquillo local/provincial. Sin embargo, los españoles somos asaltados con demasiados impuestos para que se coloque a los coleguillas. Y si lo hacen que menos que cumplan un mínimo. No es cuestión de elitismo, es cuestión de supervivencia personal de los pagadores.
