El anuncio que en breve hará público Mª Dolores de Cospedal sobre su marcha a la empresa privada, donde ejercerá como abogada para una firma -que su entorno dice que le habría hecho una oferta que ya ha sido aceptada-, es el epílogo de una situación que se hizo insostenible desde que este Diario publicara en entregas “Las peligrosas relaciones de Cospedal con la presunta corrupción judicial en Castilla La Mancha”, y que su entorno se lo habría impuesto como una obligación después del batacazo de las primarias.
La primera entrega
Aquella primera entrega se abría con la instantánea que reflejó la emotiva celebración, solemne y togada, que tuvo lugar el 28 de febrero de 2014 en el Salón de Plenos del Alto Tribunal castellano manchego, cuando se le entregaba a su «querida Concha» (Concepción Espejel Jorquera) la más alta distinción de manos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco Rodríguez, en presencia también del presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.
El presidente de la Audiencia Provincial de Toledo que condenó a Bárcenas al pago de 50.000 euros por «vulnerar el derecho al honor» de la entonces secretaria general del PP, fue testigo en la boda de María Dolores de Cospedal y uno de sus pocos invitados. En el año 2.013, casualmente un año antes de su condecoración, cuando Concepción Espejel todavía era vocal territorial de Castilla La Mancha, fue nombrado 10 veces seguidas como administrador concursal en el juzgado de lo Mercantil de Toledo el director de la firma de abogados en la que trabajaba el hijo del presidente de la Audiencia Provincial, Tomás Gutiérrez Colino.
Así las cosas, la jueza sustituta María Carmen Pozuelo Sánchez, ordenó de oficio la apertura de diligencias penales contra el presidente de la Audiencia Provincial y el juez de lo Mercantil de Toledo por un delito de corrupción relacionado con los nombramientos ilegales del administrador concursal, que fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.
La jueza sustituta no duró ni un mes más en su cargo. Fue cesada inmediatamente por la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla La Mancha. Se da la circunstancia de que el presidente de la Audiencia Provincial y el juez de lo Mercantil de Toledo, Juan Ramón Brigidano, casualmente, son miembros de la misma Sala de Gobierno.
La segunda entrega
La segunda entrega sobre las peligrosas relaciones de María Dolores de Cospedal con la corrupción judicial en Castilla La Mancha se abre también con otra famosa fotografía, aquella en la que la entonces presidenta castellano manchega presenciaba el 13 de septiembre de 2013 la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, que sustituiría a José Javier Polo tras ser nombrado fiscal jefe de Madrid, acompañada claro está del sempiterno presidente del TSJ, Vicente Rouco Rodríguez, y de su mejor amigo en la judicatura, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo Manuel Gutiérrez Sánchez Caro.
En una rueda de prensa celebrada 2 años antes, el entonces fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, comunicaba que la Fiscalía de Toledo acababa de llevar a los juzgados los distintos casos de delitos de injurias o amenazas cometidos por usuarios no identificados a través de distintas páginas y y blogs de internet, entre otros, contra la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal y la ex portavoz del Ejecutivo de José María Barreda, Isabel Rodríguez.
En el caso de las injurias a Cospedal, se señaló que fueron realizadas antes de ser presidenta de la Región y que incluían amenazas a su hijo por parte de personas anónimas.
En esa misma rueda de prensa José Javier Polo anunciaba que también se estaban investigando presuntos delitos cometidos en la red contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región, Vicente Rouco Rodríguez, y el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
Los comentarios en la red traían causa de la denuncia que su comunidad de propietarios interpuso contra el fiscal Demetrio, por la construcción ilegal de su chalet en un cauce fluvial bajo la sospecha de sobornos y blanqueo de capitales. A consecuencia de esa denuncia la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó ya en el año 2009 la demolición del chalet ilegal.
Sin embargo, la sentencia de apelación que confirmaba la de instancia, dictada también, casualmente, por la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo presidida por Manuel Gutiérrez Sánchez Caro, terminó condenando a quien hizo pública la denuncia en las redes sociales, favoreciendo a los sospechosos de corrupción –Vicente Rouco Rodríguez y Ángel Demetrio de la Cruz Andrade– con 6.000 euros de indemnización para cada uno de ellos a cargo del denunciante condenado.
Después de eso, bajo el titular “La Fiscalía de Toledo muestra su «firme apoyo» al fiscal de Talavera”, la agencia EFE publicaba el día 24/07/2015 que la Fiscalía Provincial de Toledo había expresado su «firme apoyo» al fiscal decano de la sección territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tras el anuncio de «Manos Limpias» de que preparaba una querella en su contra por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.
En el comunicado de prensa firmado por el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez manifestó su defensa a Andrade por «su dilatada y solvente trayectoria profesional que le avalan como fiscal íntegro al servicio de la ciudadanía en el ejercicio de las funciones» que los fiscales tienen «institucionalmente encomendadas».
La querella del pseudo sindicato fue archivada inmediatamente después por Vicente Rouco Rodríguez, que negó que tuviera ninguna obligación de abstenerse sabiendo, por la información de la que disponía, que «Manos Limpias» iba a caer pronto en desgracia.
El mismo presidente del TSJ impidió un año antes que Cospedal fuera investigada por un presunto delito de malversación, cuando todavía era presidenta de Castilla La Mancha. Greenpeace recibió un emplazamiento del Juzgado de primera instancia número 7 de Toledo con una demanda por vulneración del derecho a honor, interpuesta por María Dolores de Cospedal cuando todavía era presidenta de Castilla La Mancha. El motivo de esa demanda era el informe “Amnistía a la destrucción”, en el que la organización no gubernamental repasaba la supuestamente estrecha relación entre algunos dirigentes del PP y varias empresas con intereses urbanísticos interesadas en la reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno del PP.
El informe sostenía que Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, era consejero de Gecina y Bami Newco, dos empresas con intereses inmobiliarios controladas por Joaquín Rivero y Bautista Soler, ambos empresarios muy conocidos y con importantes intereses en el ladrillo. El vínculo era tan intenso, según sugería el informe, que ambos formaron parte del “puñado de invitados” que asistieron en 2009 a la boda entre López del Hierro y Cospedal, entre los que también se encontraba, además del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.
Como luego también advirtió la propia Greenpeace en un comunicado de prensa, sorprendía que para la demanda sobre los derechos particulares de Mª Dolores de Cospedal y de su marido se hubieran utilizado los servicios jurídicos de la administración autonómica. En ningún momento, el informe de Greenpeace señalaba a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como beneficiaria de la reforma de la Ley de Costas, ya que, como era evidente, la Junta no tenía competencias en ese ámbito.
Pero lo que fue más sorprendente si cabe es que a tan solo tres días de la celebración del juicio los servicios jurídicos de la Junta retiraron la demanda por no existir ya la pretendida vulneración al honor de la presidenta, y seis meses después el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de la mano de Vicente Rouco Rodríguez, archivaba de plano una posible investigación a Mª Dolores de Cospedal por el supuesto delito de malversación.
