El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha asegurado, en la primera reunión con el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, que: “Queremos beneficiar a los estudiantes de familias que más lo necesitan, premiando siempre la cultura del esfuerzo”.
Para ello, mientras el Gobierno de España no acometa la reforma del sistema de becas, pedimos en la Asamblea Regional que las universidades públicas puedan aplicar en los precios de matrícula de grado una bonificación equivalente al 99% de los créditos aprobados el curso anterior. Esta bonificación se aplicaría ya a los alumnos de segundo el próximo curso y se irá ampliando en los cursos de tercero y cuarto en los dos años siguientes.
A esta reunión, que ha tenido lugar este miércoles, ha acudido el vicesecretario general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, la vicesecretaria general Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas, Gloria Alarcón, y el diputado Ángel Rafael Martínez.
“La brecha social y la desigualdad es el principal problema que tenemos en la Región. Las universidades públicas, tanto la UMU como la UPCT, son el principal elemento para generar igualdad de oportunidades entre los jóvenes de cara a su futuro”.
Diego Conesa ha recordado que numerosos jóvenes, tanto de familia numerosas como familias monoparentales, o hijos de mujeres víctimas de la violencia de género, requieren de un apoyo adicional al que tienen. “El futuro de las universidades públicas es el futuro de la Región de Murcia. Esto lo hemos planteado en la Asamblea Regional y al rector Luján”.
En la reunión, se ha planteado la necesidad de que se incremente la partida presupuestaria de becas y ayudas al estudio en los próximos años para sufragar la primera matrícula. “Este incremento permitirá ir aumentado el umbral de renta paulatinamente para la compensación de la primera matrícula, comenzando con los tramos de renta familiar más bajos hasta alcanzar el 100% del alumnado en cuatro años”.
En los últimos años de crisis muchos estudiantes universitarios han tenido que abandonar sus estudios por razones económicas. “A los problemas económicos de las familias se une el endurecimiento de la política de becas que ha realizado el gobierno del PP, lo que ha disuadido a muchos estudiantes de la Región a iniciar estudios superiores”.
Otra de las cuestiones expuestas ha sido la necesidad de establecer, mediante el acuerdo entre el Gobierno de España, la Comunidad y las universidades públicas, un nuevo modelo de financiación del sistema universitario, que lo haga converger -en un plazo de 4 años- con la media de gasto de la Unión Europea y los países de la OCDE, lo que supone en torno al 1,3% del PIB. López Pagán indicó que este acuerdo tendrá que recoger una referencia de precios públicos de matrícula, para evitar las excesivas diferencias de precios existentes entre unas comunidades autónomas y otras.
