En efecto, como dice el titular, con la ley de partidos en la mano, el lunes se podría solicitar a los jueces que actuasen para ilegalización de Vox. Debe ser con la ley en la mano para poder leerla, interpretarla y comprenderla, porque si se pone en el sobaco, las posaderas, bajo un misal o bajo el zapato de un empresario la ley pierde toda su capacidad de acción hacia la consumación de la legalidad existente. Nunca es agradable tener que iniciar un trámite tal como la ilegalización de un partido, salvo casos excepcionales y belicosos, el demócrata siente malestar en este tipo de procesos pues piensa que la razón prevalecerá. Hablamos de un demócrata que suele ser un blandengue y al que le cuelan todos los fascismos y aberraciones posibles porque no entiende que hay un conflicto político que se vale de lo irracional para lograr sus fines. Una vez lo racional deja de funcionar y de procurar estabilidad, el sistema suele generar productos malignos que sirven al propio sistema, en este caso capitalistas y liberal.
Vamos analizar esta posibilidad, en primer término, bajo los parámetros que han expuesto sus compinches de la derecha, que Abascal llama cobarde, siguiendo lo dicho por el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. El portavoz, tras el escándalo que supuso la petición de ilegalización de los partidos independentistas, aclaró que era una moción cuyo fundamento era iniciar los trámites judiciales (dando orden a la Fiscalía ¿no?, si es que…) contra todos aquellos partidos que atenten contra la democracia. Serrano añadía en su explicación el texto de la ley donde se indica ese matiz de atentado contra la democracia. ¿Qué significa atentar contra el régimen democrático? La ley expone que dos cuestiones claves para ilegalizar a Vox. Primero, como pueden ver en el tuit adjunto, afirma que los partidos deben responder a los principios democráticos y el respeto a los “valores constitucionales que deben ser respetados en su organización interna o en su actividad externa, como en lo que afecta a los procedimientos para hacerlos efectivos”.
¿Cumple Vox los valores constitucionales? No. Un partido que niega el valor constitucional de la democratización del aparato del Estado, mediante la utilización de las autonomías, como Abascal afirmó constantemente, de forma vehemente y pública en el debate no cumple con la defensa de ese valor. A esto añádanle la negación de la existencias de nacionalidades, algo que hacen PP y Ciudadanos por cierto, tal y como se refleja en la Constitución para tener un primer incumplimiento del respeto a los valores constitucionales. En Vox quieren un Estado mínimo y policíaco para garantizar el dominio de los poderosos y el suyo propio (porque se ven en la cúspide del aparato estatal), lo cual conculca uno de los grandes valores que los constituyentes fijaron en la Constitución de 1978: el Estado de las autonomías como fórmula de democratización de la toma de decisiones y de la gestión pública. Esto no lo quiere Vox, como no quiere que existan pensiones públicas, las cuales también están insertas en texto constitucional. Dos a cero contra Vox.
“Atentar” es el término usado en la ley de partidos para determinar el objetivo de la misma, en el sentido de ilegalizar a aquellas formaciones que apoyan o ejecutan actos violentos para alcanzar determinados fines. pic.twitter.com/Zqre5IPHYm
— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) November 7, 2019
Sin embargo, el texto de la ley, como amablemente nos recuerda el popular Serrano, incluye unas indicaciones clarísimas sobre algunas actuaciones de los partidos que serían suficientes para iniciar el procedimiento judicial de ilegalización. Veamos el texto: “El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertad, justificar el racismo y la xenofobia, o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”. Vuelvan a leer el texto en negrita y piensen si Vox se ha mostrado xenófobo contra los menores no acompañados, contra personas árabes o contra el mundo LGTBi a los que quieren internar para tratarles de “su enfermedad”. ¿En qué momento el partido de Iván Espinosa de los Monteros y Abascal han defendido la pluralidad de las expresiones individuales? En ninguno. Es más las combaten mediante el uso de la violencia verbal e institucional de forma reiterada y grave, como indica la ley. En su búsqueda de enemigos internos para lograr que su mensaje cale entre las masas se han dedicado a criminalizar a menores sin familia, a gays y a extranjeros de religión diferente a la cristiana (esto es importante porque incluye un doble mecanismo de exclusión).
Isabel Díaz Ayuso, al ver el error cometido, ha querido justificarse como suele hacer ella, sin utilizar mucho la sesera, y casi ha sido peor. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que apoyaron la moción para no dejar solos a los voxistas. Casi peor que haberse mostrado fascista, porque entre sus votantes se habrían alegrado, pero claro el problema es que, como dijimos ayer, abrir la espita de la ilegalizaciones por atentar contra la democracia, un concepto disputado por derecha e izquierda en su concepción y potencia, lo que significar es caminar hacia un régimen autoritario. Desde este punto de vista podrían ser ilegalizados tanto PP como Ciudadanos (normal que Albert Rivera se haya desmarcado de la estúpida moción), o el PSOE y Podemos, dependiendo de quien estuviese al frente del Gobierno central. Lo más gracioso es que Vox les ha dejado tirados en otra proposición de ley para blindar los privilegios de clase que pretendían los hijos e hijas del capital. Son tan ineptos que hacen el juego a Vox y luego ser ríe de ellas y ellos.
Abandonemos la disputa de la democracia, para volver a señalar que Vox es un partido racista, xenófobo y que atenta contra las libertades de la ciudadanía, como afirma el texto legal, pues ataca al colectivo LGTBi, al colectivo de las mujeres (especialmente las mujeres maltratadas) y esperemos cuáles son los siguientes. No es que sean iliberales y populistas como dicen muchos “analistas mórbidos” sino que son fascistas del siglo XXI. Pero fíjense, que hasta los demócratas impecables de la bohemia burguesa postmoderna (para que quepan todos) se sienten angustiados ante esas expresiones homófobas, xenófobas, machistas y racistas de los chupacirios del Yunque y les da por pedir que acabe ese ultraje continuado. Sencillo. Aplicando la ley porque Vox, en los términos que nos ha enseñado el popular Serrano (no es una invención del rojerío), atenta contra la democracia. Y ejemplos suficientes y públicos para que la Fiscalía ejerza su función existen. ¿Se atreverán los jueces? Ningún padre tiene el valor de condenar a su hijo.
