En una semana negra de la Justicia española, en la que se ha vuelto a demostrar que el tercer poder de la democracia se quedó al margen de la primera transición y aún continúa con los parámetros de la dictadura, en la que se ha puesto en libertad a cinco ciudadanos que violaron a una chica de 18 años en un portal de Pamplona o en la que se ha dado a entender que se puede archivar la acusación contra el ex presidente del Banco Popular, el tercer poder de la democracia ha imputado a dos periodistas por «descubrimiento de secretos» en relación con las publicaciones en eldiario.es de los documentos del máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Lo extraño es que no se haya imputado también a quien hizo público un vídeo que ya debería haber sido destruido desde hacía años en el que se veía a la señora Cifuentes sacando dos botes de crema de su bolso. Pero, ¿quién lo guardó? Aquí sí que no es cosa de jueces, son las «cloacas» amig@s lector@s, ¡sí! las «cloacas» del poder no democrático.
El periodismo en particular está sufriendo el constante ataque por parte de todos los poderes, tanto legales como ilegales, porque no pueden permitir que el cumplimiento del deber intrínseco de cualquier periodista o de cualquier medio de comunicación revele, precisamente, la verdad, la corrupción o la podredumbre que suele rodear a las élites.
Gracias a la prensa el pueblo ha sabido de los abusos de todos los poderes, tanto políticos, como económicos. Gracias a las investigaciones de los medios de comunicación los ciudadanos han sabido de la corrupción del PP, del PSOE, de la guerra sucia contra ETA, del Caso Banco Popular, del Caso Noos, de las Tarjetas Black, del Caso Rato, de los papeles de Panamá, de las filtraciones de WikiLeaks, de la lista Falciani, de las cesiones de crédito que llevaron a Emilio Botín ante el banquillo de los acusados o la presencia en España de los corruptos venezolanos y los métodos que utilizan para, presuntamente, blanquear el dinero de la corrupción de PDVSA. Si salimos de nuestras fronteras la prensa ha logrado que los ciudadanos se enteren del Caso Watergate, de la corrupción de Sarkozy, de la Banca Vaticana y su relación con la mafia italiana, de los abusos sexuales de Harvey Wenstein o las relaciones entre la campaña electoral de Donald Trump y Rusia, por citar algunos casos. Pero la prensa no sólo desenmascara las miserias del poder, sino que también sirve para, a través del análisis, el conocimiento y la reflexión, evitar que el pueblo sea engañado por los mensajes grandilocuentes de los políticos y que esconden verdaderas trampas para su bienestar.
La imputación de Ignacio Escolar y de Raquel Ejerique abre un camino peligroso ya que, en cualquier caso, muchos de los casos arriba citados fue la documentación recabada por los medios de comunicación lo que llevó a los responsables ante los tribunales o a asumir responsabilidades políticas. Si cada vez que un periodista revela documentos que los poderes no quieren que el pueblo conozca es imputado eso quiere decir que la Justicia está atacando a otro de los pilares de la democracia: la libertad de prensa. Eso no se puede permitir porque la revelación de documentos ocultos es una de las funciones de cualquier medio de comunicación en su labor de controlar al poder. ¿Esta imputación es una medida ejemplarizante? Puede ser, sobre todo viniendo de un poder que aún no se ha renovado y que, en ciertos aspectos, sigue pendiente de una transición o de una revolución.
