El Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el próximo martes hay dos asuntos que se debatirán que, de ser aprobados, conseguirán que España se convierta en un país más justo, digno, ético y que piense más en sus ciudadanos: la ley de la vivienda presentada por la PAH y la anulación de los vetos del PP a las leyes que apruebe este gobierno.
En referencia a la primera, el Congreso debatirá la proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética que ya fue presentada el pasado mes de enero por Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH-Bildu y que fue vetada por el gobierno de Mariano Rajoy. Esta ley fue llevada al Congreso por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Una vez que el Tribunal Constitucional dio la razón al recurso presentado contra dichos vetos, Unidos Podemos la volvió a presentar y este martes la defenderá Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem y que llegó a la política desde la PAH.
Esta proposición de ley regula la dación en pago retroactiva, establece los mecanismos de segunda oportunidad, deroga la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios y elimina las cláusulas abusivas aplicadas para la concesión de un crédito para la compra de vivienda. Además, entre otras medidas, plantea la obligación de la banca de ofrecer el alquiler social antes de ejecutar un desahucio.
En referencia a los desahucios en el mercado del alquiler, la proposición de ley contiene una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que permitiría a los ayuntamientos tener más poder para frenar burbujas en el alquiler como la que se está viviendo ahora en España, la ampliación del periodo mínimo de los contratos a 5 años y la limitación de la rescisión de los mismos. También se incluye el incremento del parque público de viviendas y que los alquileres sociales no superen el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Hay que recordar que la reforma de la LAU fue una de las condiciones que puso En Comú Podem al PSOE para dar su voto favorable en los Presupuestos de 2.019.
En referencia a la pobreza energética, la proposición de ley incluye un principio de precaución basado en que se haga imposible los cortes de luz, agua y gas sin que haya un análisis estricto de la situación real del hogar. Por otro lado, se establece que no sea la Administración pública la que asuma las deudas, sino que sean las propias suministradoras las que se hagan cargos de los gastos de mantenimiento del servicio en los hogares en situación de vulnerable.
En referencia a los vetos del Partido Popular en el Senado, el arma principal que pretendían usar los de Pablo Casado para hacer ingobernable al país y que no se puedan implementar las medidas incluidas en la agenda social del Gobierno de Pedro Sánchez, el Congreso debatirá la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís y que tiene la intención de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a la que se podría acoger el PP para vetar las leyes en el Senado, sobre todo aquellas que implican un incremento de gasto, aunque dicho gasto se aplique a medidas de carácter social.
El objetivo no es otro que retornar al mecanismo por el que el veto del Senado al techo de gasto y los objetivos de déficit no sea irreversible, sino que pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple. Esta proposición de ley es fundamental para la aprobación de los Presupuestos de 2.019 que tienen la intención de tener un mayor margen en el déficit y que, con la actual legislación, podrían ser vetados por el PP en el Senado.
Tanto el PSOE como Unidos Podemos solicitaron a la Mesa del Congreso que esta proposición de Ley se tramitara por vía de urgencia, pero fue rechazado por PP y Ciudadanos. El mismo martes, antes del pleno, la Mesa estudiará la reconsideración exigida por los promotores de la iniciativa y contarán con el apoyo del PNV para, de este modo, que sea el Pleno quien decida sobre la tramitación exprés.
Por tanto, esta semana es crucial para que España sea un país más digno, más ético, más justo y con unos gobernantes más centrados en las necesidades de los ciudadanos que en las de la macroeconomía.
