Al menos cuatro magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo han participado en alguna actividad retribuida o cursos impartidos por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef) ‒centro docente patrocinado por la banca‒, en los últimos años, según ha informado la agencia de noticias Colpisa. Esta sala fue la que convocó el Pleno del pasado día 5 de noviembre en el que se revisó la sentencia de las hipotecas, que en un primer momento condenaba a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) derivado de los préstamos hipotecarios y finalmente, tras el cambio súbito de doctrina, terminó cargando los gastos sobre los clientes de las entidades bancarias. Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, es uno de los magistrados que dieron clase en Cunef durante el curso 2016/2017. Sobre su espaldas ha recaído el aluvión de críticas de los medios de comunicación y la oleada de indignación ciudadana que se ha desatado en las calles tras la revisión de la jurisprudencia del Alto Tribunal. Picazo, al igual que sus otros tres compañeros, solicitó al Poder Judicial la compatibilidad para poder impartir docencia sobre Derecho Constitucional en Cunef, el colegio de la Asociación Española de Banca (AEB), de manera que su actividad es perfectamente legal. Sin embargo, esta práctica académica en una institución que depende directamente del sistema financiero español podría plantear “serios conflictos de intereses judiciales y éticos” a alguien que preside una Sala del Supremo, según expertos en Derecho consultados por Diario16.
Fernando Román es otro de los juristas que ha tomado parte en los cursos de Cunef, según Colpisa. Fue docente del centro universitario durante el curso 2017/2018, coincidiendo con su ascenso de la Audiencia Nacional a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en el mes de enero. Ha participado como ponente en decenas de cursos, congresos y seminarios jurídicos y es autor de numerosas publicaciones como Derecho Penal Administrativo, La Administración de Justicia y las personas con discapacidad y Temas de Derecho Constitucional. Tras una dilatada carrera judicial en los Tribunales Superiores de Castilla y León y Canarias y en la Audiencia Nacional, en el año 2004 pasó a ser jefe del Gabinete Técnico del CGPJ, cargo que desempeñó hasta 2011. En esa fecha fue nombrado secretario de Estado de Justicia, puesto en el que permaneció hasta el año 2014. Fue número dos de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia y se le considera un hombre de confianza de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
Los otros dos juristas que según Colpisa han participado como profesores de Derecho en los cursos de Cunef organizados por la banca son Rafael Fernández Valverde, vocal del CGPJ también a propuesta del PP, y José Antonio Montero, que en abril del 2016 fue autorizado a participar como ponente en unas jornadas sobre reformas tributarias. Valverde preside desde el año 2003 la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Por su parte, desde su ingreso en la Sala Tercera del Alto Tribunal, Montero ha estado destinado en la Sección Segunda, que se ocupa de los asuntos en materia de Derecho Tributario. Es abogado fiscal y secretario judicial en excedencia.
Tras la sentencia que condenó a los bancos a pagar el impuesto de AJD, los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo fueron convocados a un Pleno de las hipotecas con carácter de urgencia que terminó cargando los gastos sobre los clientes. Finalmente acudieron 28 de los que estaban citados. Rafael Fernández Valverde faltó tras alegar que estaba de viaje, según informó El País. Después de un acalorado debate entre los magistrados, que dividió en dos bloques a la Sala, el Pleno del Supremo convocado por Díez-Picazo decidió por 15 votos a 13 que sea el cliente quien pague el impuesto a partir de ahora. Se desconoce qué votó cada cual, ya que las deliberaciones y votaciones en el Tribunal Supremo son secretas.
