El calendario suele ser implacable y cuando existe una cronología de hechos que confirman que algo está diseñado de antemano el tiempo es el que ratifica la verdad. Es una dictadura de la que nadie puede escapar por más que se quieran adulterar o tergiversar las realidades que ocurrieron en unas fechas determinadas. Esto es lo que sucede con el Caso Banco Popular. A medida que este medio va teniendo acceso a la documentación que demuestra todo lo que ocurrió en aquellos primeros seis días del mes de junio, las piezas van encajando y confirmando que la resolución del Banco Popular fue la gestación de una operación bien orquestada, dirigida y ejecutada por Emilio Saracho y sus cómplices, todos al servicio del Santander. Como en dicha operación hubo beneficiados y 305.000 perjudicados, se podría decir que lo que se produjo fue una «presunta» estafa. Nuestro Código Penal, en su artículo 248, define a ese delito del siguiente modo: «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno». El economista italiano Ferdinando Galiani dijo que «los hombres son naturalmente propensos a creer virtuosos a sus semejantes; esto es precisamente lo que da tanta ventaja a los impostores y a los estafadores» y, precisamente, fue esto lo que ocurrió en el Caso Banco Popular.
Como decíamos anteriormente, el calendario nos muestra realidades a las que no podemos escapar y en este caso así es. El día 1 de junio se redactó un contrato entre el Banco Popular y el Banco de España para la solicitud de una línea de liquidez de urgencia (ELA) de 2.000 millones de euros, tal y como se demuestra en el documento que obra en poder de Diario16:
Sin embargo, dicho contrato, a pesar de que fue redactado el día 1 de junio, la noche de la intervención no había sido firmado aún. Así lo revela el correo que envió el día 6 de junio a las 21.23 Miguel Escrig, director general financiero fichado por Emilio Saracho, dirigido al propio Saracho, a Joaquín Hervada, secretario del Consejo, a Iñaki Reyero, apoderado del Popular, y a tres abogados de Uría y Menéndez, el despacho de referencia del Banco de Santander, entre los que destaca nuevamente el socio Juan Miguel Goenechea, el mismo que envió las instrucciones al Hervada sobre los pasos a dar para declarar la inviabilidad en el documento ya publicado en Diario16. ¿Por qué se esperó una semana para firmar ese contrato? ¿Por qué entre los destinatarios del correo de Escrig no se encuentra el consejero delegado del Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, cuando es él el que aparece como representante del Popular en dicho contrato y quien, ese mismo día 6 de junio, después de que se hubiera remitido al MUR la carta con la firma «presuntamente» falsificada de Saracho declarando la inviabilidad, envió una carta dirigida al Banco de España y al Banco Central Europeo solicitando dicha línea de liquidez?, documento que también obra en poder de Diario16 y que publicaremos en los próximos días.
Es realmente alarmante conocer que un documento interno del Banco Popular en el que se solicitaba una línea de liquidez de urgencia, teniendo en cuenta las salidas de depósitos que ocurrieron el día 5 y 6 de junio, fuera transmitido con total impunidad a una empresa externa que, además, es el despacho de abogados de referencia del Santander. En este hecho se comprueba la conexión entre el equipo de Saracho y la entidad presidida por Ana Patricia Botín y la presunta connivencia en la operación. Además, el hecho de que Miguel Escrig envíe el documento sin firmar ni con los datos que solicita el Banco de España como garantías, es la demostración de que ese contrato no se firmó hasta ese mismo día 6 de junio.
Recordemos la cronología que dio el propio FROB y comparémosla con la hora a la que Escrig envió el correo:
Por tanto, según esa cronología del FROB, a las 22.45 ya se estaban recogiendo las ofertas por el Popular, por lo que la JUR ya había tomado la decisión de intervenir a la entidad. Sin embargo, Escrig envió su correo electrónico apenas una hora antes y, posteriormente, Ignacio Sánchez-Asiaín envió su solicitud al BCE y al Banco de España. ¿Qué estaba pasando? ¿La información sólo circulaba en la dirección de ciertas personas con capacidad de decisión?
Por otro lado, también resulta alarmante, sobre todo conociendo que el resultado de todos estos procesos, es decir, la ruina de más de 305.000 familias, cómo se paralizaron todos aquellos movimientos, acciones u ofertas que pudieran derivar en una mejora del Banco Popular, lo que muestra, una vez más, que la entonces sexta entidad financiera del país estaba sentenciada.
La cronología de los hechos, la documentación de la que disponemos y las consecuencias que tuvo la operación que finalizó con la intervención del Popular y la posterior compra por parte del Banco de Santander por un euro demuestran que en todo el proceso se cometió una «presunta» estafa en la que los actores de ésta quedan perfectamente reconocidos y los afectados fueron más de 305.000.
